Otra vez policías indagados por la protesta
Tras la nulidad de los procesamientos dispuesta por la Cámara el juez penal, Favio Igoldi, comenzó a indagar nuevamente a los uniformados imputados.
Judiciales
En grupos de a cinco y por la tarde comenzaron las ingatorias a los 38 policías rionegrinos. Se iniciaron el lunes y finalizarán el 31 de este mes.
Se enmarcan en la protesta en reclamo de aumento salarial protagonizada por policías provinciales en diciembre del año pasado, oportunidad que utilizaron para manifestarse patrulleros, motos y autobomba, entre otros móviles policiales que están destinados a prestar el servicio de seguridad a la población.
En setiembre pasado la Cámara Penal hizo lugar a las apelaciones planteadas y anuló los procesamientos, ordenando al juez penal de Viedma, Favio Igoldi, a indagar y resolver nuevamente la situación procesal de los uniformados que fueron identificados por la investigación judicial en aquella marcha que -a diferencia de otras- hasta ingresó a la Casa de Gobierno.
Los camaristas que analizaron las apelaciones de los defensores advirtieron “una falla en la exposición de los hechos descriptos que podría llevar a una violación de la garantía del debido proceso y de defensa en juicio, que es necesario subsanar, en miras a aventar posibles nulidades para el caso de un hipotético avance de la causa”.
Agregaron que las normas vulneradas que se les adjudican a los imputados no han sido suficientemente individualizadas, enunciadas y/o ponderadas en el planteamiento de la hipótesis criminal que se les achacada a cada uno. Por ende “imputarles en una parte haber actuado
El juez Igoldi los había procesado por “peculado de bienes en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público” por haber participado el 8 de diciembre de 2013 frente a la Jefatura de la Policía de Río Negro y por distintas calles viedmense de una manifestación policial en reclamo de mejoras salariales y que para ello habrían utilizado vehículos y motos oficiales “cuyo uso y conservación les pesaba para el cumplimiento de su labor como fuerza de seguridad provincial, omitiendo ejecutar las normas reglamentarias y legales cuyo cumplimiento les incumbía dándoles a dichos bienes del Estado provincial una aplicación diferente de aquella a que estuvieran destinados, ocasionando con ello una afectación a la normal prestación del servicio de seguridad a la población en general y prevención del delito”.
DeViedma
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