Otro amparo busca frenar los desalojos a mapuches en Río Negro
La diputada nacional Silvia Horne presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia. La semana pasada el Parlamento Mapuche impulsó una medida similar en la Cámara de Apelaciones de Bariloche.
La juez Sergio Pichetto ordenó el desalojo de la comunidad Buenuleo de un lote en Bariloche. Archivo
Un nuevo recurso de amparo ingresó en la Justicia de Río Negro en busca de frenar los desalojos a comunidades mapuches.
La nueva acción judicial fue impulsada por la diputada nacional Silvia Horne que presentó el recurso en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y planteó los casos específicos de las comunidades Nuwen Kurruf, Buenuleo y Pino Quiñe.
La semana pasada el Parlamento Mapuche había promovido un amparo colectivo en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche, exponiendo también los casos de las mismas comunidades y poniendo el foco en el derecho indígena y la ley 26.160 que suspende los desalojos hasta que se realice el relevamiento territorial.
Horne indicó que el máximo tribunal provincial debería impulsar un protocolo de actuación y solicitó a través del amparo que se ordene a los tribunales de las distintas circunscripciones a que tengan en cuenta la ley nacional 26.160.
Según la diputada, la judicialización de causas vinculadas a la cuestión territorial de las comunidades mapuches se origina en una presunta orden del gobierno nacional desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri en diciembre de 2015.
Horne consideró que esa presunta orden tiene el objetivo de «llevar adelante un accionar ilegal contra las distintas comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal, con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios».
Para la diputada nacional, Río Negro no es ajena a este lineamiento y evidencia de ello es que en distintos tribunales están “procediendo a dictar resoluciones de desalojos (en procesos de desalojos civiles y penales), con un claro desconocimiento de la ley 26.160 y desconocimiento de los órganos de aplicación y sus actos”.
Respecto a las tres comunidades mapuche sobre las que pesan órdenes de desalojo actualmente en el Alto Valle y Bariloche, Horne indicó que en todos los casos “hay evidencia la real y efectiva posesión actual con el uso y ocupación del territorio».
Comentarios