Quedó firme la orden de desalojo contra mapuches y crece la incertidumbre

El policía se acercó a primera hora de esta mañana de sábado a paso firme hacia el sector en el que se encontraban los integrantes de la comunidad mapuche Buenuleo. Tras el saludo formal, les informó que la situación había cambiado en las horas últimas y que la orden de “desalojo forzoso”, que había dictado el juez de garantías Sergio Pichetto, había quedado firme.

Además, se les informó que hasta tanto se ejecute esa orden judicial, desde la fiscalía se había dispuesto que quedaba prohibido el ingreso de toda persona que no se encuentre en el predio. Tampoco se autorizaba el ingreso de personas a pernoctar, pasar el día o visitar a los ocupantes.

Pero lo que más preocupación causó entre los ocupantes era que se prohibía el ingreso de alimentos u otros efectos a los ocupantes. La comunicación lleva la firma del fiscal Inti Isla y del fiscal adjunto Gerardo Miranda.

“Río Negro” estuvo en el lugar, donde un grupo de integrantes de la comunidad Buenuleo mantienen la ocupación desde el 10 de septiembre pasado hasta la fecha.

En diálogo con este diario aseguraron que el aumento del número de policías en el lugar esta mañana de sábado causó preocupación. Pensaron que era inminente el desalojo. Pero eso no ocurrió. Aunque siguen en alerta.

“El fiscal (Isla) se toma atribuciones que no le corresponden. Nosotros estamos esperando la orden del Tribunal de Impugnación”, sostuvo Ramiro Buenuleo.

Dijo que cuando le informaron que no podían entrar más comida para los ocupantes, les replicó que esa misma orden debería ser para los policías que custodian el predio. Al final, permitieron el ingreso de alimentos para las personas que desde hace más de un mes viven en ese lote, en una improvisada estructura, de chapas y nailon.

Las mujeres que están en la ocupación expresaron su indignación con la orden de no dejar entrar comida. “Les dijimos que hay chicos acá”, sostuvieron.

Cuestionaron que el 7 de octubre pasado, el personal policial intentó impedir que hagan una ceremonia religiosa en el lote ocupado. Dijeron que la hicieron porque todos “lamien” (hermanos) estaban en el lugar. “El doctor (Martín) Lozada que tanto estudia no respeta los derechos indígenas”, cuestionó Ramiro.

Lozada es fiscal jefe y acompañó la formulación de cargos contra 8 mapuches (hombres y mujeres) la mayoría miembros de la comunidad Buenuleo por el delito de usurpación.

Lozada argumentó que los imputados despojaron la mañana del 10 de septiembre pasado a Emilio Friedrich y Víctor Sánchez del lote de 92 hectáreas que poseían. Sostuvo que los acusados irrumpieron por la fuerza y se instalaron en ese predio.

Los acusados explicaron que hicieron una recuperaron de lo que consideran parte de su territorio comunitario. Pero Lozada y los fiscales plantearon que existen los derechos constitucionales que reconocen la preexistencia ética y cultural del pueblo mapuche, pero afirmaron que en la sociedad, “los derechos no se toman por asalto”.

El fiscal dijo que no desconocen la ley 26160 de comunidades indígenas, en materia de posesión de la tierra, pero sostuvo que en este caso no es aplicable por las maniobras subrepticias y violentas que ejecutaron los acusados para tomar la tierra. Por eso, los fiscales solicitaron el desalojo.

Friedrich es querellante en la causa y lo representa la abogada Laura Zanoni, expresidenta del Instituto Municipal de la Vivienda, que adhirió al planteo y pedido de los fiscales.

Los fiscales aclararon que en esta causa penal no está en discusión quién es el dueño del lote, sino que se trata de restituir el lote a las personas que lo poseían hasta el 10 de septiembre. Explicaron que el debate de fondo por determinar quién es el propietario de las tierras se tiene que discutir en el fuero civil.

Ramiro recordó que Friedrich “no tiene título de propiedad”. Y cuestionó que la fiscalía no avanzó con la causa por las denuncias que ellos hicieron por las amenazas que recibieron por parte de Friedrich y sus acompañantes la mañana del 10 de septiembre.

“Esa causa no avanza y a toda costa nos quieren desalojar”, criticó Ramiro. “Acá hay guita aparentemente de un político o de alguien de más arriba”, conjeturó.

Aseguró que “el abuelo Antonio Buenuleo pasó por todos los juzgados tratando de que le tomen la denuncia y Pichetto lo atendió cuando era fiscal, pero no le tomó la denuncia porque no tenía título de propiedad”. “Y ahora Pichetto nos juzga a nosotros sin un título de propiedad”, sostuvo. Buenuleo murió en 2014.

Los fiscales informaron en las audiencias que Friedrich le había comprado el lote a Claudio Thieck en 2009. Y que el propio Buenuleo, lonko de la comunidad, certificó firma en 2009 ante escribano público.

La lonko de la comunidad Rosa Buenuleo dijo que la sensación es la misma que tienen Ramiro y los que están imputados “que es una tomada de pelo de esta justicia tan injusta”.

Afirmó que a su padre Antonio “le tomaron el pelo” cuando quiso denunciar que lo habían engañado. “Al doctor Lozada tendría muchas cosas para decirle cuando nos están pisoteando como pueblo originario que somos”, planteó la lonko.

Dijo que no reconocen a Friedrich como dueño del lote en litigio porque “fue una estafa hacia la persona de mi padre, lo engañaron totalmente”.

El nudo del conflicto

Pichetto dictó el 16 de septiembre pasado la orden de desalojo luego de que admitiera los cargos que la fiscalía formuló contra 8 mapuches -la mayoría miembros de la comunidad Buenuleo- por el delito de usurpación, quedó firme el viernes.

El juez Marcos Burgos revisó el fallo de Pichetto y los cuestionamientos de la defensora particular de los acusados y resolvió a principios de octubre confirmar la resolución.

Después, Burgos declaró formalmente inadmisible la impugnación que había formulado la defensora particular Natalia Araya contra el fallo que confirmaba el desalojo.

Por eso, desde el MPF explicaron este sábado que la orden de desalojo se ratificó en dos oportunidades (doble conforme) y que se cumplió el plazo de 72 horas hábiles y la resolución quedó firme. Aunque aclararon que la intención es analizar el momento y si es necesario ejecutarlo.

El conflicto es por un lote de 92 hectáreas, ubicado en el barrio Pilar II, en el faldeo del cerro Ventana, a unos 12 kilómetros del centro de Bariloche.