Para Sanz fue “insuficiente” el fallo

El dirigente radical dijo que la Cámara “no se animó” a mencionar la “asociación ilícita”. Ayer, la Sala II de la Cámara Federal porteña agravó los procesamientos de Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

TRAGEDIA DE ONCE

El senador radical Ernesto Sanz consideró hoy “insuficiente” el fallo de la Cámara Federal porteña en torno a la tragedia de Once, al cuestionar que a directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA) y de la empresa controlante se los haya beneficiado al quitarles el procesamiento por asociación ilícita.

“Mientras la Justicia no se anime a procesar por asociación ilícita, los fallos como el de los trenes serán insuficientes”, advirtió el legislador, desde su cuenta de la red social Twitter.

Ayer, la Sala II de la Cámara Federal porteña agravó los procesamientos de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, confirmó el de los empresarios Sergio y Mario Cirigliano, y revocó el sobreseimiento del maquinista Marcos Antonio Córdoba y del ex jefe de la CNRT Eduardo Sícaro, en la causa por la tragedia de Once.

El tribunal estableció que el episodio ocurrido el 22 de febrero del año pasado, que ocasionó 51 víctimas fatales se produjo por una “concatenación de eventos” en la que destacaron “una negligencia en la conducción y el estado del tren siniestrado”.

La Cámara confirmó el procesamiento de Jaime, Schiavi, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna y el ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa, por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta, que tienen una pena máxima de 11 años de prisión, e impuso un embargo de 600 millones de pesos.

Respecto de los ex directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA), que tenía la concesión de la línea Sarmiento, y de su empresa controlante, Cometrans, el tribunal confirmó los procesamientos de los Cirigliano y otros 17 empresarios por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta.

Pero los benefició al quitarles el procesamiento por asociación ilícita, porque ese delito les fue imputado por irregularidades en el manejo de los subsidios públicos que recibieron de parte del Estado, hecho que cambió de juez y ahora lo tramita el magistrado federal Sebastián Ramos.

DyN.-


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