Pobreza energética: piden que las facturas no superen el 10% de los ingresos
Los defensores del Pueblo de Neuquén, Zapala y San Martín se reunieron con autoridades del ministerio de Energía de Nación. La propuesta se combina con créditos subsidiados para el recambio de los aparatos domésticos.
La discusión por el peso de las tarifas de los servicios públicos en la economía familiar sumó un nuevo capítulo. Buscan ponerle un tope a las boletas en los sectores de menores recursos.
El proyecto propone que las boletas por el pago de energías (luz y gas) no pueda superar el 10% de los ingresos totales en las familias con salarios más bajos. Según se anticipó se trata de implementar el concepto de “pobreza energética” que se utiliza en países de Europa.
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Los defensores del Pueblo de Neuquén, Zapala y San Martín (Ricardo Riva, Belén Aragón y Fernando Bravo) se reunieron con el director nacional de Política Energética del ministerio de Energía, Gabriel Flores, y el responsable técnico y coordinador del área, Oscar Natale. Durante el encuentro avanzaron en líneas conjuntas de trabajo y definieron volver a reunirse dentro de 30 días.
Una definición del concepto “pobreza energética” -explicaron los defensores- puede extraerse del documento “Energy Poverty Handbook – 2016” (Unión Europea): “Un hogar sufre de Pobreza Energética si para mantener satisfactoriamente una temperatura adecuada (calefacción), requiere gastar más del 10% de sus ingresos totales en energía. Si requiere el 20%, entonces el hogar pasa a estar en situación de extrema pobreza. De acuerdo a estándares de la OMS, un régimen de calefacción satisfactorio para un hogar es de 23 grados centígrados en el living y 18 en otros ambientes”.
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Las defensorías de la Patagonia trabajaron este concepto en el Plenario de Defensorías del Pueblo de la Patagonia, que se celebró el pasado 28 de marzo en San Martín de los Andes. La propuesta patagónica apunta a generar una política ajena a los vaivenes coyunturales de la política y de la economía, que limite la afectación a un máximo del 10 por ciento de los ingresos familiares destinados al pago de servicios públicos para consumos de energía que puedan utilizarse para el calefaccionamiento del hogar.
Al mismo tiempo, la propuesta se combina con la promoción de créditos subsidiados destinados al recambio de los aparatos domésticos vinculados con los consumos de energía por otros más eficientes y debidamente certificado.
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