Estafas con escaneo de iris: le dieron domiciliaria a la exfuncionaria judicial acusada de usurpar identidades

El Juzgado de Garantías N°6 de La Plata dispuso otorgarle la prisión domiciliaria a Albertina Mangini, la exfuncionaria judicial que se encuentra detenida por integrar una presunta red dedicada a captar datos biométricos de personas vulnerables para mover fondos ilícitos.

Según informó Infobae, la medida dictada por el juez Catriel Taubenschlag contempla el uso de una tobillera electrónica con GPS y estrictos controles a cargo del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Además, se le impuso la prohibición absoluta de mantener contacto, ya sea de forma directa, telefónica, por redes sociales o mediante terceros, con la denunciante, los testigos y los demás imputados de la causa.

Pese al fallo favorable para la defensa, la salida de Mangini de la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato no será inmediata. El magistrado estableció que el beneficio recién se hará efectivo cuando la resolución quede firme y el sistema de monitoreo confirme que el departamento propuesto, ubicado en la ciudad de La Plata, cumple con las condiciones técnicas necesarias para la instalación de los dispositivos de rastreo.

En caso de incumplir las pautas impuestas, la exfuncionaria podría regresar a una modalidad de detención más estricta en un penal.

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El origen de la causa y un desvío multimillonario

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La causa comenzó a raíz de la denuncia de una empleada de limpieza que trabajaba en el propio Patronato de Liberados, un organismo público (generalmente de órbita provincial o judicial) encargado de supervisar, asistir y acompañar a las personas que se encuentran en conflicto con la ley penal

. La víctima relató a la Justicia que recibió 80 mil pesos a cambio de entregar su DNI y permitir la toma de imágenes de su rostro, bajo la promesa de un escaneo de iris. Tiempo después, al intentar iniciar los trámites para una moratoria previsional, descubrió que su identidad figuraba vinculada a enormes movimientos de dinero que ella jamás había realizado.

La presunta red delictiva, de la que también forman parte el financista Ignacio Leonel Marchioni y el empresario Mauro Perrotta (ambos detenidos), utilizaba las identidades obtenidas de personas en situación de vulnerabilidad económica para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales. Según la acusación, estas cuentas servían para canalizar fondos ilícitos vinculados al juego clandestino y a otras actividades bajo investigación judicial.

Una pericia realizada sobre las operaciones atribuidas a Marchioni, a quien se ubica en la pata financiera de la estructura, detectó movimientos por al menos $27 mil millones de pesos, lo que equivale a casi 18 millones de dólares al tipo de cambio actual. Mangini cumple prisión preventiva desde el 16 de septiembre, imputada por asociación ilícita y defraudación mediante el uso indebido de datos, aunque en esta última resolución el juez aclaró que no halló elementos suficientes para imputarle maniobras autónomas de lavado de activos.

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El cuadro de salud de la imputada y el rechazo fiscal

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La resolución responde a un pedido de morigeración de la prisión preventiva presentado por los abogados defensores Alfredo J.M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo Gascón, quienes solicitaron el beneficio argumentando un grave deterioro físico y psíquico de la acusada.

Los informes médicos y psicológicos elaborados durante su encierro advirtieron una significativa pérdida de peso, una disminución de la masa muscular, un índice de masa corporal de 16,6 y restricciones alimentarias. La evaluación oficial concluyó que Mangini presenta un cuadro depresivo y ansioso sobre una personalidad frágil, sumado a antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria e ideación suicida.

La fiscal de la causa, Betina Lacki, se había opuesto rotundamente a la excarcelación. Argumentó que persistían los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, dado que aún resta analizar evidencia digital y existen posibles partícipes de la estafa que todavía no fueron identificados. Además, Lacki remarcó que la detenida ya recibía asistencia médica, psiquiátrica, farmacológica y nutricional dentro de la alcaidía.

Sin embargo, el juez Taubenschlag desestimó los riesgos procesales al considerar que Mangini no posee antecedentes penales, tiene arraigo comprobado en La Plata y cuenta con contención familiar. Un factor determinante para la justicia fue que la mujer ya fue desafectada de sus funciones en el Patronato de Liberados, por lo que perdió los accesos institucionales que poseía antes de ser arrestada. Hasta que se concrete el traslado a su domicilio, el magistrado ordenó a las autoridades penitenciarias garantizar su evaluación psiquiátrica y la provisión de medicamentos.

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El riesgo de vender los datos biométricos mediante escaneo de iris

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En Argentina los datos personales están regulados y protegidos por la Ley 25.326, los cuales están definidos como cualquier tipo de información que sea propia de una persona humana o jurídica como datos «sensibles».

En 2025, cuando florecían las empresas que ofrecían dinero a cambio de datos biométricos en Neuquén y Río Negro, el director provincial de Tecnologías aplicadas a la Ciberseguridad, Daniel Domene, explicó en RN Radio sobre los riesgos que implica brindar cualquier tipo de característica física única que se pueda utilizar para identificar a una persona tales como el rostro, huella dactilar, palmar o los datos de iris.

Según había detallado, la ley establece que estos datos solo pueden ser recolectados y tratados cuando haya interés general y esté autorizado, de lo contrario está prohibida la formación de base de datos que contengan datos biométricos de personas.

Domene explicó que la empresa puede ser sancionada, pero que el accionar no se toma como un delito penal, ya que «no está tipificado como un delito».

Aún así, resaltó que quienes ofrezcan sus dato a futuro pueden ser víctima de otros delitos como la suplantación de identidad, estafas, hackeos y/o robos de distinta magnitud. A su vez, lamentó que comprar estos datos no sea un tipo de delito.