Policías sancionados podrán apelar casi seis años después
Es por una pena resuelta por un Tribunal de Disciplina que otorgó 15 días de suspensión sin goce de haberes para 20 policías. La sanción fue por un reclamo por salarios y mejores condiciones de trabajo del que participaron 600 efectivos en 2013.
Familiares de los efectivos policiales que reclamaban por sus salarios se sumaron al pedido y marcharon por calles de la capital rionegrina en diciembre de 2016.
Una veintena de efectivos que participaron de la enardecida protesta por salarios en 2013 están en condiciones de apelar la suspensión de 15 días sin goce de haberes dispuesta por un tribunal de disciplina casi seis años después.
Cuando las sanciones tomaron consideración pública, la Jefatura de Policía informó que en fecha 7 y 8 de Diciembre de ese año, empleados policiales efectuaron reclamos en la capital rionegrina. De éstos, 20 resultaron con causa administrativa en razón de las conductas desplegadas que se apartaban de las reglamentaciones vigentes, y paralelamente la justicia provincial también investigó posible comisión de delito aunque en 2017 los sobreseyó.
La sanción administrativa estuvo a cargo de un Tribunal de Disciplina que es un organismo originado en la reforma de la Ley Orgánica (2016) de la repartición, que se encuentra constituido por asesores letrados y se encarga de juzgar las conductas desplegadas por los empleados tipificadas como gravísimas en la reglamentación.
Dato
- 20
- efectivos fueron alcanzados por la medida del Tribunal de Disciplina por los hechos ocurridos en 2013.
En este tribunal, el personal involucrado en la causa administrativa se presentó con un patrocinante legal (abogado), quien ejerce la defensa de los mismos. La Jefatura aclaró que este tribunal fue el que requirió como medida disciplinaria la suspensión de empleo de 15 días de los empleados.
En este caso en particular no intervino la Jefatura de Policía, y salvo que los empleados presenten los recursos correspondientes, recién tomara intervención la Jefatura.
Las manifestaciones policiales, que incluyeron la quema de cubiertas frente al edificio central de la Policía y el corte de la calle Roca al 200 en esta capital, se extendieron por varios días en diciembre de ese año. Incluso un grupo de jubilados y familiares de activos hicieron un intento de tomar la Casa de Gobierno desde el patio de la Jefatura, una actitud que fue frenada por el entonces secretario general de la Gobernación, Matías Rulli.
En esos días, se vio a efectivos utilizar elementos propios de patrimonio público como el uso de patrulleros, autobombas y motos. Luego de una serie de negociaciones encabezadas por el entonces jefe Fabián Gatti, y el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, acordaron aumentar a 10.000 pesos el sueldo básico y una cifra no remunerativa de 600.
La protesta había sido encarada por unos 600 efectivos exigiendo en ese momento un salario mínimo de 12.000 pesos, elevar las horas extras y adicionales a 70 pesos para la categoría mínima y discriminar el adicional de fines de semana y feriado, además de mejoras en las condiciones laborales y edilicias.
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