En Río Negro, el Gobierno avanza en los datos iniciales para su plan de recategorización de los estatales
En la reunión de la Función Pública del jueves 9 se analizará un diseño de regularización de los ascensos automáticos.
El gobierno provincial inició la evaluación del esquema para la regularización y la cancelación de sumas adeudadas por las promociones automáticas, puntualmente en las áreas gubernamentales.
El primer paso consiste en el número de estatales con recategorización pendiente y las obligaciones salariales adeudadas.
Esta situación se vincula con el Estatuto del Empleado Público de Río Negro (ley N° 4541), que establece que el “ascenso” de los estatales provinciales se “producirá de manera automática”, en períodos de dos a cuatro años, considerando la categoría y la agrupación.
El escalafón se conforma por categorías y suma 25, y además se divide en cinco agrupamientos por «la naturaleza de sus funciones». Los mismos son “administrativo”, “profesional”, “técnico”, “auxiliar asistencial” y “servicio de apoyo”.
Estas promociones determinan montos salariales diferentes, a pesar de que la brecha es bien reducida.
Algunos organismos cumplen con esa recategorización, pero otros no lo hacen. El cúmulo central de expedientes y de sus pagos figura en Salud.
El último proceso de regularización se remonta al 2022, con unos 4.500 estatales que fueron promovidos. Esos retroactivos por los ascensos se abonaron en dos y en tres meses.
Estatales hoy cobran salarios de marzo. Sin mejoras en el Poder Ejecutivo (salvo docentes que percibirán el 5,29% pendiente). Los judiciales tendrán un 3,22% más y será del 4,5% en los legislativos
No hay aún datos finales del mecanismo en preparación, pero algunas fuentes estimaron que la cantidad se aproximaría a la del 2022 porque esa recategorización llegó con cuatro años de promociones atrasadas y, en esta ocasión, el lapso es similar.
La mayoría de las carteras -salvo atrasos ocasionales- efectúan los ascensos, mientras que Salud sumaría entre 2.500 y 3.000 estatales con ascensos postergados.
En principio, la deuda salarial proyectada por la cartera sanitaria estaría en los 1.500 millones, lo cual, permitiría estimar que cada agente de Salud incluido tendría para cobrar entre los 500 mil y 600 mil pesos.
La propuesta de cancelación será analizada en la paritaria del 9 de abril, según lo acordado entre el gobernador Alberto Weretilneck y el titular de ATE Nación, Rodolfo Aguiar, cuando se juntaron la semana pasada en Buenos Aires.
En declaraciones posteriores, el dirigente sindical se mostró expectante de que esos pagos se puedan cumplir con los haberes de mayo pero, también, postergó las definiciones a la propuesta gubernamental y la negociación del 9.
Por su parte, con la información conocida, UPCN se concentró en cuestionar que el “gobernador solo se dignó” a recibir a ese gremio una vez y que “sigue arreglando con un gremio minoritario, ignorando la voz y los derechos de la mayoría de los trabajadores”. Y calificó que, tras “relegar las recategorizaciones”, ahora se “las presenta como una prioridad impostergable” y la encuadra en el calendario electoral. El comunicado recuerda que esa medida formó parte de sus pedidos y que, “finalmente», esa petición fue «atendida”.
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