El DNU de la SIDE sigue en pie: la oposición no logra consenso para rechazar el decreto

A pesar del enérgico repudio inicial, la oposición aún no logra articular un rechazo al polémico Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Javier Milei el 1ro de enero para ampliar las facultades de los servicios de Inteligencia. Aunque hay algunas sigilosas conversaciones para intentar voltear el DNU en la Cámara de Diputados, las voluntades no aparecen y se complica romper el cerco oficialista.

El Gobierno aprovechó que el Congreso estaba en receso para decretar una profunda reforma en la SIDE que reestructuró todo el organigrama, habilitó la detención de personas ante hechos de flagrancia y estableció que todas las actividades de Inteligencia pasan a ser consideradas “encubiertas”, entre los puntos más cuestionados.

DNU de la SIDE en el Congreso

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El DNU ingresó al Congreso el 15 de enero con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Defensa, Carlos Presti. En ese momento comenzaron a correr los 10 días reglamentarios para dictaminar en la Bicameral de Trámite Legislativo, que analiza la validez legal de los decretos. Pero el oficialismo bloqueó hasta hoy la conformación de esa estratégica comisión de control.

Lo cierto es que los plazos para dictaminar vencieron hace tiempo y el decreto está en condiciones de ser tratado de oficio en cualquiera de las dos Cámaras, pero la oposición hoy carece de número para pedir una sesión con ese tema y también para incorporarlo a alguna otra sesión convocada por el oficialismo. Por eso, algunos diputados del ala dura empezaron a conversar alternativas mientras ponen el ojo en los aliados.

El decreto recibió fuertes críticas de Unión por la Patria, el interbloque Unidos, el Frente de Izquierda y otros diputados como la cordobesa Natalia De la Sota. Juntos, quedaban cerca de las 129 voluntades para llamar a una sesión y voltear la medida: el éxito estaba en manos del PRO y la UCR, bloques que desde el primer momento se mostraron esquivos con el tema.

En el Senado la misión es mucho más complicada, con un peronismo en retroceso que tiene enfrente al “grupo de los 47” de La Libertad Avanza, el radicalismo, el macrismo y bloques provinciales. En otras palabras, Patricia Bullrich tiene el recinto blindado de cualquier ofensiva opositora, que requiere 37 votos.

En este escenario, la oposición no logra concretar una gesta como la de 2024, cuando las distintas bancadas (e, incluso, un sector del PRO) se unieron para voltear el DNU que incrementó en $100.000 millones el presupuesto reservado de la SIDE. Fue el primer decreto anulado por el Congreso en la historia.

El que se firmó en enero no solo sigue firme, sino que además carece de control parlamentario porque todavía no se conformó la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que debe controlar, entre otras cosas, que no se produzcan excesos. De fondo hay una puja entre la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.

La presidencia de la comisión le corresponde este año a un diputado y en los últimos días trascendió que Karina quiere colocar a alguien de su riñón político, el bonaerense Sebastián Pareja, en lugar de cedérselo a Cristian Ritondo. El jefe del bloque PRO tenía el aval de Caputo, quien todavía conserva poder sobre la SIDE pese a la avanzada karinista.

En cuanto a la otra bicameral, la de Trámite Legislativo, le corresponde en este turno a un senador, ya que hasta diciembre la dirigió el aliado oficialista Oscar Zago. Hasta el momento no están los nombres de quienes la integrarán y falta acordar los lugares que le tocará a cada fuerza política.

Días atrás, los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto al radical Pablo Juliano, de Provincias Unidas, exigieron por nota constituir con urgencia ambas bicamerales. Ya lo habían hecho el 2 de enero, inmediatamente después de la publicación del DNU de Inteligencia, pero el pedido fue ignorado.

“La demora en la integración y puesta en funcionamiento de estas comisiones no constituye una mera cuestión administrativa o reglamentaria, sino que afecta de manera directa el adecuado funcionamiento del Congreso de la Nación, al impedir el ejercicio pleno de competencias de control, seguimiento institucional y tratamiento legislativo que resultan esenciales para el sistema republicano”, sostuvieron los legisladores.

Mientras tanto, sigue sin ingresar el proyecto de ley paralelo que, según trascendió, iba a remitir el Poder Ejecutivo al Congreso a partir de marzo para reforzar por ley el DNU. Se pensaba incluir partes del decreto y sumar otras, siempre bajo el espíritu de empoderar a los organismos de Inteligencia.

Corresponsalía Buenos Aires