El Poder Judicial de Río Negro frente al robo de 120 armas secuestradas que «resguardaba»

Un armamento faltante de la “oficina de secuestros” de los tribunales de Roca finalmente derivó en la constatación de 120 armas sustraídas, en tres sectores judiciales distintos, exponiendo una grave irregularidad en el resguardo del Poder Judicial rionegrino.

Las unidades robadas correspondían a secuestros policiales y estaban en “custodia” de la llamada Oficina Judicial.

La mayor parte estaba en un depósito en el subsuelo de los tribunales roquenses.

El escándalo emergió cuando en marzo se advirtió que un arma confiscada y enviada al peritaje ya tenía ingreso y debía estar en guarda judicial.

El 26 de marzo, el Poder Judicial informó de su denuncia impulsada al “detectar” que esa unidad “secuestrada y bajo custodia judicial apareció en un procedimiento policial realizado en la ciudad de Roca”.

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El escándalo emergió cuando en marzo se advirtió que un arma confiscada y enviada al peritaje ya tenía ingreso y debía estar en guarda judicial.

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Admitió la “inconsistencia en el resguardo”, informó de la denuncia en la Fiscalía penal y de la apertura de una “investigación interna” por parte de la Auditoría. Esa gacetilla ya anticipaba otras sustracciones, pero que el “número total aún” no se encontraba “determinado”. Después, se supo extraoficialmente que la cantidad robada sería de 106 armas.

Ya existía, según lo que ahora se conoce, un hurto previo, descubierto en diciembre del 2025, de ocho armas en las dependencias judiciales de Villa Regina.

En su comunicación, las autoridades judiciales fundamentaron que las actuaciones penales pasaban a la fiscalía (la investigación recayó en Teresa Giuffrida) y, en lo administrativo, se ocuparía la Auditoría. Después, esta oficina remitió un informe preliminar al STJ, que determinó sumarios a tres personas —un empleado y dos funcionarios— de la Oficina Judicial.

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La situación roquense alertó al STJ entonces se cumplieron arqueos de las restantes “en Viedma, Bariloche y Cipolletti. Los resultados confirmaron la permanencia de la totalidad de las unidades registradas.

Otra grave irregularidad se incorporó al avance de las pesquisas, pues se detectó la desaparición de otras cinco armas en un armario de la Fiscalía roquense.

El Ministerio Público centró esa situación en una “irregularidad”, resaltando la existencia de formales directivas del fiscal General, Fabricio Brogna que prohíben que elementos secuestrados permanezcan en las fiscalías.

Al margen de la responsabilidad funcional, esas sustracciones profundizan el impacto institucional de lo ocurrido en el Poder Judicial, ampliando a 120 armas hurtadas, con retiros realizados en tres sectores diferentes, considerando el hecho reginense.

Según trascendió, el Procurador Jorge Crespo convocaría a un fiscal de Cipolletti para que asuma la investigación en la segunda Circunscripción (Roca) y se trataría de Santiago Márquez Gauna.

En principio, dos serían los iniciales imputados, a partir de la posesión de las llaves para acceder al depósito de “secuestros”, ubicado en un sector del subsuelo. Sin precisiones oficiales, el arsenal contendría medio millar de armamento acopiado, de los cuales, faltaron 106.

Al tercer sumariado -según trascendió- se le habría asignado responsabilidad por una cuestión jerárquica.