Privados financiarán la construcción de cárceles

VIEDMA (AV).- Un grupo de empresas rionegrinas financiará la construcción de las cárceles de Sierra Grande y esta capital, que tendrán un costo cercano a los 10 millones de pesos y albergarán entre ambas a 550 condenados.

El gobierno provincial pretende que el mes próximo se firmen los contratos. El ministro de Gobierno, Esteban Rodrigo, reconoció a “Río Negro” que el plazo de ejecución será de un año y la obra será financiada por constructoras de Río Negro.

Equivalente al actual Plan 2000 Viviendas lanzado por el IPPV, este esquema canaliza ofrecimientos de construcción de privados, con capacidad de financiamiento. La provincia pagará en cuatro o cinco años con recursos que reciba del Fonavi.

El lunes pasado Rodrigo aseguró, en el Superior Tribunal de Justicia, que en febrero se rubricaría el contrato por las dos cárceles. En su primera fase, la unidad de Sierra Grande contemplará dos módulos para 440 internos y la obra de Viedma consistirá en un pabellón para 110 condenados.

– ¿Cuál será el mecanismo de financiamiento?

– La idea del gobernador Verani es conformar una UTE (Unión Transitoria de Empresas) para su financiamiento.

– ¿No existe demasiado optimismo en los plazos si recién hay una idea del esquema de financiación?

– Verani ya está trabajando en el mecanismo y hay interés de las constructoras de Roque Mocciola y Oriente (N/R: Rodrigo mencionó al ingeniero Castelli que es uno de los dueños de esa firma).

– ¿Cuál será el instrumento de financiamiento?

– Se creará un fondo fiduciario y la provincia destinará dos millones anuales para cancelar los compromisos con los privados. Ese monto saldrá de parte de los fondos del Fonavi.

– ¿Cuál es el monto de la obra?

– Aún se está definiendo, pero la obra civil rondará los seis a siete millones. En Sierra Grande, el costo es inferior al de Viedma y se estimó en 700 pesos por metro cuadrado, sin evaluar edificios (talleres o espacios de recreación) o equipamientos adicionales (seguridad). Los costos finales se están evaluando en la Subsecretaría de Obras Públicas.

– ¿Los lugares están definidos?

– En Sierra Grande, la cárcel se construirá a tres kilómetros de la ciudad, en un predio cercano a la ruta nacional 3, que garantiza fácil acceso a todos los servicios. En Viedma se levantará al lado de la actual alcaidía.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Horacio Puch Morales, afirmó que la “máxima aspiración” gubernamental está centrada en la firma de los contratos para febrero y estimó un costo total de 10 millones, pero reconoció dificultades en evaluar las obras adicionales, desde las redes de servicios a los mecanismos de seguridad.

Si bien reconoció el mecanismo de financiamiento privado, Puch Morales afirmó que desconocía si ya existían contactos con las constructoras. En cambio, fuentes privadas advirtieron que aún no está definido el esquema porque no existe seguridad jurídica si las transferencias del Fonavi pueden derivarse a esas obras.

Río Negro registra actualmente unos 230 condenados en sus alcaidías.

Su traspaso a las cárceles federales depende de la negociación con el Servicio Penitenciario Federal, que el año pasado sólo recibió 11 internos de los 50 condenados comprometidos ante el gobierno provincial.

Insisten en el traslado a las prisiones federales

Integrantes del Superior Tribunal de Justicia y autoridades del Ministerio de Gobierno se reunieron para analizar el sistema carcelario provincial.

El centro del debate fue la superpoblación en las alcaidías que funcionan en la provincia. También quedó de manifiesto la preocupación por el no traslado de unos 50 internos de las cárceles de Encauzados de Roca y Bariloche a establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.

El encuentro contó con la participación del titular del STJ, Luis Lutz; el ministro de Gobierno, Esteban Rodrigo; los subsecretarios de Gobierno y de Justicia y Seguridad, Fabio Rey y Rolando Martín, además de integrantes de la plana mayor de la Policía.

Una de las conclusiones fue una acción más firme ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para que el SPF admita a aquellos condenados por los tribunales provinciales a reclusión o prisión por más de cinco años.

Según un comunicado del Poder Judicial, el organismo nacional sólo otorgó 6 plazas de las 50 que fueron comprometidas y serán 10 más a partir de los hechos desencadenados en la alcaidía de General Roca.

El ministro Rodrigo dijo que fueron 11 los traslados realizados a las cárceles federales en el último año, al tiempo que confirmó que serán otros 10 en los próximos días.

Asimismo la nota de Justicia sostiene que Rodrigo comprometió una gestión oficial del gobernador Pablo Verani ante el Ministerio de Justicia de la Nación.

De acuerdo con cifras oficiales, en la provincia hay 230 condenados y el 50 por ciento tendría penas a más de cinco años de prisión o reclusión.

El dato no es menor, ya que como marca el artículo 18 del Código Penal, estarían en condiciones de pasar a las unidades carcelarias nacionales porque “las provincias podrán mandarlos siempre que no tuvieren establecimientos adecuados”. (AV)