Productores tienen su propio proyecto de contrato

ALLEN (AA).- Los productores frutícolas de cuatro cámaras de la región presentaron un pedido ante la Legislatura provincial con el fin de incluir diversas modificaciones al proyecto de ley de Contractualización Frutícola, aprobada re- cientemente en primera vuelta.

Los chacareros argumentaron que los cambios obedecen a un intento de lograr una mejor distribución de los ingresos en cada uno de los eslabones de la cadena frutícola.

Las cámaras de Cervantes, Allen, Fernández Oro y Campo Grande, que integran la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, elevaron un proyecto donde hicieron conocer a los legisladores sus sugerencias. «Es nuestro objetivo y finalidad introducir modificaciones a efectos de lograr una mayor transparencia y equidad en la negociación entre las partes involucradas en el negocio frutícola», sostuvieron.

Uno de los cambios solicitados hace referencia a las finalidades que tendrá la futura mesa de contractualización. Los integrantes de las cámaras pidieron que se contemple que «introducir o tener en cuenta el calibre como aspecto para fijar el precio o costo del kilogramo fruta no es equitativo para el productor eliminando de plano el concepto 'calibre' del proyecto-ley», destacaron.

En este sentido, indicaron, la mesa deberá tener por fin «definir actualmente los costos y precios, en este caso, conforme a variedad y calidad, por kilogramo de fruta de pepita, que regirán para su producción, conservación, acondicionamiento e industrialización, así como las condiciones de pago y las cláusulas de ajuste de los valores de acuerdo al marco establecido en las leyes 3.460 y 3.611».

Otra de las modificaciones puestas para el debate contempla la creación de un nuevo artículo donde se especifique que «la mesa deberá fijar anualmente un precio mínimo garantido por fruta salida de chacra que contemple costo de producción más un beneficio habitual par una actividad productora primaria no inferior a un 15%».

El requerimiento de este punto radica en la necesida de realizar una concertación con las demás provincias productoras de fruta de pepita -argumentaron los interesados- como base de una política activa del Estado Provincial para unificar un precio base por bulto de fruta embalada de acuerdo a la variedad y grado comercial.

Los cambios propuestos también se relacionan a cuestiones de calidad: «el porcentaje de descarte deberá ser fijado en base a la calidad observada in situ por personal idóneo de la empresa compradora y por acuerdo de partes, lo cual quedará determinado en forma expresa en el contrato a suscribir», propusieron, entre otros puntos. «Esto es porque en la actualidad generalmente se realiza una tarea de pre-clasificación de la fruta que se recolecta en el monte, antes de ser remitida al empaque».

Por otra parte, los integrantes de las cuatro cámaras también elevaron ante la Legislatura, un proyecto de modificación de la ley 3.799 que rige diversas disposiciones relacionadas a los procesos de clasificación y descarte de fruta.

Al respecto se requirió la modificación del artículo 2 de dicha ley, que dispone la derogación de los artículos 8 y 9 de la ley de transparencia 3.611. «Considerando la importancia que tiene para el productor la transparencia del negocio tal como lo expresan los artículos 8 y 9, es fundamental su reincorporación para evitar los abusos de los empaques como se manifiesta en la presente temporada», concluyeron.