Promueven investigación y producción pública de medicamentos

Intenciones de que se conviertan en “bienes sociales, accesibles y de alta calidad”

Miguel Ángel Fuks

miguelangelfuks@yahoo.com.ar

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la ley de producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos” (PPM) el 29 de junio pasado, que antes, el 16 de marzo de este año, había sido votada favorablemente por la Cámara de Diputados. Los legisladores tuvieron en cuenta la unificación de dos proyectos pertenecientes a los integrantes de la cámara baja, Eduardo Macaluse (SI), Mario Martiarena (Peronismo Jujeño) y otros, que unificaron el presentado en el 2009. Éste fue promovido, también, por los responsables de los laboratorios de PPM de todo el país, facultades de universidades nacionales, organismos e institutos de ciencia y tecnología (CyT) y organizaciones sociales y no gubernamentales, gremiales, académicas, estudiantiles e investigadores.

La medida impulsa la articulación de los laboratorios de PPM con las universidades y organismos de CyT y “preferencias” en las compras de los gobiernos nacional, provinciales y de la ciudad autónoma.

La Red de laboratorios públicos de medicamentos para producción, investigación, desarrollo y servicios (Relap) se conformó en Buenos Aires el 13 de septiembre de 2007, integrada en ese momento por 25 de los 38 existentes –ahora suman 39–, entre ellos el Prozome (ver aparte). Buscó “unir voluntades para llevar a cabo articulaciones entre los convocantes a los fines de estimular la producción de acuerdo a las mejores pautas de calidad e implementando buenas prácticas de fabricación, así como propender a la investigación y el desarrollo de nuevos productos, formulaciones, aplicaciones, métodos y todo aquello relacionado al campo de los medicamentos y su implicancia con la mejora de la salud de la población, con la correspondiente relevancia y pertinencia social para el país”.

En la Relap consideraron “un hecho histórico” lo ocurrido en el Parlamento y esperan que tras la promulgación del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) –la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) manifestó que “esa iniciativa es una política de Estado”– sea rápidamente reglamentada por el Ministerio de Salud. Las expectativas son de que:

• El “Plan Remediar” –proveedor de medicamentos esenciales a todos los centros de atención primaria del país– se reformule para basarse en productos de laboratorios públicos. Demanda unos 200 millones de dólares al año y como casi siempre se financió con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las adquisiciones deben hacerse por licitaciones públicas internacionales.

No obstante, se aguarda que el gobierno nacional compre directamente a los laboratorios públicos para abastecer a hospitales oficiales, como viene ocurriendo en Santa Fe. Allí, como política de Estado aceptada por gobiernos de distintas extracciones políticas, sus establecimientos proveen la mayor parte de los medicamentos de los planes de salud provinciales.

• Se genere investigación, mediante la articulación con las universidades públicas, aun para las drogas más novedosas y costosas.

La ley estableció como referencia “la propuesta de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud” (OMS), definió “prioridades” en función de los perfiles epidemiológicos de las distintas regiones y promovió “la provisión de medicamentos, vacunas y productos médicos que demande el primer nivel de atención” a través de “valores ajustados a estructuras de costos, asignando al Estado la responsabilidad de regular y orientar políticas”. También impulsa “la investigación y desarrollo de “medicamentos huérfanos” (o sea aquellos que las compañías farmacéuticas no elaboran por ser poco rentables) y la citada articulación, incluso con instituciones académicas y científicas y organizaciones de trabajadores y usuarios.

Tanto la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) como la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) opinaron, el mismo día en que el proyecto fue aprobado en Diputados, que “en cuestiones de política sanitaria e industrial el Estado debe asumir un rol orientador y en tal caso el sector privado aspira a ser protagonista activo de una articulación pública y privada, teniendo como eje el fomento a la investigación y desarrollo de aquellos medicamentos relacionados con las enfermedades olvidadas, huérfanas, vacunas y para patologías regionales”. Asimismo, señalaron “con preocupación el avance de esta iniciativa orientada a utilizar recursos presupuestarios para favorecer la producción estatal de medicamentos, sin estar justificada y sustentada por un plan de salud que hubiese establecido las priori- dades”.

Martín Isturiz, coordinador del Grupo de Gestión de Políticas en Ciencia y Tecnología, recordó que el Programa nacional para la producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos fue creado por Graciela Ocaña, ministra de Salud, por la resolución 286/2008, con el aval de CFK, el 14 de mayo de 2008. El objetivo era “resolver un problema estructural y aprovechar la capacidad de los laboratorios estatales para elaborar fármacos, sueros, vacunas y derivados de la sangre”. Todos los involucrados contaban con aprobaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), según estándares internacionales de calidad.

En las postrimerías de julio de aquel año, Ocaña decidió destinar 37 millones de pesos para comprarles fármacos para el programa Remediar, cuyo director ejecutivo, Jorge Zarzur, dijo que se cubrirían progresivamente las necesidades. Hasta se calculó que en la etapa inicial se ahorraría en promedio el 48%. En aquel julio los laboratorios públicos de Santa Fe (LIF), Formosa (Laformed), Rosario (LEM) y San Luis (Laboratorios Puntanos) empezaron a proveer analgésicos, antibióticos e hipoglucemiantes orales al Ministerio de Salud de la Nación, sin dejar de cubrir las necesidades de sus ámbitos de influencia.

La iniciativa fue acompañada por Nida Garré, en ese momento ministra de Defensa. Estuvo interesada en que la cartera a su cargo y la de Salud crearan un PPM sobre la base del Laboratorio de Sanidad Conjunta (LSC) de Defensa para elaborar tanto para la Sanidad Militar como para los programas de Salud. Por resolución 138/2008 Garré aceptó que el LSC se integrara a la Relap.

No obstante lo expuesto, Juan Manzur, el actual ministro, “desactivó lo que se hizo”, observó Isturiz, quien afirmó que “aunque tenemos grupos de excelencia en investigación, sólo 2 ó 3 laboratorios privados investigan en la Argentina, sobre un total de 200: no podemos plantear una estrategia de desarrollo sobre la base de los privados”. Isturiz mencionó el liderazgo de Brasil, que ya “en el 2006 impuso condiciones a un laboratorio privado, que pretendía triplicar el precio de un medicamento contra el sida, gracias a su posibilidad de producirlo en un laboratorio estatal”. Farmanguinhos abastece el 10% de los remedios consumidos en el vecino país y avanza para producir alguna droga base.

Francisco Leone, quien fue director del Plan Remediar con Ocaña, puntualizó que entre el 2008 y el 2009 el financiamiento del mismo “no fue por crédito externo sino por presupuesto nacional, y procuramos sostenerlo mediante las estructuras de producción pública”.

Ahora, casi adelantándose a la aprobación de la nueva ley, el Ministerio de Salud realizó el 29 y 30 de junio en la ciudad de Santa Fe el publicitado primer curso de “Actualización en medicamentos: desde la investigación clínica hasta la regulación, producción y gestión en el ámbito público”. Lo destinó al personal de los laboratorios de producción pública y a los funcionarios del centro del país. En el resto del año se replicará en las demás zonas.

Jorge Rachid, ex director de Laboratorios Puntanos y uno de los fundadores de la Relap, evocó a Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación (1946-1954) en los dos primeros mandatos de Juan Domingo Perón. Sus principios fueron incorporados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando declaró la salud como “un derecho inalienable de los pueblos” que “obliga al Estado a garantizarlo en forma indelegable”.

Entre tantos emprendimientos impulsados por Carrillo figuró Emesta, la primera productora estatal de medicamentos, en 1950, y que habría sido uno de los motivos para su desplazamiento en el 54. Años más tarde, Arturo Oñativia era el titular de la misma cartera en la presidencia de Arturo Illia, que “intentó enfrentarse con las empresas de medicamentos” y fue una de las causas por las que cayó el gobierno, en 1966.