¿Qué controla el municipio de Bariloche a los egresados?

TRAS POLÉMICA DENUNCIA DE UN JUEZ

Los desmanes de los grupos de egresados eran moneda corriente en la región. Por caso, San Martín de los Andes prohibió los viajes de egresados a su ciudad, mientras que Bariloche decidió imponer reglas claras y estrictos controles para anular episodios de violencia, exceso de consumo de alcohol y otros inconvenientes ocasionados por los adolescentes.

Así surgió la ordenanza 1051 del año 2000 que reglamenta el alojamiento para grupos de turismo estudiantil porque en los ´90 habían “aparecido problemas y se deteriora la imagen de Bariloche”, según indican los fundamentos de la norma que apela a la “vigilancia debida, la coordinación acorde y el no expendio y consumo de bebidas alcohólicas”.

La secretaría de Turismo es el órgano de control y fiscalización, según la ordenanza.

El anexo 1 inciso 5 de la ordenanza se establece que “en ningún caso podrá expenderse o servirse en el establecimiento ningún tipo de bebida alcohólica”. Y agrega que “siempre y en todos los casos, el establecimiento deberá contar con una persona responsable o asignada por la firma propietaria para atender a los funcionarios actuantes (inspectores)”.

Los egresados tienen dos controles por tenencia de alcohol. Uno al ingresar a la ciudad cuando inspectores municipales ascienden al colectivo en el que se transportan -en el acceso por la ruta 40 Norte- y revisan en busca de alcohol y pirotecnia.

Luego los inspectores de Turismo acuden sorpresivamente a los hoteles donde se alojan e ingresan a las habitaciones de los contingentes también para detectar bebidas y pirotecnia.

También la ordenanza 2065 del 2007 reglamenta la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, limita el consumo en espacios públicos y sanciona a los padres de menores de 18 años que sean encontrados en estado de ebriedad.

El secretario de Turismo Fabián Szewczuk dijo a “DeBariloche” que la normativa de control del turismo estudiantil permitió “ordenar y evitar los desmanes en la ciudad” y remarcó que desde entonces “no se registraron más casos de coma alcohólico”.

El funcionario precisó que se realizan entre 2000 y 2200 actas de infracción por año y que “jamás hubo un inconveniente ni mucho menos una causa judicial, solo podía haber enojos inmediatos de los padres que luego entraban en razón que era por el bien de los chicos este control”.

El primer caso judicializado sería la denuncia del juez de Casación Penal Víctor Violini por el presunto “allanamiento ilegal” ante el decomiso de 98 botellas de alcohol al contingente de egresados de su hijo.

Respecto a este caso, la intendenta María Eugenia Martini dijo: “no deja de sorprenderme que alguien que conoce las leyes y la justicia y debe resguardar y velar por la seguridad de otros haga semejante papelón”. Insistió ante la consulta de radio Seis que “esto termina siendo un papelón y poniendo en peligro a los chicos”.

rionegro.com.ar con información de DeBariloche