Quedó frenada la investigación de “fraude” con tierras

JUSTICIA

Tras cuarto años de investigación, el grueso expediente abonado como pocos con pericias y testimonios no logró comprobar el fraude ni la comisión de otros ilícitos por parte de los empleados municipales y particulares sospechados de fraguar información y documentación para favorecer la venta de lotes abandonados o con abultadas deudas tributarias.

La causa “Cardoso Carlos Abel s/delito contra la fe pública” parece encaminarse hacia el archivo. El juez Martín Lozada señaló a “DeBariloche” que “se realizó una multiplicidad de medidas y se auditaron una cantidad importante de expedientes en los que se repiten nombres y transacciones sospechosos pero no se pudo comprobar ningún ilícito”.

La denuncia planteada contra el diputado Hugo Castañón y su entorno directo por la ex defensora del Pueblo Ana Piccinini fue la investigación de fraude con tierras que alcanzó mayor difusión mediática y una inusual promoción de medidas y pericias.

Lozada confió que “verificamos que había particulares que se repetían en tramitaciones y por supuesto que hubo una organización pero nunca se pudo confirmar ninguna tesis incriminatoria contra ninguna persona”.

El magistrado consideró que los magros logros alcanzados obedecen a que la justicia “no está preparada para investigar delitos complejos”. Desde otros sectores del mismo poder judicial sostuvieron que eso ocurre porque al poder no le interesa que lo investiguen.

La investigación comenzó en marzo de 2008, a partir de una denuncia anónima que recibió Piccinini, que realizó la presentación judicial en Viedma, ante ante la Procuradora General de Justicia, Liliana Piccinini. La funcionaria canalizó la denuncia a través del entonces fiscal Marcos Burgos que le imprimió un ritmo significativo a la instrucción.

En los cuatro cuerpos sustanciados hasta el momento no se pudo probar la presunta “cadena de actos dirigidos a ingresar al mercado inmobiliario, de modo fraudulento, lotes de alguna persona o empresa, que en todos los casos tenían abultadas deudas fiscales”.

Mucho menos la participación de Castañón en esos negocios ni en la apropiación indebida de inmuebles, señalada en el anónimo. El acusado desacredito la denuncia y la atribuyó al embate de Ana Piccinini contra su candidatura a diputado.

Al margen de la interna de la Concertación, la instrucción avanzó sobre los presuntos gestores señalados dentro y fuera del municipio. En setiembre de 2008 la justicia allanó a las oficinas de Fiscalización y Catastro del municipio, donde se secuestró documentación y se hicieron copias de varios archivos electrónicos existentes.

Se buscaba desmostrar que los sospechosos habrían aprovechado el acceso a la base de datos del municipio para detectar los terrenos que estaban en condiciones de ser apropiados por terceros que los adquirieron “de mala fe”.

La pericia realizadas sobre esa documentación comprobó la reiteración de nombres e irregularidades en muchas tramitaciones municipales, consistentes en cambio de nombre de los apoderados y pagadores de impuestos presumiblemente para favorecer una futura usucapión. Pero no pudo demostrar la existencia de una asociación ilícita ni del tráfico de influencias.

Burgos promovió acción penal contra dos de los investigados -Adrian Marcelo Gau y su socio Alejandro Fernando Díaz-, acusación que fue desestimada por Lozada.

DeBariloche