Quieren conocer el destino de fondos para becas

La diputada aliancista Rita Santarelli, presidenta de la comisión legislativa de Desarrollo Humano y Social, denunció que el secretario de Educación, Mario Pilatti, omitió responder un pedido de informes sobre el destino de más de 700.000 pesos correspondientes al período 2002 del programa de becas que financia la petrolera Repsol YPF. La legisladora sostuvo que el criterio para seleccionar a los beneficiarios "refuerza la exclusión social".

NEUQUEN (AN).- La diputada de la Alianza Rita Santarelli denunció que el Poder Ejecutivo se niega a informar sobre el destino de 770.000 pesos correspondientes al fondo para becas del período 2002 que anualmente financia la empresa Repsol YPF.

La legisladora sostuvo además que el criterio utilizado por el gobierno de Jorge Sobisch para otorgar las becas «refuerza la exclusión social».

Santarelli, quien preside la comisión de Desarrollo Social e integra la de Educación, reveló que hizo varios pedidos de informes al secretario de Educación, Mario Pilatti, para obtener datos precisos sobre el destino de esos fondos públicos sin obtener una respuesta definitiva.

En marzo de 2002, Santarelli se dirigió a Pilatti solicitándole un informe detallado de la nómina de beneficiarios de las becas y el destino integral de los fondos aportados por la petrolera.

Transcurridos un par de meses sin obtener respuesta, Santarelli acudió a la Justicia. Pero el 5 de julio Pilatti finalmente contestó, dando cuenta de que la empresa había aportado 2.680.000 pesos y brindando un detalle de los beneficiarios.

Un estudio posterior realizado por Santarelli, permitió precisar que se otorgaron 4.012 becas primarias por un total de 802.400 pesos; 744 de nivel medio, por 223.200 pesos; 528 terciarias, por 184.800 pesos; 959 universitarias, por 479.500 pesos y 20 de postgrado, por 217 mil pesos. En total, el gobierno invirtió en ese concepto 1.906.900 pesos

Las cifras demostraron, empero, que quedó un remanente 773.100 pesos sobre el total aportado por Repsol, sobre cuyo destino el gobierno omitió informar.

Frente a dos nuevos pedidos de informes dirigidos a Pilatti, Santarelli sólo obtuvo por respuesta el silencio.

Cansada de lo que consideró una «desconsideración» hacia su investidura, la diputada acudió a la prensa para denunciar la negativa oficial a informar sobre los fondos y advirtió que la actitud del Ejecutivo es demostrativa de la forma «discrecional» con que maneja las becas.

Santarelli denunció que, «tal y como está concebido, el criterio de selección para las becas refuerza la exclusión social en vez de contribuir a paliarla».

La diputada rechazó el criterio del rendimiento académico que aplica el gobierno. Según indicó, en el contexto de crisis social y económica que vive el país deberían primar «criterios que permitieran tender un puente para revertir la exclusión social».

Explicó que el año pasado se presentaron 16 mil aspirantes y que este año la cifra supera los 25.0000. «El sólo número -indicó- es indicativo de que se trata de un fenómeno de tipo socioeconómico»

Denunció que en los casos de las becas primarias y secundarias se selecciona familias con un techo de ingresos de 400 pesos, pero que «inexplicablemente para las terciarias y universitarias no hay tope de ingresos», de manera que se está financiando a familias que podrían pagar esos estudios.

La legisladora también criticó la anulación de dos contratos para operadores de la radio Vida, la FM que sirve de apoyo terapéutico para el tratamiento de enfermos del servicio de Salud Mental del Hospital Castro Rendón.

Denunció que «mientras se elimina dos contratos necesarios de 500 pesos, se contrata con fines poco claros, mediante el decreto 238, a 13 jóvenes que percibirán retribuciones de entre 1.000 y 1.800 pesos por prestar servicios para el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep)».


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