Rechazo al «salvataje» de Aerolíneas

BUENOS AIRES (DyN).- Miles de trabajadores aeronáuticos afiliados a los seis gremios del sector protestaron ayer en contra del denominado «Plan director de salvataje», motorizado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral.

La protesta generó a su paso toda clase de inconvenientes en el tránsito vehicular y peatonal en el centro porteño.

En el documento -que presentaron a las autoridades de la empresa- manifestaron su rechazo a la iniciativa de la empresa por considerarla «inviable, inaceptable tanto en su faz comercial como en lo referente a la política laboral» que permita la continuidad de las empresas» mencionadas.

El texto, elaborado por el abogado laboralista Héctor Recalde, denuncia además que la propuesta «parte de un análisis equívoco del pasado, porque realiza un diagnóstico de la situación comercial operativa y financiera de Aerolíneas y Austral como si las mismas constituyeran un emprendimiento reciente de la sociedad española».

Desde las 16, con bombos, banderas y pancartas, los trabajadores aeronáuticos se manifestaron frente a la sede del directorio de Aerolíneas-Austral, en la esquina porteña de Bouchard y Lavalle, donde mantuvieron una reunión con los representes de las mencionadas empresas.

Al término de la misma, la diputada aliancista y titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Alicia Castro, declaró que «los directores recibieron nuestro rechazo al plan, a la reducción del personal y a la rebaja de salarios y les dijimos que esa iniciativa, no tiene ninguna consistencia».

Castro dijo también que «ellos se comprometieron a estudiar la viabilidad de nuestros reclamos», aunque posteriormente expresó «pocas esperanzas» sobre una respuesta favorable al reclamo de los trabajadores.

Los aeronáuticos consideran que el plan de «salvataje» de Aerolíneas y Austral, prevé «una reducción de 1500 puestos de empleos», entre otros puntos. En ese sentido, el titular de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), Ariel Basteiro, adelantó además que el próximo 24 de julio, cuando se reúna la asamblea de accionistas, «haremos una toma pacífica de nuestros lugares de trabajo».

El sindicalista agregó que hasta hora «el gobierno tiene una postura ambigua en el tema», porque según aseguró solo le interesa que no haya despidos traumáticos» del personal.

Aeropuertos 2000 planea nuevas inversiones por 1.200 millones

El presidente de Aeropuertos Argentinos 2000, Eduardo Eurnekian, y el presidente de SEA, de Italia, Giogio Fossa, ratificaron su compromiso con el proceso de transformación del sistema nacional de aeropuertos y confirmaron que analizan inversiones adicionales por 1.200 millones de dólares en los próximos 30 años.

Eurnekian y Fossa se reunieron ayer en Buenos Aires y juntos visitaron al presidente de la Nación, Fernando De la Rúa y los ministros de Economía, José Luis Machinea, y de Infraestructura, Nicolás Gallo, a quienes reiteraron la posibilidad de aumentar las inversiones de AA2000 en todo el país de 2.200 millones a 3.400 millones de dólares a lo largo de todo el plazo de la concesión.

La llegada de Fossa a Buenos Aires coincide con la finalización e las obras de construcción de la nueva terminal A de Ezeiza, luego de dieciocho meses de trabajos y una inversión del orden de los 140 millones de dólares.

SEA es una de las empresas accionistas de AA2000, con una participación del 28%. El resto del paquete está integrado por la Corporación América Sudamericana (35 por ciento), Ogden Corporation 828 por ciento), Simest (8 por ciento) y Riva Construcciones (1%).

«Miramos el futuro con mucho optimismo. Atrás quedaron las diferencias y hoy estamos planificando nuevas inversiones en el país», dijeron Eurnekian y Fossa.

La semana última, Aeropuertos Argentina 2000 pagó 42.780.250 dólares como anticipo del canon correspondiente al primer semestre del año actual.

Hasta la fecha, AA2000 pagó 300,18 millones de dólares en concepto de canon, IVA, impuesto de sellos y otros gravámenes, al tiempo que mantiene un reclamo por compensación económica contra el Estado por unos 198 millones de dólares. (DyN y Télam)