Sobresueldos: comienza hoy el juicio a doce ex funcionarios radicales

Una docena de funcionarios del ex gobernador Miguel Saiz -incluyendo al gabinete- serán desde hoy juzgado por la llamada causa “sobresueldos”, originada en el pago de adicionales salariales sin control y asignados sin ningun criterio.

Tras siete años de investigación, el debate público se pondrá en marcha a las 12,30 y el tribunal estará presidido por Gustavo Guerra Lavayen, e integrado por Marcelo Valverde e Ignacio Gandolfi. Los dos primeros son camaristas laborales y, por eso, se prevé un calendario espaciado, con tres a cuatro meses de audiencias. También, el número inicial de testigos superará el medio centenar, a pesar que el Tribunal dispuso una fuerte reducción al requerimiento de las defensas, que incluía a más de 300 de convocados.

La causa se originó en notas del diario Río Negro, publicadas en el 2011, referidas a la utilización de fondos públicos para abonar adicionales salariales, sin ningún control formal, ni criterio en la asignación. Estos pagos se cumplieron durante seis años, entre el 2004 y 2010.

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Los ex funcionarios están acusados de peculado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las principales imputaciones recaen en César Barbeito y Juan González, pues ambos ocupaban la cartera -ministerio de Coordinación o Secretaría General- que asignaban los fondos. Además, los otro acusados son los ex ministros Diego Larreguy, Juan Accatino, Cistina Uría, Omar Contreras y Alfredo Pega; el ex Tesorero General, José Ongaro; los ex- secretarios Sergio Pendas y Anibal Hernández y los ex contadores Daniel Bossero y Gustavo Picchi.

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La imputación también llegaba al ex Fiscal de Estado, Alberto Carosio aunque éste aceptó un juicio abreviado a fines del 2016, reconociendo su responsabilidad en el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se le impuso una multa de 12.500 pesos y la inhabilitación de un mes.

Inicialmente, en el 2012, el juez Carlos Reussi dispuso los procesamientos, que luego ratificó la Cámara, integrada por Pablo Estrabou, Jorge Bustamante y Francisco Cerdera.

Ese cuerpo cuestionó la única norma existente en el mecanismo de asignación de los fondos públicos. “La resolución 61/04 -firmada por Barbeito- puso un tinte de legitimidad al otorgar la bonificación, esa legitimidad hizo agua a la hora de ser implementada, puesto que no permitió el debido control con lo cual, en un sistema de hecho, quien resolvía el pago del adicional podía disponer a su libre arbitrio de una importante suma de dinero que todos los meses recibía personalmente”, entendió aquel tribunal.

Resaltó que el funcionario a cargo de cada cartera tenía “absoluta libertad y con prescindencia de toda forma o motivo, pudiéndose beneficiarse a si mismo en más o en menos, a los demás funcionarios o incluso empleados, sin sujeción a ningún parámetro reglamentario”.