La posible sanción a River podría afectar los partidos de local de la Selección
El club Millonario tiene 48 horas para entregar la información sobre el aforo. Además, se arriesga a una posible sanción que podría impactar en los próximos partidos de la Selección Argentina por Eliminatorias.
En la fiscalía se estima que hubo un exceso del 15 por ciento por encima del permitido.
River tendrá que presentar en las próximas 48 horas la documentación solicitada por la fiscal Celsa Ramírez tras el supuesto exceso en el 50 por ciento de aforo durante el Superclásico del domingo y además evalúan una posible clausura del estadio Monumental que podría afectar a la Selección, dijeron desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
«Se está analizando», respondieron desde la fiscalía sobre una potencial clausura del estadio, que afectaría, en el caso de darse en los próximos días, al seleccionado argentino, que será local el domingo 10 contra Uruguay y el jueves 14 frente a Perú.
«River tendrá 48 horas para dar la información que no se pudo juntar en el allanamiento del lunes. Si no lo hace, se evaluarán los pasos a seguir», agregaron desde el ámbito judicial.
En la fiscalía se estima que hubo un exceso del 15 por ciento por encima de los 36 mil espectadores habilitados y por eso se retiraron algunos documentos y datos de los molinetes durante el allanamiento en el estadio y la sede de River.
Sin embargo, faltaron las imágenes de las cámaras de seguridad y la justicia solicitará la palabra de la empresa encargada del software en el sistema de ingreso para saber si se liberaron molinetes o si hubo una organización para que los empleados apoyen sus carnets para que ingresaran los hinchas.
El operativo de seguridad dispuso 1.200 policías, lo que elevó el número a 1.500 efectivos considerando los 300 de seguridad privada.
La acusación a River, que generó la imputación de oficio de Rodolfo D’Onofrio -presidente del club- y su comisión directiva, tiene que ver con la violación del artículo 205 del Código Penal, que indica que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
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