Señales de alerta

Aún no se organizó un sistema nacional que sea lo bastante eficiente como para impedir que la crisis provoque estragos irreparables en la gente.

Luego de un par de meses relativamente tranquilos, se han reanudado tanto en Neuquén como en el conurbano bonaerense los saqueos de comercios, aunque, a diferencia de lo que sucedió en vísperas de la caída del presidente Fernando de la Rúa y de su sucesor Adolfo Rodríguez Saá, en esta ocasión la policía no ha vacilado en reprimir a los revoltosos. Si bien los incidentes más recientes han sido atribuidos a agitadores de la ultraizquierda o de distintas facciones peronistas, además de bandas de delincuentes, a tales cabecillas no les habrá resultado difícil en absoluto reclutar a pobres auténticos. Los precios de los bienes de la canasta familiar básica están subiendo con rapidez a pesar de las órdenes emitidas por el presidente Eduardo Duhalde, la tasa de desempleo está en aumento constante, creando una multitud de nuevos pobres desconcertados que no saben qué hacer en una situación que nunca habían previsto, y las redes clientelares confeccionadas por los movimientos populistas que, sus muchos defectos no obstante, por lo menos suministraban un colchón rudimentario, están desarticulándose por falta de dinero. Así, pues, lo sorprendente no es que se hayan producido algunos saqueos, es que hasta ahora no hayan sido mucho más frecuentes.

A algunos les interesa tratar este fenómeno como si fuera producto del conflicto a su entender lógico entre supermercadistas «ricos» y ciudadanos víctimas del «modelo» capitalista, dando a entender que éstos últimos merecen la simpatía de todos y los primeros deberían hacer un aporte a la justicia social permitiéndoles robar los alimentos que a menudo necesitan para sobrevivir, pero la verdad es que lo único que revelan los saqueos es el fracaso abyecto del sistema político existente. Por cierto, no existe motivo alguno para suponer que los vinculados con la comercialización de alimentos deberían encargarse de la ayuda social, ahorrando así al resto de la comunidad la responsabilidad de hacerlo. Lo mismo que todos los demás, tienen derecho a la plena protección de su propiedad, de suerte que criticarlos o insinuar que la policía no debería frenar a los saqueadores en potencia es absurdo.

En última instancia, el responsable de los saqueos protagonizados por quienes realmente no tienen nada es el Estado, que por omisión ha creado una situación propicia para los resueltos a encontrar pretextos para violar la ley. Aunque las diversas autoridades nacionales, provinciales y municipales han tenido años para prepararse para hacer frente a la emergencia que ya se ha declarado, muy pocas se han preocupado por tomar las medidas necesarias para atenuar las consecuencias inevitables para los más vulnerables de una crisis económica previsiblemente devastadora. A pesar de tantas advertencias de que el colapso ocasionado por el «default» seguido por una devaluación mal manejada no tardaría en privar a muchísimas personas de lo mínimo que necesitan para subsistir, aún no se ha organizado ningún sistema nacional que sea lo bastante eficiente como para impedir que la crisis así supuesta provoque estragos irreparables entre la población. Claro, ni la capacidad para organizar ni la eficiencia han figurado entre las prioridades de los movimientos gobernantes, razón por la cual en Europa están celebrando colectas en favor de los hambrientos del ex «granero del mundo».

Puesto que el inenarrablemente corrupto y denigrante sistema clientelar ya no puede atenuar las secuelas iniciales -pero con toda seguridad no las últimas- de una crisis que tiene sus raíces en la desidia institucionalizada, es urgente que el país construya vallas de contención más adecuadas. No es tanto una cuestión de dinero -si lo fuera, el Banco Mundial estaría con toda seguridad dispuesto a ayudar- cuanto de la falta de instituciones públicas que estén en condiciones de emprender tareas que son absolutamente fundamentales en todos los países relativamente avanzados. Por eso, es sumamente desalentador que el gobierno nacional aún no haya reaccionado tomando iniciativas de emergencia que, es innecesario decirlo, serían suspendidas no bien se restaurara «la normalidad», pero a menos que lo haga, otros, sean organizaciones no gubernamentales, congregaciones religiosas, grupos empresarios o incluso asambleas barriales, tendrán que llenar el vacío.


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