Separan al jefe del Penal 3 acusado de torturas
El director de la Unidad, Manuel Poblete, fue procesado el 5 de julio pasado junto a dos agentes penitenciarios acusados de castigos a reclusos.
DERECHOS HUMANOS
La Dirección del Penal 3 quedó en manos de la oficial Marisol García, quien reemplazará al comisario Manuel Poblete en el cargo, mientras el juez Martin Lozada investiga la denuncia sobre las torturas infringidas a cuatro internos el pasado 14 de mayo.
Tras el procesamiento Poblete pidió que lo relevaran de sus obligaciones para someterse a la instrucción judicial y sin comprometer a la institución carcelaria, pero el apartamiento de sus funciones se resolvió recién en las últimas horas.
La información fue confirmada por el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, quien explicó a “DeBariloche” que se trata de un procedimiento de rigor mientras se sustancia la causa penal.
Poblete llegó al Penal 3 como interventor en enero pasado, con la misión de poner orden a sucesivos disturbios que había convertido la unidad carcelaria en un polvorín, y luego fue nombrado director.
El pasado 5 de julio, Lozada procesó al comisario y dos agentes penitenciarios por el delito de torturas tras dar por acreditada la denuncia presentada por la abogada del Observatorio de Derechos Humanos, Natalia Araya.
La letrada constató personalmente las “múltiples lesiones” sufridas por los reclusos que permanecieron esposados por la espalda y desnudos en celdas de castigo entre la noche del lunes 13 y la tarde del martes 14.
Las heridas fueron certificadas luego por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, en el marco de la causa abierta por Lozada. Cuatro días después la Subsecretaría de Seguridad y Justicia ordenó que se separe momentáneamente de sus tareas al suboficial inspector Ricardo Fuentes, al sargento Javier Reyes y al agente Jorge Franco, considerados partícipes de los hechos denunciados. Pero solo dos fueron procesados junto a Poblete.
En el auto de procesamiento el juez sostuvo que “nos encontramos frente a tres imputados responsables de las comisión de una serie de actos que entiendo constitutivos del delito de torturas”.
En su resolución detalló que los cuatro internos damnificados fueron “obligados a permanecer desnudos y con las manos esposadas por detrás de su espalda en el interior de dos celdas de muy reducidas dimensiones, ubicadas en la cárcel local” y que el hecho “sucedió entre las 22.45 horas del día 13 de mayo hasta las 17 horas del día 14 de mayo”.
Lozada consideró que los maltratos fueron impartidos a los reclusos “a modo de represalia” en razón de que “habían protagonizado una serie de disturbios en el interior del pabellón número 2 de la unidad”.
El magistrado concluyó que los actos cometidos contra los internos tuvieron “un inequívoco carácter intencional” y que “por su naturaleza, ensañamiento y duración trajeron aparejados la producción de las heridas ya constatadas, así como la producción de un sufrimiento gravísimo para sus destinatarios”.
DeBariloche
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