Sin solución para obras clandestinas en Bariloche

La moratoria para que se registren construcciones no tuvo éxito. Sólo 57 de los 310 que se acogieron al plan comenzaron a pagar. El 30 por ciento de las viviendas no están habilitadas.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La cantidad de obras particulares clandestinas es muy alta en esta ciudad y los funcionarios responsables reconocen que con los recursos disponibles será muy difícil lograr un registro catastral actualizado.

La última moratoria para declarar obras no aprobadas arrojó magros resultados, a pesar de que establecía un 50 por ciento de descuento en el gravamen a pagar. Fueron 310 los propietarios que presentaron su expediente, de los cuáles sólo 57 abonaron lo convenido.

La abundancia de nuevos edificios y ampliaciones, cuyos planos jamás pasaron por el registro municipal no sólo le resta ingresos a las cuentas públicas sino que impide obtener datos indispensables para planificar estrategias de crecimiento urbano.

El secretario de Obras Públicas, Juan Carlos Alvarez, reconoció que la ciudad cuenta con un catastro «muy rudimentario» y que es «alarmante» el número de obras no declaradas. Dijo que «en las zonas bajo control de cualquier ciudad» el número de construcciones irregulares es como máximo del 10 por ciento, pero en Bariloche ese valor está ampliamente superado porque «no bajan del 30 por ciento».

El concejal radical Ricardo Spoturno observó que será imposible reducir ese índice «si la moratoria no está acompañada de una fuerte fiscalización» para sancionar a quienes no se inscriban en el blanqueo. También propuso establecer multas más duras a los profesionales que realicen obras fuera de código.

En realidad este último es todo un tema en sí mismo. Alvarez explicó que de la convocatoria a declarar nuevas edificaciones surgió que muchas no respetan los retiros, alturas y áreas de implantación establecidas por el código.

En esos casos el expediente queda sujeto a revisión y de no haber una nueva ordenanza que reconozca la excepción la obra debe ser demolida.

Tal vez sea ese otro de los motivos del escaso éxito de las moratorias. La última (que cerró en marzo pasado) sólo registró la presentación de 310 propietarios, 11 menos que los que habían respondido a la de 1995/96.

Regularizar una obra de 100 metros cuadrados puede tener un costo cercano a los 3.000 pesos, sobre los que se aplicaba en el último blanqueo una quita del 50 por ciento. Alvarez indicó que la única forma de lograr una actualización metódica del catastro es a través de un relevamiento manzana por manzana.

El primer instrumento podría ser un registro fotográfico desde el aire, que es muy costoso y en esta ciudad presenta varios obstáculos, como el abundante follaje.

Según el funcionario, esos datos deberían ser complementados luego con una inspección terrestre.

«Pero esa tarea hoy es imposible de realizar porque tenemos sólo cuatro inspectores y un serio déficit de movilidad -explicó-, porque los empleados tienen que moverse en sus propios vehículos y es algo que no corresponde, por imagen y por respeto al contribuyente».

No parece haber una solución al alcance de la mano y para el municipio no modificaría la recaudación de tasas, ya que el cálculo se realiza por parcelas y no por valor fiscal.


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