Faltan medidores de gas y obras para acceder al servicio en Río Negro
Desde la Asociación de Distribuidores apuntaron a las restricciones en las importaciones. Además, en Bariloche no se pueden hacer nuevas conexiones porque resta instalar dos plantas compresoras.
Estiman que hay 15.000 usuarios en toda la Patagonia a la espera de conexiones de gas. Foto: Archivo
Eugenia lleva más de tres meses esperando el alta del servicio de gas. Ella tenía previsto poder tener su hogar calefaccionado este invierno pero a raíz de que no llega el medidor todavía no puede finalizar los trámites previos. La situación de esta vecina de Roca se repite en otros puntos del país donde por la falta de medidores muchos usuarios tienen demoras para conectarse a la red.
Horacio Jorge Montero, presidente de la Asociación de Instaladores de Gas, Agua y Sanitarios de Río Negro señaló que la única fábrica que producía medidores cerró sus puertas y los elementos provienen del exterior pero las distribuidores no reciben estos insumos por las restricciones a las importaciones.
En la región además hay otro problema. Desde hace un año no se pueden hacer nuevas conexiones en el corredor que va desde San Martín de los Andes a Esquel ya que no se pusieron en funcionamiento las dos plantas compresoras del gasoducto Cordillerano Patagónico que el gobierno nacional había prometido que iban a estar operativas para el invierno venidero. Las alternativas para la gente son calefaccionarse y cocinar con gas envasado, leña o electricidad, a un costo mucho mayor. (Ver aparte)
Faltan medidores de gas y obras : Los afectados
Desde la Asociación de Instaladores de Gas, Agua y Sanitarios de Río Negro cuestionaron una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que dilata los tiempos ante la falta de medidores.
“La distribuidora Camuzzi lo que ha hecho con la anuencia de Energas, es alargar los tiempos. Nosotros estamos apurando proyectos, trámites y nos tiran a esa resolución en días hábiles. Por ejemplo, una factibilidad nos tarda 45 días hábiles para que nos conteste la distribuidora. Otro tanto con las inspecciones y con los finales. Entonces son 60 días para darle gas a un cliente, en este momento no se entiende por qué hace frío”, reclamó.
Montero indicó que antes el proceso tardaba menos de 45 días, sin embargo esto cambió desde el 14 de julio con la nueva resolución.
El titular de la Asociación de Instaladores de Río Negro señaló que tienen clientes en Villa Regina que vienen esperando desde febrero poder conectarse a la red.
Remarcó que esta situación le provoca problemas al usuario. “Los clientes van a la puerta de Camuzzi y no los atienden. Todo es online, por correo, la gente no tiene respuesta, ningún tipo de información”, criticó.
Montero indicó que los usuarios se desesperan con el matriculado.
“No es culpa del matriculado, porque nosotros cobramos por cuenta propia un adelanto y después otro tanto. Pasan dos o tres meses y la plata que pasaste por ese presupuesto ya no vale, la inflación se come todo”, explicó.
Importaciones
Desde la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas) que nuclea a las distribuidoras explicaron que el plazo de 180 días fijado por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) para poder acceder a los materiales importados desencadenó un quiebre en el stock de medidores domiciliarios de gas. Desde la entidad advirtieron a mediados de este mes sobre la problemática al Enargas y pidieron soluciones.
Este diario intentó comunicarse con la distribuidora de gas Camuzzi pero no hubo respuesta. Sin embargo hace unos días Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de la empresa detalló a Radio Nacional Ushuaia, la imposibilidad de realizar conexiones domiciliarias a la red de gas, por falta de stock de medidores.
El directivo indicó que esta situación es una consecuencia de “la restricción a las importaciones que ha afectado el ingreso al país de algunos componentes necesarios para la fabricación de estos medidores domiciliarios, que por supuesto son ajenos a Camuzzi”.
Indicó que desde la Cámara que nuclea a las empresas distribuidoras de gas, Adigas, “se han mantenido reuniones y enviado notas formales a las distintas autoridades competentes en la materia, como la Secretaría de Energía, de Comercio y el Ente Nacional Regulador del Gas, que ha aprobado las medidas conducentes necesarias para flexibilizar las medidas restrictivas y permitir el ingreso rápido de estos componentes”.
“Hasta que no haya flexibilizaciones o producción nacional de medidores, no se podrán conectar a los usuarios a la red de gas natural justamente por esta situación estrictamente coyuntural””, reiteró.
En Bariloche 5.000 usuarios esperan conectarse al gas
La suspensión de nuevas conexiones a la red de gas natural que dispuso la empresa Camuzzi en julio de 2022 afecta ya a unas 5.000 obras, tanto privadas como públicas, donde las únicas opciones son el uso de gas envasado, leña o electricidad, a un costo mucho mayor.
La obra pendiente que podría destrabar la veda cuesta menos de un millón de dólares. En su momento estuvo incluida en el paquete de la última ampliación del gasoducto Cordillerano/Patagónico pero esa licitación específica quedó trunca y, a pesar de los reclamos, el Estado nacional no da señales de reactivar ese expediente.
En diciembre pasado la ong Codec (Centro de Defensa, Orientación y Educación del Consumidor) presentó un amparo colectivo en la Justicia Federal contra Camuzzi con la expectativa de poner sobre la mesa la situación crítica que viven miles de frentistas en esta ciudad y reclamar la ejecución de la obra faltante.
Pero en mayo pasado la empresa presentó un descargo en severos términos en la que desligó responsabilidades en el Estado Nacional. El juez Gustavo Villanueva todavía no resolvió.
El intendente Gustavo Gennuso reconoció que el trámite para lograr la concreción de la obra está demorada y “avanza muy lentamente”. Las plantas compresoras, que deberán instalarse al sur de Chubut, ya están hechas (dijo Gennuso) y falta trasladarlas al lugar.
“Siempre me dicen que están por hacerlo, que es simple lo que resta, pero no es fácil obtener la información”, afirmó el mandatario. Señaló que garantizar el gas a quienes están en espera no sería tan complejo porque “el conducto está, y las plantas también están, se compraron a una empresa de Santa Fe”, de modo que solo faltaría la obra civil para la instalación y la cobertura posterior con un tinglado.
Gennuso reconoció que a pesar de los reclamos el conflicto está desde hace tiempo “en el mismo lugar”. Sostuvo que tiene todo el interés en destrabarlo y que lo viene siguiendo “con otros intendentes”.
La presidente de la Asociación de Gasistas de Bariloche, Patricia Carriqueo, también confesó su desconcierto ante la inacción del gobierno nacional, que impide resolver la demanda. Recordó que la decisión de interrumpir las nuevas conexiones fue tomada el 14 de julio de 2022 y que para entonces ya había 2.000 trámites en curso, que tienen todo listo y quedaron en espera, a los que se sumaron desde entonces otros 3.000, porque Camuzzi nunca dejó de abrir nuevos expedientes, si bien no otorga “factibilidad”.
En consecuencia, son alrededor de 5.000 los solicitantes que no pueden acceder al servicio de gas en Bariloche y día a día se acumulan nuevos. Según Carriqueo la mayoría son viviendas unifamiliares, pero también hay dependencias públicas, por ejemplo una obra de Parques Nacionales.
Subrayó que la misma limitación rige para todas las localidades ubicadas entre San Martín de los Andes y Esquel, incluidas alguna de la Línea Sur rionegrina.
“Como profesionales seguimos trabajando y presentando trámites, pero llegamos hasta la inspección de las cañerías, ahí se frena -afirmó la gasista matriculada-. Es un tema para llamar la atención de los políticos. Le llevamos la inquietud a los candidatos a intendente, esperamos que pase algo”.
En la misma sintonía, el candidato a intendente por Sumamos por Bariloche e impulsor del amparo, Pablo Chamatrópulos, dijo haber mantenido reuniones con funcionarios de la Justicia Federal y existiría el compromiso de convocar a una audiencia conciliatoria, en la que aspiran a sentar a la empresa Camuzzi, al Enargas y a los usuarios directamente damnificados.
Chamatrópulos reconoció que todo se dilató mucho y el amparo ya debería estar resuelto. Señaló que no hay suficiente revuelo con un tema que para él debería generar un mayor grado de movilización colectiva de los damnificados, porque será difícil resolverlo de otro modo.
“El Estado lamentablemente reacciona bajo presión”, afirmó. Dijo que la obra pendiente tenía un costo aproximado de 200 millones de pesos y hoy debe rondar unos 400 millones, “es decir menos de un millón de dólares”. A su entender, también podrían encararla por su cuenta los municipios afectados y luego reclamarle al gobierno nacional.
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