La caza del jabalí abrió una nueva grieta en Río Negro

La disputa es entre cazadores y proteccionistas y en el medio está la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia que demora su habilitación. Desde hace dos meses no hay una definición, se trabaja en una ley y el tema podría judicializarse.

La utilización de perros para la caza del jabalí genera un profundo contrapunto en Río Negro, con epicentro en la capital provincial.

De un lago están los cazadores que apuran su habilitación porque sostienen que es un medio de subsistencia para unas 5.000 familias, mientras que integrantes de asociaciones protectoras de animales y otras organizaciones se oponen por el mal trato a los perros que se utilizan para llevar adelante la actividad.

En el medio quedó la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, encargada de resolver y controlar la actividad a partir de condiciones específicas para su desarrollo que, habitualmente, se cumple en la temporada que se extiende de marzo a agosto.

Todo transcurrió con cierta normalidad hasta el año pasado y se desarrollaron dos audiencias públicas en febrero/marzo de 2023 para definir la cuestión, con la participación de muchos particulares y organización en contra de la práctica con jauría, pero ninguna voz a favor.

La demora en la apertura de la temporada templó los ánimos entre los cazadores que realizaron distintas manifestaciones en Viedma, la última el pasado martes dentro de las oficinas de la Secretaría de Ambiente.

De allí se llevaron la noticia de una apertura provisoria que horas más tarde fue desmentida por la titular del área, Dina Migani, y luego generó una reunión entre representantes de los cazadores y el jefe de Gabinete, Pablo Zucaro, con la presencia de la propia Migani.

Ahora la alternativa es una habilitación que se concretaría en el transcurso de la presente semana, como una extensión de la temporada 2022, y seguir trabajando durante el año para llegar a la posible prohibición definitiva del uso de jaurías.

Esas marchas y contramarchas no dejan conforme a ningún sector, pero aparece como una solución «salomónica» para sortear la coyuntura.

De concretarse la extensión de la temporada 2022 se mantendrían los criterios establecidos en la resolución N° 82 sobre la «temporada de caza deportiva de jabalí con perros».

Entre otras cosas establece que la actividad se puede realizar «con una jauría de 3 a 8 canes por grupo de caza y por campo», el cupo es «de dos piezas por cazador por día», regula el traslado de los perros y las obligaciones de las personas en lo referido a licencias y permisos de caza y la tenencia y transporte de armas.


La especie


El jabalí (Sus scrofa) es un mamífero originario de Europa y Asia que fue introducido en la Argentina a comienzos del Siglo XX por el empresario Pedro Olegario Luro Pradére para poblar el primer coto de caza creado en nuestro país.

Fue en un establecimiento rural ubicado en el departamento de Toay, en La Pampa, con ejemplares traidos desde los montes Cárpatos, en el este europeo.

Una vez que esos animales pudieron escapar del lugar se extendieron hacia distintas zonas y hoy se los encuentra en Río Negro, Neuquén, Córdoba, Mendoza, San Luis, Chubut, Santa Cruz y el sudeste de Buenos Aires.

Esta especie exótica invasora está considerada entre las cien más dañinas del planeta y en nuestro país no tiene depredador natural.

Los machos pesan entre 70 y 90 kilogramos y las hembras de 40 a 65, tienen un período de gestación de 120 días y pueden procrear 5 o 6 crías (jabatos) por camada, aunque pueden llegar a ser doce. Esa alta tasa de reproductividad lo convierte en una plaga.

Ocasiona un serio impacto en la diversidad biológica y en actividades humanas como la agricultura. Provoca daños ecológicos en los cultivos y en los suelos a causa de las remociones que hace con su hocico, causa accidentes en las rutas, puede atacar a animales domésticos, es dispersor de semillas, modifica la vegetación existente, genera perjuicios productivos y puede transmitir enfermedades al ganado y al ser humano.


Nicolás Rochas insiste con una ley y anticipó un futuro amparo judicial


El legislador Nicolás Rochas se opone a la utilización de perros para lo que define como «la mal llamada caza» porque «lo que se promueve es un enfrentamiento entre dos animales». Aclaró que «es una riña» y como tal «un hecho ilícito» tipificado en la Ley Nacional 14.346 sobre «Malos tratos y actos de crueldad a los animales».

En 2016 presentó un proyecto legislativo (N° 1.102), que repitió en 2022 (N° 186) pero ninguno tuvo tratamiento porque «quedaron en el cajón de los proyectos incómodos» recuerda el parlamentario que está en plena elaboración de una nueva propuesta «con fundamentos más profundos», con la colaboración de «muchas organización» locales, provinciales y nacionales, y que espera «contar con el acompañamiento de más legisladores» y para eso «lo estamos consensuando dentro de los bloques».

Entre los fundamentos se indica que «la caza es una actividad violenta, de uso y de apropiación que daña y que cobra vidas de millones de individuos y cuyos opresores, justificándose en un sinnúmero de excusas, la practican porque creen tener el derecho de satisfacer sus propios intereses mediante la destrucción de los otros animales».

Rochas espera que esta tercera iniciativa tenga otro resultado. Su ilusión se apoya en que «hay un despertar de la gente, que se está movilizando» y entiende que «hoy hay más respaldo, no sólo de los proteccionistas» sino de la comunidad en general porque «ven que no se puede permitir esta crueldad».

Por otra parte, el legislador sostuvo que está esperando la resolución que tome la Secretaría de Ambiente de la provincia con respecto a la posible habilitación para la presente temporada y adelantó que si realiza sería «un delito» y también «arbitraria», por las recientes audiencias públicas, por eso anticipó que irán a la Justicia por la vía de un amparo para evitar esa habilitación.


Genera pérdidas que son millonarias


En nuestro país el jabalí provoca una pérdida económica estimada en 1.300 millones de dólares al año por su accionar en zonas de sembradíos de distintas áreas productivas.

El dato surge de un trabajo elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS) junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el apoyo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente.

También contó con aportes de organismos nacionales y provinciales; y está incluido en el proyecto «Fortalecimiento de la Gobernanza para la Protección de la Biodiversidad mediante la Formulación e Implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras», presentado este año.

Según los listados de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las EEI son «responsables de la retracción de una de cada tres especies de animales amenazados de la Argentina» y «son el principal desafío de conservación en nuestros parques nacionales y reservas provinciales, municipales y privadas».


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