Sólo dos de cada diez concretaron la declaración

Sólo dos de cada diez autoridades, funcionarios y diputados de Río Negro presentaron sus declaraciones juradas de bienes, aunque las mismas son un misterio. Se trata de documentos secretos y sólo puede acceder la Justicia por una causa penal. Hasta mediados de marzo, a tres meses de la asunción gubernamental, el Tribunal de Cuentas sólo registraba 45 de las 300 declaraciones que -por lo menos- se desprenden de la exigencia legislativa.

El listado de las presentaciones incluye 22 miembros de la Legislatura (entre ellos, 10 diputados: Osbaldo Giménez, Raúl Rodríguez, Fernando Chironi, Edgardo Corvalán, Miguel Saiz, Guillermo Wood, María Inés García, Eduardo Chironi, María Sosa, Carlos González y Guillermo Grosvald). También se registran 6 funcionarios de la Justicia y el resto de las declaraciones corresponden al Poder Ejecutivo, incluyendo a Mario Rivoire y Javier Vilosio que elevaron las suyas al abandonar sus cargos públicos provinciales.

«Río Negro» no pudo acceder al registro completo del Tribunal de Cuentas porque este cuerpo -que conforman Rubén Gianni, Pedro Casariego y Leonor Zamborain- aludió a la reserva de las declaraciones juradas que establece el artículo N10 de la ley 7. La misma legislación que condena al directo descuento del salario para los que no hayan cumplido con la declaración de bienes. Algunos de los «demorados» argumentaron que las planillas fueron elevadas en marzo por el Tribunal de Cuentas.


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