Tarifas: el gobierno ratifica las audiencias públicas

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BUENOS AIRES.- El jefe de Gabinete Alfredo Atanasof reiteró ayer que el Gobierno convocará a audiencias públicas para definir las eventuales subas en los servicios públicos, mientras que el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, y varias asociaciones de consumidores y usuarios advirtieron que impugnarán cualquier decisión que no se enmarque en la Ley de Emergencia Económica, que prevé también la renegociación de los contratos.

Atanasof, quien estuvo reunido por la mañana con el ombudsman, aseguró que el Gobierno coincide con el reclamo de Mondino de convocar a audiencias públicas para tratar el posible aumento tarifario de los servicios, posición que el ministro ya había adelantado el viernes, y que más tarde fue confirmada por el secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández.

«Le expliqué a Mondino la posición del Gobierno, en particular la del Presidente (Eduardo Duhalde) en el sentido de que hay que cumplir con los pasos establecidos en la ley», para una eventual modificación de tarifas.

El jefe de Gabinete insistió en que hubo «absoluta» coincidencia en el diálogo con Mondino, y agregó que «la posición que estuvo planteando es absolutamente coincidente con la del Gobierno nacional».

«Esto significa que se va a convocar a audiencias públicas para que empresarios, usuarios y consumidores, puedan emitir su opinión y discutir el tema», sostuvo el funcionario al término del encuentro que se realizó en la sede porteña de la Defensoría del Pueblo Nacional, ubicada en Montevideo 1244.

En ese marco, Atanasof agregó que «también se le va a dar la participación correspondiente al Congreso de la Nación, frente a un eventual debate sobre las tarifas de los servicios públicos». Horas más tarde, en la sede de la Defensoría, Mondino dijo en conferencia de prensa, acompañado por representantes de las asociaciones, que «vamos a impugnar cualquier decisión que no salga por la Ley de Emergencia Económica».

La normativa establece la creación de una comisión, integrada por el Gobierno, las asociaciones y el ombudsman, que recientemente se retiró de este ámbito, y encargada de elaborar los informes técnicos para la renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos.

«Han desvirtuado el espíritu de la ley, porque el instrumento no sólo habilita a la comisión a analizar el impacto de la devaluación para un posible aumento tarifario sino analizar también los contratos», dijo Mondino.

Al ser consultado sobre la efectividad de las audiencias públicas, teniendo en cuenta que en anteriores ocasiones hubo aumentos tarifarios pese a la realización del mecanismo de consulta, el representante de las asociaciones en la comisión, Ariel Kaplan, dijo que «una audiencia requiere de propuestas y todavía no está claro si hay propuestas. Primero hay que debatir cuáles son los documentos y estudios técnicos elaborados por la comisión, y sobre esa base ir a discutir a una audiencia pública».

Al respecto, Mondino precisó que «la audiencia debe ser convocada a partir de la evaluación de la comisión», ya que el mecanismo tiene procedimientos técnicos y no es una mera herramienta de consulta como cree el Gobierno.

(Telám)

Reclaman deuda

El sector privado reclama a la Secretaría de Comunicaciones una deuda de aproximadamente 20 millones de pesos contraída por servicios de conexión de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTCs) durante los años 2000 y 2001.

«La deuda que reclaman es por varios millones, algo así como 20, pero estamos viendo cuánto de esta deuda es real», sostuvo el Secretario de Comunicaciones, Marcelo Kohan en una improvisada rueda de prensa.

En un aparte durante la presentación del programa europeo para financiar proyectos de Sociedad de la Información, Kohan indicó que la Secretaría está haciendo un relevamiento y diagnóstico de la situación de los 1.300 CTCs y 1.700 bibliotecas virtuales que conformaron el primer escalón del Programa para la Sociedad de la Información (PSI) argentino en 1998. Hasta ahora se comprobó que «sólo el 50% de los CTCs están en funcionamiento», indicó Kohan. Aseguró que el objetivo de su gestión es lograr el ordenamiento administrativo de la Secom en general y del PSI en particular, porque «no se puede construir sobre el barro».