'Un foráneo no tiene más estatus que un nacional'

BUENOS AIRES (ABA) . – El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, señaló que «cada vez más se está comprendiendo que la política de servicios públicos de un país no se decide en los tribunales arbitrales».

Así lo afirmó en una entrevista exclusiva con «Río Negro», tras conocer el desestimiento que hizo la petrolera norteamericana Pionner de la demanda contra el Estado argentino ante el Banco Mundial.

Rosatti subrayó que la polí

tica del gobierno es que los extranjeros no tengan un status superior a los nacionales frente a circunstancias de crisis.

– El retiro que hizo la petrolera Pioneer de la demanda ante el Banco Mundial, ¿es un triunfo de la estrategia del gobierno?

– Es una muestra de sensatez del inversor. Cada vez más se va advirtiendo que no es con laudos arbitrales como se van a obtener mejores soluciones para el conjunto, tomando en cuenta que el demandado es uno solo: Argentina. Observo como positivo que otra empresa (antes lo hizo Gas Natural) haya dicho: voy a jugarme a la negociación y no al conflicto. Nadie cree que la política de servicios públicos de un país deba ser decidida en tribunales arbitrales.

– ¿Confía en que habrá más declinaciones de demandas ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias en Inversiones (CIADI)?; ¿cuánto dinero queda en juego?

– Espero que haya más desestimientos porque existe una cuestión de posibilidades.

Aunque están sobredimensionados -porque fueron efectuados por el total en el momento más crítico-, los reclamos están en el orden de los 18.000 millones de dólares, el equivalente a casi un año del presupuesto argentino.

– ¿No se pone en juego la continuidad jurídica del Estado, dado el compromiso asumido por gobierno anteriores de someterse al CIADI?

– La seguridad jurídica es para todos, también para el Estado argentino. Quienes firmaron un tratado de inversión saben que los mismos están un paso debajo de la Constitución que es la ley suprema de la Nación. Ello supone que ningún laudo arbitral puede violentar principios de derecho público incluidos en el artículo 27 y 31 de la ley de leyes desde 1853. Es claro que un extranjero, frente a una circunstancia de crisis, no puede tener más status que un nacional.

– El fallo del juez Tomás Griesa (Ver más información en la pág. 6): ¿fortalece al gobierno o la apelación abre interrogantes?

– La apelación era esperable, pero creo que la Cámara va a consolidar la sentencia de Griesa. Consecuentemente se irán cerrando los caminos que tendían a judicializar y no buscar salidas en el tema de la deuda externa. Habría que reseñar una serie de episodios frustrantes para quienes eligieron la vía judicial en el extranjero: El embargo desestimado de bienes diplomáticos, militares, de dinero del correo argentino, y ahora este nuevo revés judicial. El mercado decidió que la propuesta argentina conforme a sus posibilidades es razonable y sustentable en el tiempo. Tres cuartas partes de los acreedores dieron el sí a la oferta, mientras los que optaron por otra vía tendrán opciones que surjan de un proceso judicial. Pero no se puede desconocer que gran parte de la batalla está ganada.

Claudio Rabinovitch

Otra empresa retiró demanda

La petrolera Pioneer Natural Resources retirará la demanda que presentó contra el Estado argentino ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, CIADI, tras un acuerdo alcanzado con el gobierno, con lo que ya son dos las compañías que desistieron del arbitraje internacional.

El acuerdo entre el gobierno y la empresa fue dado a conocer este mediodía por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el presidente de la firma en Argentina, Marcelo Guiscardo, quienes previamente firmaron el documento con la decisión ante el presidente Néstor Kirchner y el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino.

Pionner tiene una importante presencia en el sector petrolero neuquino.

La empresa había iniciado la demanda ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de controversias de Inversiones (CIADI) al considerarse perjudicada por la pesificación, por lo que exigía un monto aproximado de 80 millones de dólares, aunque «con todos los costos adicionales y reclamos colaterales podría llegar hasta 500 millones», aclaró De Vido.

A partir de la pesificación y la salida de la Convertibilidad decenas de empresas, en su mayoría prestadoras de servicios públicos, volcaron sus demandas ante el CIADI, jurisdicción cuestionada por el gobierno.

«El 90 por ciento o más de los arbitrajes denunciados están referidos a la pesificación», dijo Guglielmino, y precisó que «hay 62 juicios arbitrales, de los cuales 32 ya comenzaron a correr la etapa procesal».

(Télam)