Un negocio muy costoso

Día tras día crece la tormenta desatada por el aumento fenomenal del patrimonio de la presidenta y su marido. Parecería que los dirigentes opositores necesitaron cierto tiempo para digerir la información brindada por la pareja misma y entender plenamente sus connotaciones, pero ya han comenzado a reaccionar. El vicepresidente Julio Cobos acaba de afirmar que la Justicia debería investigar si hubo enriquecimiento ilícito ya que, en alusión a los 28 millones de pesos que los Kirchner agregaron a su fortuna entre el 2007 y el 2008, «esa plata no se hace con el sueldo público». Por su parte, la líder bonaerense de la Coalición Cívica, Margarita Stolbizer, opinó que «no sé cómo a ellos mismos no se les cae la cara de vergüenza». Huelga decir que Cobos y Stolbizer no son los únicos que creen que el país merece una explicación un tanto más precisa que la ensayada por Cristina cuando calificó de «transparentes» sus cuentas personales. Desde que se difundió la información sobre la evolución apenas creíble de los negocios presidenciales, políticos, abogados y otros están apostando a que la Justicia tome en serio un asunto que en cualquier democracia madura supondría un juicio político pero que aquí muchos preferirían tratar como una anécdota pintoresca por temor a las consecuencias institucionales. En vista de la experiencia reciente del país en la materia, es comprensible la extrema cautela de la mayoría de los dirigentes, de los que pocos están preparados anímicamente para enfrentar una crisis que sería sumamente grave, pero sucede que sería igualmente peligroso que se resignaran a tolerar que una pareja «hegemónica» aprovechara su poder para beneficiar sus propios negocios como si sólo fuera cuestión de un pasatiempo inocuo sin importancia institucional alguna.

La clase política nacional se ve ante un dilema angustiante. Sus integrantes tienen que elegir entre cohonestar la corrupción, por decirlo así, por un lado y por el otro, tomar al pie de la letra su propia retórica e impulsar las medidas constitucionales correspondientes a sabiendas de que agravaría mucho más el clima de conflictividad que ya se ha propagado por el país. Conscientes de esta realidad, los Kirchner supusieron que el escándalo provocado por el aumento espectacular de su patrimonio sería pasajero, pero es bien posible que en esta ocasión se hayan equivocado. Desgraciadamente para ellos, y para los demás, al negarse los dos a separarse por completo de sus negocios particulares entre mayo del 2003 y diciembre del 2011, tal y como deberían haber hecho, aseguraron que en cuanto comenzara a mermar su poder tendrían que enfrentar no sólo a los descontentos con su gestión política y económica sino también a los reacios a considerarlos por encima de la ley. Puede que en nuestro país la Justicia deje mucho que desear ya que, además de letárgica e ineficaz, está politizada, pero aun así no ha muerto todavía.

Las hazañas empresariales de los Kirchner han afectado negativamente su imagen no sólo en el país sino también en el exterior, lo que, huelga decirlo, ha incidido de forma nada grata en la de la Argentina. Por cierto, no nos conviene en absoluto que nuestro país tenga fama internacional por ser uno en que, sin abandonar la función pública, la mandataria y su esposo pueden multiplicar su patrimonio ya multimillonario comprando terrenos municipales en su patria chica a precios viles para venderlos poco después por sumas abultadas. Aun cuando resultara que los negocios así supuestos son legítimos, por respeto hacia el resto de la población los Kirchner debieron haberse negado a concretarlos, ya que, como sabrán mejor que nadie, en política las apariencias suelen ser fundamentales. Por supuesto que no pensaron en dejar pasar una oportunidad para enriquecerse todavía más. Para ellos la tentación de conseguir algunos millones más resultó irresistible, mientras que la sensación de impunidad que los ha acompañado desde hace tanto tiempo les hizo creer que, algunas protestas formuladas por políticos envidiosos aparte, nadie soñaría con tratar de forzarlos a rendir cuentas ante la Justicia. ¿Acertaron? A menos que los demás políticos opten por hacer gala nuevamente de su espíritu corporativo, el matrimonio cometió un error tan garrafal que podría costarle no sólo su protagonismo político sino también su libertad.


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