Una larga batalla judicial
En el 2009 Andrea y Adriana Diez pidieron al equipo médico de Luncec que le retiren a Marcelo el soporte vital y la medicación. La institución las denunció penalmente por abandono de persona.
NEUQUÉN
Los comités de bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, del Incucai y del Ministerio de Salud de Neuquén aseguraron que es éticamente aceptable le retiro de soporte vital para el paciente en cuestión. Sin embargo, la jueza Beatriz Giménez denegó el pedido en febrero 2011, y meses más tarde la Cámara Civil confirmó la sentencia.
En el 2012 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró admisible el pedido de las hermanas. El obispo Virginio Bressanelli manifestó su oposición. En el transcurso de la batalla judicial, salieron grupos religiosos a cuestionar la decisión de las hermanas Diez. Ante esta situación, por orden judicial, Adriana y Andrea pidieron que Marcelo no reciba visitas ya que quedó expuesto «como en un circo».
En el 2013 el TSJ dijo que el caso debía resolverse intrafamiliarmente y no en la Justicia. Por sucesivas apelaciones el caso llegó a la Corte Suprema y todavía se aguarda su resolución. En un dictamen no vinculante de 2014 la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, avaló el pedido de muerte digna de la familia de Marcelo Diez, y aseveró que es la Corte la que deberá decidir donde se ejercerá el retiro del soporte vital.
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