Una modesta proposición a favor de una moratoria “neoliberal”

Sebastián Katz (*) y Andrés López (**)

Hace poco uno de los autores de esta nota fue advertido por la madre de un ingresante a uno de los colegios de la UBA acerca de que en el manual de geografía utilizado en el curso de ingreso a dichos establecimientos se empleaba el término “neoliberal” para referirse, en un párrafo, a algunos aspectos de las políticas aplicadas en el país en los años 90. Si bien la verdad es que este hallazgo no resulta para nada sorprendente, surge de todos modos la pregunta: ¿qué significa para un niño de 12 años esa categoría? Porque los niños de esa edad ni siquiera saben qué es el liberalismo. Y, sin embargo, gente que supuestamente conoce de pedagogía no titubea en enchufarles la palabreja, seguramente convencida de que en sí misma representa o condensa un conjunto de significados evidentemente malignos que ni siquiera hace falta tomarse el trabajo de explicar (1). Es que, a fuerza de machacar, “neoliberal” se ha convertido en un mote descalificatorio per se que exime a quien utiliza la invectiva de toda explicación. En ese proceso el “neoliberalismo” ha pasado a ser responsable prácticamente de todas las desgracias humanas y sociales de los últimos 20 años. Al punto que, en esa mirada, el enfoque “neoliberal” parece haber determinado la configuración entera de las sociedades modernas; en efecto, si los lectores se toman un minuto para googlear van a encontrar que la noción de neoliberalismo aparece estrafalariamente asociada a términos tales como “arquitectura”, “sexo”, “fútbol”, “sida”, “obesidad”, “fitness”, “rock”, “prostitución”, “tenis”, “cocina”, “odontología” o “cerveza” (además, por supuesto, de otros obvios como salud, educación, vivienda y medioambiente). ¿De dónde proviene el uso –y, sobre todo, el abuso– de la categoría de neoliberalismo? Hurgando un poco en el pasado, la palabra “neoliberal” ha venido siendo empleada desde tiempo atrás, y no siempre con fines peyorativos (de hecho, aparentemente nació a partir de un coloquio convocado en 1938 en París por Walter Lippman, al que acudieron intelectuales tales como Hayek, Von Mises, Rueff y Polanyi). Por cierto, su uso crítico más extendido se comenzó a dar fundamentalmente a partir de la caracterización de las reformas llevadas adelante a inicios de los ochenta por Reagan y Thatcher en Estados Unidos y Gran Bretaña, respectivamente, en respuesta a lo que, en ese momento, se consideraban los fracasos de las políticas keynesianas asociadas al Estado de bienestar de la segunda posguerra. Esos enfoques atribuían el contexto de estanflación a las fallas de intervención pública y, de algún modo, invertían la carga de la prueba vigente desde la Gran Depresión: abandonada la idea de un planificador omnisciente y benevolente, las decisiones del sector privado eran ahora vistas como esencialmente eficientes y el Estado volvía a ser “culpable” hasta que se demostrase lo contrario. Algo más adelante en el tiempo, y más cerca de nuestras playas, la noción se utilizó para describir las políticas de reforma estructural aplicadas en diversos lugares del mundo emergente en los años 90, asociadas al llamado “Consenso de Washington”. Como se sabe, y con especial fuerza en América Latina, esos paquetes de reformas dieron lugar al denominado “market friendly approach to development”. No sin fundamento, habida cuenta de las muchas distorsiones e ineficiencias que se habían generado durante la industrialización sustitutiva, el enfoque buscaba desactivar los dos pilares básicos que, a juicio de sus propositores, estaban en la base de las “tendencias inherentes” al estancamiento y la inestabilidad macroeconómica en la región: el excesivo involucramiento del Estado en la toma de decisiones económicas y el carácter notoriamente cerrado de nuestra estrategia de desarrollo. Hasta aquí uno podría pensar que el uso del concepto para caracterizar esas estrategias de reforma y criticar eventualmente sus consecuencias no estaba del todo mal. Aun así, cabe destacar que ciertamente hay grandes diferencias en el modo y la intensidad con que las políticas pro mercado fueron aplicadas en distintos países (aun dentro de nuestra región). Y lo mismo puede decirse de su gran diversidad en los resultados, más allá de que, en promedio, el balance sea negativo en lo que hace, por ejemplo, a las cuestiones distributivas y a que, en el plano de la eficiencia, varias de las economías que las llevaron adelante hayan estado expuestas a crisis recurrentes y su desempeño de largo plazo tampoco haya sido particularmente descollante cuando se lo compara con los resultados obtenidos en la etapa de las políticas de industrialización sustitutiva. De allí que englobar bajo una categoría común –el “neoliberalismo”– todas esas experiencias descartándolas en bloque sin detenerse a analizar similitudes y diferencias, qué funcionó y qué no, puede ser útil para la tribuna y la retórica pero parece poco fructífero como estrategia de conocimiento. Más aún, hoy por hoy en nuestro país el concepto de “neoliberal” se aplica a cualquiera que osa mencionar que el mercado tiene algunas virtudes como mecanismo asignativo y que, adecuadamente regulado en aquellos sectores en los que se verifican problemas informativos, externalidades y/o de competencia, es una formidable institución capaz de impulsar la innovación y el crecimiento económico. Menos aún escapan del oprobio quienes, sobre todo, se atreven a cuestionar o analizar con juicio crítico los resultados de controles e intervenciones de política pública mal concebidas y peor diseñadas que, en muchas circunstancias, terminan provocando efectos exactamente contrarios a los buscados por las autoridades. Resulta interesante destacar que, a diferencia de lo que sugieren quienes apelan perezosamente al calificativo, las corrientes actualmente mayoritarias en la disciplina comparten hoy un consenso bastante amplio. Dicho consenso reconoce no sólo la existencia de obvias “fallas de intervención pública” que deben tomarse en cuenta a la hora de diseñar y ejecutar políticas, sino también que determinados mercados (prominentemente los de tecnología, los financieros y los de trabajo, en los que se intercambian bienes y servicios heterogéneos, con problemas potenciales de apropiación y conjeturas inevitablemente inciertas sobre el futuro) son propensos a exhibir fallas recurrentes en su operatoria. Puesto en otras palabras, hoy la teoría económica está muy lejos de atribuir, sin más, a priori carga de la prueba alguna en contra del Estado o del mercado y reconoce, más bien, que ambas instituciones son pilares claves y complementarias del desempeño de las economías más dinámicas y menos desiguales. Suponer lo contrario sería tirar por la ventana –ignorándolas olímpicamente– dos o tres décadas de avance del conocimiento en economía. Otro tanto puede decirse, desde ya, en lo referente a las estrategias y políticas de desarrollo. Nadie, o casi nadie, en la disciplina quiere volver del mismo modo acrítico a las políticas sustitutivas de economía cerrada de la década del cuarenta y proponer el “atado con alambre” como estrategia competitiva en una economía global crecientemente integrada. Pero tampoco son demasiados los que se conforman con el escaso dinamismo y la insuficiente diversificación de la estructura productiva que vinieron asociados a las políticas de reforma del Consenso de Washington –políticas que, en la práctica, consideraban que para crecer sostenidamente alcanzaba con tener “una moneda sana, finanzas públicas ordenadas y una economía integrada a los mercados internacionales”–. Afortunadamente puede aprenderse –si así se lo desea– de la experiencia previa, algo difícil para quien sólo se conforma con discutir con espantapájaros que apenas sirven para evitar toda discusión. Y es acá cuando, como decíamos antes, de ser un término que se usa en los debates académicos (y que como tal tiene sus méritos y sus límites), “neoliberal” se transforma en un estigma; en un adjetivo empleado en las diversas esferas de la vida social con una connotación que se asemeja, si se quiere, a la de “fascista” o “progresista” (otros términos que han terminado por no significar nada específico y que, en la práctica, son utilizados para cancelar “lapidariamente” una discusión antes que para iniciar un diálogo racional, empíricamente fundado –un requisito básico en disciplinas fácticas como las ciencias sociales–). Y aquel al que se le aplica el mote de neoliberal ya no es simplemente alguien que prefiere cierto tipo de políticas económicas, sino seguramente una persona que está en contra de la vida y la dignidad humanas, de la democracia y hasta de la supervivencia misma del planeta Tierra (2). Si se acepta este diagnóstico, entonces la modesta proposición de esta nota es la siguiente: dejemos –parafraseando a un célebre personaje de nuestra vida política y sindical– de usar la palabreja “neoliberal” al menos por dos años y dediquémonos a discutir –con fundamento empírico– objetivos, modos de implementación y resultados de diversas alternativas de política. 1) El otro autor de esta nota también ha pasado por experiencias semejantes: ayudando a sus hijos en tareas escolares se topó frecuentemente con versiones de la historia a “lo Pigna” en las que –con poco rigor académico pero mucho de buscado efectismo– se apelaba a anacronismos y versiones maniqueas del pasado para sugerir, por caso, supuestas (y “evidentes”) continuidades entre las invasiones inglesas y las orientaciones “neoliberales” de las políticas económicas que les siguieron casi dos siglos después. 2) Nadie quiere –al menos no los autores de esta nota– una “sociedad de mercado”, pero sí una economía que puede tomar ventajas de ellos para maximizar el dinamismo, la eficiencia y los incentivos que generan, con un Estado inteligente que sea capaz de regularlos para corregir las inequidades y las tensiones que muchas veces provocan. Véase, en este sentido, “What Money Can’t Buy. The moral limits of markets”, de Michael Sandel (2013). (*) Lic. en Economía y magíster en Política Económica (UBA) (**) Doctor en Economía (Universidad de Buenos Aires)