Una oportunidad para no desaprovechar

Por Ricardo Villar (*)

En 1991 Jorge Sobisch llegaba por primera vez al ejercicio de la gobernación neuquina, con enorme voluntad por diferenciarse de sus antecesores. En su mensaje preelectoral ya había marcado otros criterios con respecto al histórico discurso «emepenista» recostado siempre en la veta sentimental del provincianismo y en las eternas culpas al centralismo portuario y a los partidos de alcance nacional.

Sin abandonar esos tópicos, con buen olfato sobre una ya expandida demanda social, apuntó también a lo institucional. De tal forma impulsó la incorporación del sistema de representación proporcional en los cuerpos parlamentarios, la consolidación de la autarquía financiera para el Poder Judicial que había iniciado su antecesor Pedro Salvatori, pero fue más allá: se animó a promover a abogados que no pertenecían a su partido para ocupar las vocalías del Tribunal Superior de Justicia, algo que también había hecho, pero en menor medida, su predecesor. Se apuntó a una real independencia del citado Poder.

Fue un hecho político importante que repercutió favorablemente en una comunidad que estaba muy acostumbrada a que existiera un predominio monopartidario sobre todos los poderes del Estado neuquino, pero que buscaba cambiar.

Fue un salto cualitativo que benefició a la conducción de la Justicia y, por lógica derivación, a la sociedad.

Diez años más tarde, el destino y la política ponen a Sobisch ante la inmejorable oportunidad de promover un nuevo salto cualitativo para con el Poder Judicial neuquino, cuyo desempeño también empieza a caer bajo la generalizada ola de críticas y sospechas de una sociedad con grandes insatisfacciones.

Por renuncias de sus titulares, para acogerse a la jubilación, el Poder Ejecutivo debe proponer los nombres de nueve abogados (una terna por cada cargo) de los cuales la Legislatura, en sesión secreta y por simple mayoría, debe designar a los nuevos magistrados (artículo 150 de la Constitución provincial).

Queda claro que la facultad de designar es de los legisladores y que la función del Ejecutivo es proponer una terna.

Para que la responsabilidad legislativa pueda ser cumplida con absoluta libertad, es condición elemental que las ternas sean integradas por profesionales con trayectorias equivalentes. De lo contrario, en lugar de elegir al mejor por sus antecedentes, se deberá optar, lo que se transforma en una manipulación del Ejecutivo y una subestimación del Legislativo.

Esta mecánica no es nueva.

En Neuquén y en muchas provincias argentinas ha sido una práctica corriente y a nivel nacional hay ejemplos vivientes de lo que fue la Suprema Corte de Justicia durante la década de los «90, integrada por «corte-sanos» del «menemismo».

Pero semejante alteración del sistema republicano que aún el poder político no se anima a resolver, ha comenzado a ser repudiada por algunos sectores de la sociedad que han tomado a la renovación de la cúpula del Poder Judicial del país como un emblema más de los cambios sustanciales que hacen falta introducir en este país.

Por eso llama la atención la actitud del gobernador Jorge Sobisch de reflotar aquella vetusta práctica, propia del caudillaje político anacrónico pero aún influyente.

Aunque fuera por el elemental olfato que tiene todo dirigente político, debiera haber advertido para dónde apuntan las demandas sociales que, por suerte, no se conforman con reclamar gobernantes honestos y capaces y políticas adecuadas a los intereses populares sino que también exigen que una disciplina tan esencial para la convivencia social como es la justicia, sea ejercida por profesionales idóneos cuyas gestiones estén por encima de todo interés sectorial.

En Neuquén estamos a tiempo de dar un nuevo salto cualitativo en la conducción de la Justicia y desde allí avanzar hacia su interior, en donde se observan bolsones de preocupante ineficiencia. Se presenta una excelente oportunidad.

Y advierto que ya no alcanza con jueces con pasado partidario ajeno al MPN.

Esta condición es conveniente, aunque no imprescindible; pero lo que es fundamental es la capacidad de los postulados.

Esa debe ser la preocupación central del poder proponente y del que designa.

Insistir en promover jueces cuya condición básica sea la amistad con el titular de un proyecto político partidario es dar un salto hacia el pasado; es atentar contra un proceso de recuperación del espíritu y la práctica republicana que debe enmarcar la recuperación económica y la paulatina superación de las injusticias sociales.

(*) Dip. Prov. ALIANZA


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