UOCRA pide control oficial del pago de mejoras

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NEUQUEN (AN).- El sindicato de los trabajadores de la construcción (UOCRA) le pidió al gobierno provincial que obligue a empresas contratistas que se desempañan en el sector público a que abonen salarios según lo establecido en un decreto provincial que determinó subas superiores a las dispuestas por Nación el año pasado.

La UOCRA trajo a colación decretos de 2000, que instauraron mejoras salariales sustanciales para los obreros que se desempeñan en obras licitadas por el Estado en toda la provincia. Se trata de los decretos 2167 y el 2576, que establecieron una nueva tabla salarial y un incremento de 150 pesos para todas la categorías de empleados de la construcción, para el caso específico de las contratistas de obras públicas.

El abogado del sindicato de la construcción, Lorenzo Domínguez, afirmó ayer en diálogo con «Río Negro», que este incremento desató una suba de «hasta un 80% más» respecto a las condiciones en las que se desempeñaban operarios de otras provincias.

Domínguez enfatizó que el acuerdo, sellado con el decreto, era sólo para ofrecer condiciones diferenciales a los empleados que trabajaran en obras públicas, contratados por empresas. El secretario general del gremio, Julio Ojeda, manifestó que este régimen funcionó a pleno hasta septiembre de 2004, fecha en que las firmas comenzaron a argumentar «que las subas dispuestas por Nación habían absorbido lo dispuesto en la norma» mencionada.

Tanto Ojeda como Domínguez criticaron «que la nueva forma de pago haya sido impuesta de hecho», ya que «el decreto no fue dejado fuera de efecto por otro decreto, tal como debería haber ocurrido».

En consecuencia, la semana pasada el gremio dirigió una carta documento al ministro de Obras y Servicios Públicos, Omar Gutiérrez, para que disponga controles en las empresas para que «cumplan el pago» dispuesto en las normas mencionadas. En la carta, que sería antecedente de una próxima demanda en la Justicia, Ojeda subraya el carácter «alimentario» de los salarios que se habrían dejado de pagar y responsabiliza al ministerio por la «falta de cumplimiento por parte de las empresas», a no arbitrar los medios de control de «dichas incidencias».

Domínguez afirmó que «queremos agotar todas las instancias, paso por paso, antes de recurrir a la Justicia». Sostuvo que como los contratistas no se sumaron a lo dictaminado por el decreto, en una futura demanda se podría solicitar «el pago retroactivo» de los salarios según los términos reclamados.

Y agregó que «este convenio también rige para las obras en las que las contratistas sean empleadas por el municipio».

El abogado dijo que pese a que la diferencia entre el convenio colectivo nacional y el que crea condiciones especiales para las obras públicas en el territorio neuquino «no supone tanta ventaja como cuando fue suscripto», de todos modos «sigue habiendo una diferencia de cerca del 27%», en promedio, en todas las categorías.

Ojeda dijo que «vamos a hacer una demanda porque lo que las empresas dicen es que lo que en su momento acordamos con (el gobernador Jorge) Sobisch quedó absorbido por sucesivos aumento dispuestos por Nación», y agregó que «según entendemos nosotros la tabla salarial está en vigencia, porque el decreto no fue derogado», dijo.