Usarán superpoderes para desregular obras sociales

Así lo anunció ayer el ministro de Salud, Héctor Lombardo. Luego del abrupto giro que tomó el tema con la suspensión del decreto de apertura de las obras sociales, Lombardo dejó en claro cuál será ahora el camino. Buscarán imponerlo por la vía de la delegación de facultades especiales. Suspenderían la reforma jubilatoria.

El ministro de Salud, Héctor Lombardo, aseguró ayer que el gobierno buscará utilizar las facultades especiales que le delegó el Congreso para poner en marcha la desregulación de las obras sociales.

Lombardo dijo que el Ejecutivo intentará mantener por vía de los superpoderes «el mismo proyecto» desregulatorio que este miércoles suspendió el presidente Fernando de la Rúa a la espera de la resolución final de los fallos judiciales que frenaron el proceso.

Sin embargo, esa posibilidad, que ya recibió duras críticas por parte del sindicalismo, choca también con el texto de la ley de otorgamiento de facultades especiales, que en un inciso impide de forma expresa modificar, suspender o derogar cualquier legislación en materia de salud.

En caso de que la Justicia dé otro revés al proceso o que los poderes especiales no se puedan aplicar a este caso, funcionarios del Gobierno dijeron que se buscará elaborar una ley que obtenga el consenso necesario para ser aprobada por el Congreso.

En tanto, se prevé que la reforma previsional, que también fue promovida por decreto, sea suspendida en los próximos días, confirmaron fuentes gubernamentales.

La suspensión del decreto desregulatorio se produjo luego del fracaso del proceso que establecía la libre competencia entre obras sociales y empresas de medicina prepaga, ya que las firmas privadas no mostraron interés en participar, y tras serios cuestionamientos de los sectores implicados, que presentaron una catarata de demandas que lo frenaron de hecho.

Para suspender el decreto el Gobierno utilizó otro, el 377, que firmaron sobre la medianoche el presidente Fernando de la Rúa; el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y los ministros de Economía, Domingo Cavallo; Salud, Lombardo, y Trabajo, Patricia Bullrich.

El decreto desregulatorio estipulaba que a partir del 1 de enero último se abría el mercado sanitario a la libre competencia de obras sociales sindicales y de dirección con empresas de medicina prepaga, aunque hasta el mes pasado sólo se habían anotado dos firmas privadas.

Aún antes de ponerse en marcha la iniciativa, en la Justicia había múltiples demandas presentadas por sindicatos y obras de dirección que plantearon la supuesta inconstitucionalidad del decreto desregulatorio.

El aval judicial a esos planteos determinó que 65 obras sociales que aglutinan al 75 por ciento del padrón de afiliados al sistema nacional de salud no se vieran afectadas al nuevo proceso.

«Estábamos cabalgando sobre dos sistemas de salud: uno para las obras sociales que consiguieron el amparo y otro para las que no presentaron demandas. Eso significaba enormes dificultades para el sistema porque teníamos diferentes tipos de descuentos y de pagos por retribución», dijo Lombardo para justificar el freno al decreto.

(Infosic)

Se analizan cambios al Plan de Infraestructura

Los senadores justicialistas consiguieron ayer un compromiso del gobierno para participar, a través de una comisión, en la puesta en marcha del Plan de Infraestructura.

El acuerdo fue sellado durante un encuentro entre el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, y los senadores justicialistas encabezados por José Luis Gioja.

La comisión va a estar integrada por gobernadores, senadores, diputados y funcionarios.

De acuerdo a los participantes de la reunión, los senadores del PJ plantearon tres requerimientos: control de los gobernadores sobre la ejecución del plan, facilitar la participación de empresas constructoras nacionales y garantizar la jurisdicción del Banco Nación en el fondo fiduciario que financiará las obras.

Colombo transmitió también un agradecimiento para los senadores del PJ por «la rápida sanción que tuvo la Ley de Competitividad» y adelantó que será publicada mañana en el Boletín Oficial.

El acuerdo anuló un pedido de los senadores para vetar el artículo de la ley de «superpoderes» que ratificó el decreto de necesidad y urgencia del Plan de Infraestructura.

Se trata precisamente del artículo que en la sesión del Senado estuvo a punto de trabar la sanción de la ley.

Fue el único momento de tensión y se produjo al final de la sesión, cuando en el debate en particular un grupo de senadores justicialistas se manifestó en contra de la ratificación.

Osvaldo Sala, José Carbonell, Eduardo Arnold, Augusto Alasino, Alberto Tell y Carlos Verna fracasaron por poco en su intento de excluir ese fragmento en disconformidad con la actuación del Ejecutivo, que emitió un decreto el 29 de diciembre pasado, cuando había un proyecto que contaba con media sanción de Diputados y que el Senado se disponía a tratar para incorporarle modificaciones.

Aprobaron las facultades especiales

El Senado convirtió ayer en ley el proyecto que cede facultades legislativas al Poder Ejecutivo para poder modificar alícuotas tributarios y encarar una transformación del Estado, pero sin producir rebajas de salarios ni de los haberes jubilatorios.

En una sesión que se extendió por más de 12 horas, el Senado aprobó con 50 votos afirmativos contra 4 negativos el proyecto que el miércoles había sancionado Diputados.

El radicalismo, los partidos provinciales, el Frepaso y la mayoría de la bancada justicialista dieron su voto para que el Ejecutivo sume facultades, mientras que los peronistas disidentes Héctor Maya, Liliana Negre, Héctor Torino y Daniel Varizat lo hicieron en contra.

En nombre del oficialismo, el cordobés radical Luis Molinari Romero abrió la sesión expresando que «la delegación de funciones que está previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional no es la suma de poder público ni es el otorgamiento de las facultades extraordinarias, sino la delegación de ciertas normativas en el Poder Ejecutivo».

«Esta sanción no implica cerrar el Congreso, como se ha dicho irresponsablemente. El Congreso tendrá una gran tarea de control y con esta sanción ratifica su perfil de un órgano legislativo moderno y ágil», agregó. La voz en materia de interpretación constitucional la llevó el riojano Eduardo Menem quien explicó que «esta sanción no tiene nada de novedosa: no vamos hoy a perder la virginidad en materia de delegación de facultades. Las venimos perdiendo hace mucho tiempo». (Télam)

Los bancos le devuelven la pelota a Cavallo

Los banqueros le dejaron entrever ayer al gobierno su malestar por las afirmaciones del ministro de Economía, Domingo Cavallo, en las que aseguró que el Estado no estaba dispuesto a seguir endeudándose a tasas de interés «ruinosas».

El ámbito elegido fue el encuentro que mantuvieron en la Casa Rosada los principales dirigentes empresariales del país, con integrantes de la cúpula de la CGT oficial, y funcionarios del gobierno encabezados por el presidente Fernando de la Rúa.

Agua mineral de por medio y en un clima expectante, cada sector expresó ante De la Rúa, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, Cavallo, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Nación, Enrique Olivera, los problemas que soportan en los 30 meses que van de la recesión.

De la Rúa abrió el encuentro al señalar que recibió «el país real, en el cual no quedan empresas por vender y con déficit fiscal» y aclarar que a pesar de ello el rojo de las cuentas públicas «hay que pagarlo».

Cavallo, en tanto, destacó la importancia del diálogo sectorial en el momento que vive el país, dijo que «la gente está expectante» y defendió el impuesto a los créditos y débitos bancarios como mecanismo para combatir la evasión al afirmar que «puede haber facturas en negro, pero no pueden haber cuentas corrientes truchas».

El titular de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), Eduardo Escasany, le dijo en un tono risueño al jefe de Estado que Cavallo «me retó» antes de ayer en Banco Nación, cuando al anunciar parte de su programa les dijo a los banqueros que el Estado se va a retirar del mercado de deuda hasta que bajen las tasas.

«Gran parte de la banca está extranjerizada y las decisiones se tomas afuera», aclaró Escasany de manera diplomática, según revelaron voceros del encuentro.

Sin embargo, el titular de ABA y del Banco Galicia, una de las pocas entidades de primera línea controlada por capital nacional, formalmente expresó su respaldo a la política económica. (DyN)


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