Venció el plazo para apoyar o criticar a Argibay

La postulación de Carmen Argibay como integrante de la Corte Suprema provocó una movilización ciudadana con comentarios a favor y en contra de su candidatura mayor que en el caso de la designación del penalista Eugenio Zaffaroni, en agosto pasado, bajo el mismo procedimiento.

Anoche venció el plazo de recepción de apoyos y rechazos a la jurista. La postulante propuesta por el gobierno recibió la oposición de organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica y el respaldo de organismos de derechos humanos y entidades profesionales del derecho.

Además 6.976 particulares, la mayoría de ellos mediante un formulario con el mismo texto, expresaron su negativa. Por su parte, 424 ciudadanos se definieron a favor de Argibay, según datos consignados por la oficina de prensa del ministerio de Justicia brindados a las 18.30 de ayer, cartera que se encargó de recepcionar las opiniones.

Entre los particulares que se pronunciaron de manera positiva, se encuentran la psicoanalista y escritora Eva Giberti, la jueza en lo correccional Ana Bulacio Núñez de Rúa, prácticamente todos los trabajadores del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno porteño, y el sacerdote Antonio Puigjané, condenado por el copamiento de La Tablada.

Más allá de los avales e impugnaciones, la decisión final para dar o no su acuerdo a la postulación, impulsada por el presidente Néstor Kirchner, dependerá del Senado de la Nación, tal como lo establece la Constitución Nacional, proceso que se iniciará en las próximas semanas y que contará -como en su momento ocurrió con el ahora ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni- con audiencias públicas.

Como parte de esta etapa, el Ministerio requirió a distintas entidades sus opiniones, entre las cuales fueron favorables las de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Delegaciones de Asociaciones Israelitas de la Argentina (DAIA) y la organización vinculada con la Justicia FUNDEJUS.

En forma crítica se pronunció la Conferencia Episcopal Argentina (según se consigna en la página oficial del ministerio de Justicia); mientras Poder Ciudadano se abstuvo de dar opinión porque fiscalizará el proceso de selección, en tanto la ONG relacionada con la Justicia, FORES, anunció que recié dará una opinión cuando cuente con todos los antecedentes y declaraciones patrimoniales y juradas de la postulante, informó un vocero ministerial.

La Asociación de Jueces para la Democracia, con sede en Ecuador, fue la única de las entidades internacionales consultadas que emitió una opinión y fue favorable a la jueza.

En forma voluntaria, sostuvieron la candidatura la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el Colegio de Abogados de Reconquista (Santa Fe), la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (de la que Argibay fue presidenta), el Colegio de Abogados de La Matanza, la Asociación Mutual Mujeres de Buenos Aires, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y el Consejo Permanente de Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales, entre otros.

En esa líneas también se encuentran las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza de Mayo y Asociación Madres de Plaza de Mayo.

De forma negativa y voluntariamente, se expresaron el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el partido Recrear de la Capital Federal (del ex ministro delarruista Ricardo López Murphy), y entidades religiosas como la Asociación para la Defensa y la Promoción de la Familia (PRO FAMILIA), el Instituto Superior del Profesorado «Juan N. Terrero» del Arzobispado de La Plata; y la Institución de Mujeres Consagradas a Dios de la Arquediocesis de La Plata. De igual manera, lo hicieron la Obra de Las Vocaciones Eclesiásticas de la Arquidiócesis de Santa Fe, la Diócesis San Roque (Roque Sáenz Peña, Chaco), la Comisión Arquidiocesana de la Mujer del Arzobispado de La Plata, la Obra de Don Bosco, la Parroquia Nuestra Señora de la Merced (Obispado de San Nicolas) y la Asociación de Escritoras y Publicistas Católicas, entre otros.

(DyN/Télam)

Un acuerdo sin temas trascendentes

La Corte Suprema de Justicia postergó al menos hasta la semana próxima la elaboración de una agenda de «temas trascendentes» que deberá abordar en los próximos meses, dijeron ayer fuentes del alto tribunal.

Si bien no se esperaban pronunciamientos resonantes en el primer acuerdo del año, voceros del tribunal habían deslizado ayer que probablemente se fijaría ayer una suerte de calendario para analizar las causas de mayor relevancia que esperan un pronunciamiento de los ministros. Pero esa agenda quedó, en principio, para el acuerdo del martes próximo, según dijo la Oficina de Prensa del máximo tribunal.

La única decisión que adoptó la Corte durante el «acuerdo corto» de ayer -duró una hora, dijeron fuentes judiciales- fue la de publicar en internet todos los gastos y movimientos de dinero del alto tribunal.

Con los siete ministros que componen el cuerpo, la Corte se reunió por primera vez en 2004 y con el debut en la presidencia de Enrique Petracchi, quien sucede en el cargo a Carlos Fayt, titular interino hasta finales del año pasado.

Empleados judiciales aguardaban para ayer un pronunciamiento sobre un viejo reclamo de los trabajadores de la Corte, como el pago de un retroactivo correspondiente a los 200 pesos mensuales otorgados como aumento salarial por el gobierno para el sector privado.

La mayoría de los trabajadores ya cobraron -y continúan haciéndolo- ese adicional, pero los que dependen directamente del alto tribunal siguen en espera y la Corte tampoco resolvió ayer el tema.

No obstante, fuentes del cuarto piso del Palacio de Tribunales dijeron que el administrador general de la Corte, Nicolás Reyes, mantuvo ayer una reunión con funcionarios del Ministerio de Economía para avanzar en una solución.

También quedó para resolver la semana próxima la situación del camarista federal salteño Ricardo Lona, sometido actualmente a un Jury de Enjuiciamiento por su presunta responsabilidad en la llamada «Masacre de Palomitas» y por su participación como «albacea» (administrador de bienes sucesorios) de un acaudalado hacendado de su provincia.

Lona planteó a la Corte que deje sin efecto su juicio político y si bien el tema rondó la mesa de acuerdos esta mañana, tampoco hubo pronunciamiento. Cuando el Consejo de la Magistratura envió el expediente a juicio político, Lona presentó la renuncia ante el Ministerio de Justicia, que a pedido de los consejeros no la aceptó.

Lona llegó entonces a la Corte pidiendo que su juicio político sea archivado atento a su voluntad de alejarse del Poder Judicial, y el máximo tribunal aún tiene pendiente ese recurso. En el caso está excusado Petracchi, pues es íntimo amigo de Lona, a punto tal que el juez salteño es padrino de uno de sus hijos. El Jury de Enjuiciamiento tiene previsto emitir su veredicto sobre la situación de Lona el 18 de febrero a las 10. Finalmente, la Corte oficializó, mediante una acordada, la designación del ex embajador, ex vocero de la cancillería y periodista Albino Gómez como nuevo portavoz del alto tribunal. La acordada aclara que la función de Gómez será «ad honórem».

Garantizan

que habrá neutralidad

El viceministro de Justicia, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, aseguró ayer que esa cartera va a garantizar una posición neutral en el debate que se impulsa para que ciudadanos particulares y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) expresen su opinión «a favor o en contra» de la designación de la jueza Carmen Argibay como miembro de la Corte Suprema. Ortiz de Rozas admitió que «hay más mujeres juezas o profesionales con excelentes condiciones para acceder a la Corte», en caso de que Argibay no se integre al tribunal.

El viceministro de Justicia respondió además a los cuestionamientos de algunas mujeres representantes de organizaciones no gubernamentales que apoyan a Argibay y ayer denunciaron ante el Ministerio de Justicia que en el sitio de Internet de esa cartera «se favorece la publicación de cartas en contra» de la magistrada.

Ortiz de Rozas aclaró que el Ministerio lleva adelante la publicación de las cartas «sin ningún tipo de toma de posición o de preferencia» y explicó que «se trata simplemente de informar y favorecer la polémica o intercambio de opiniones de la ciudadanía», aunque admitió que «hubo una carta en cadena que llamó la atención» que envió una organización no gubernamental que implicó objeciones de «8 mil personas» a la vez.

El funcionario indicó que esta vez se modificó la forma de la publicación de las opiniones a partir de «un pedido de organizaciones representativas como Poder Ciudadano, para hacer más transparente, por eso ahora publicamos las cartas a medida que van llegando».

Ortiz de Rozas admitió que en el proceso de designación de Zaffaroni la metodología de consulta fue distinta, ya que «se esperó hasta el final del lapso de consulta, para publicar las opiniones a favor y las objeciones».

Más allá de esas aclaraciones, el funcionario destacó que «ha habido una gran movilización ciudadana, tanto por parte de opiniones críticas como de opiniones favorables» y agregó que «una muestra» de eso «son el grupo de organizaciones que recibí ayer» en defensa de la designación de la jueza Argibay. (DyN)