Vicisitudes y modalidades de los sobornos en la historia nacional

Entregas de tierras a allegados al poder; contrabandos; falsificaciones de la moneda, y no envío de fondos a España por complicidades entre las autoridades del virreinato local y de la metrópoli, fueron comprobados en la época de la Colonia.

Santiago de Liniers fue el militar que avisó al virrey Rafael de Sobremonte, en junio de 1806, acerca de la presencia de buques ingleses en el río de la Plata. El funcionario huyó hacia Córdoba con oro y plata del tesoro real y joyas donadas por damas de la sociedad porteña para aportar recursos para la defensa de la ciudad y ordenó a la caballería permanecer a su retaguardia para protegerlo. Cuando hizo un alto en Luján, los invasores lo alcanzaron y se apoderaron de la fortuna, que luego se embarcó a Londres (Gran Bretaña). Liniers lideró la reconquista de Buenos Aires, y tuvo con su hermano una fábrica de pastillas de carne y gelatinas que abastecieron a los buques y los hospitales sin pagar impuestos.

Comerciantes se convirtieron en terratenientes por las tierras públicas que recibieron entre 1822 y 1830, por el régimen de enfiteusis impulsado por Bernardino Rivadavia, a quien se lo responsabilizó del primer empréstito externo de la provincia de Buenos Aires, pactado con la británica Casa Baring. Contratado el 1º de julio de 1824, fue por un millón de libras esterlinas para restaurar el muelle porteño e instalar agua corriente en la ciudad de Buenos Aires; fundar tres ciudades sobre la costa bonaerense, y establecer pueblos en la nueva frontera. De esa suma, sólo se recibieron 560.000 por las deducciones de comisiones anticipadas y gastos de intermediarios… Ese dinero habría servido para solventar gastos de una guerra inminente con el Brasil; otorgar préstamos y descuentos de documentos a comerciantes e importadores, y luego incrementar el capital del Banco Nacional. Pese a que hubo devoluciones parciales, recién en 1837 se acordó una refinanciación y reconocieron intereses atrasados por… 1.641.000 libras esterlinas… Más allá de que se contrataron otros préstamos con Londres para diferentes destinos, en agosto de 1890 lord Lidderdale, gobernador del Banco de Inglaterra, advirtió a la Baring “que estaba aceptando demasiadas letras de su agencia argentina”. En noviembre, llegó la noticia de que la Baring no había conseguido colocar sus títulos locales y tal vez tendría que suspender pagos. Aquella primera deuda se habría finalmente saldado a principios del siglo pasado.

Cuando concluía el siglo ‘19, se entregaron más tierras -fiscales- a amigos y testaferros de los gobiernos, gratuitamente o a precios viles, y concesiones de servicios y obras de infraestructura a inversores que aportaron escasos capitales.

Detractores de Bartolomé Mitre lo acusaron por lo menos de impericia, ante el enriquecimiento de proveedores del ejército en la guerra que la Triple Alianza mantuvo con el Paraguay.

En la presidencia de Agustín P. Justo estalló “el escándalo de la Chade”, por la concesión del servicio eléctrico en la ciudad de Buenos Aires a la Compañía Hispano Americana de Electricidad, una filial de Sofina (Societé Financiere de Transports et d’Entreprises Industrielles), perteneciente a grupos europeos con sede en Bélgica. La Chade, que pasó a llamarse Compañía Argentina de Electricidad (Cade), y la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (Ciae) se repartían, en 1936, el suministro del servicio en el Gran Buenos Aires y Rosario. Ambas eran titulares de los contratos realizados en la primera década del siglo veinte, con concesiones por 50 años, pero la Chade había adquirido en 1929 la concesión original obtenida por la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (Cate). La situación era controlada entonces por Concordancia, alianza de los partidos Demócrata Nacional (PDN), la Unión Cívica Radical Antipersonalista (Ucra) y Socialista Independiente (PSI), que dominaba a la oposición, representada por los partidos Socialista y Demócrata Progresista. Investigaciones reflejaron incumplimientos e irregularidades de las empresas, que en ciertos casos constituían delitos penales o riesgos para la seguridad pública, por lo que se planteó controlarles las tarifas y verificarles los costos y las cobranzas indebidas. En octubre de 1933, cuando proyectos elaborados por consenso estaban por tratarse, los oficialistas cambiaron de opinión y recurrieron a una comisión de conciliación con las concesionarias. Más adelante se comprobaría la apertura de una caja de seguridad en el City Bank por uno de los implicados y grandes depósitos en su cuenta, así como la intervención del ministro de Hacienda, el socialista independiente Federico Pinedo, para evitar que se sancionaran los proyectos de marras. No faltó un dictamen favorable a las concesionarias, por lo que pudieron aumentar la tarifa. La comisión de conciliación favoreció a la Cade y representantes de algunos partidos se retiraron de la misma. Sorpresivamente, el intendente Mariano de Vedia y Mitre vetó la ordenanza de conciliación, el 10 de enero de 1934, y puso al descubierto graves irregularidades y violaciones a los términos de las concesiones. Como no hubo conciliación, se recurrió a un tribunal arbitral, cuyo laudo estableció que la Chade había aplicado tarifas indebidas durante una década. Las diferencias no fueron devueltas a los usuarios, por demoras de los tribunales y apelaciones de la empresa a la Corte Suprema.

La Chade se “argentinizó” en la segunda mitad de la década del ‘30 atemorizada por los riesgos que generaba la guerra civil española. Trasladó su sede central de Barcelona a Buenos Aires y adoptó el nombre de Compañía Argentina de Electricidad (Cade).

Daniel Heineman, presidente de Sofina, viajó a la Argentina a mediados del ‘36, para “persuadir” a políticos para que renovaran las concesiones. Uno de ellos habría sido Roberto Marcelino Ortiz, entonces ministro de Hacienda y futuro presidente de la Nación. Los sobornos a concejales radicales fueron evidentes y cuando los honestos que hubo intentaron abortar el negociado, apareció Marcelo Torcuato de Alvear, quien debía financiar su candidatura a presidente por la Unión Cívica Radical (UCR) del año siguiente. El 29 de diciembre de 1936 se aprobaron las ordenanzas 8028 y 8029 que prorrogaron las concesiones para la Chade-Cade y la Ciae o Italo.

El general Pedro Pablo Ramírez, tras participar del derrocamiento del presidente Ramón Castillo, el 4 de junio de 1943 y asumir el gobierno tres días más tarde, formó una comisión para que investigara las prórrogas de las concesiones. La misma terminó su trabajo el 27 de mayo del año siguiente y propuso retirarle a la Cade su personería jurídica, anular las prórrogas y reducir las tarifas. Su informe no se publicó hasta 1956 y los proyectos no fueron tratados por decisión del vicepresidente Juan Domingo Perón. La Cade sería una de las pocas empresas no estatizadas durante los gobiernos peronistas, tal vez porque colaboró con la campaña electoral de Perón.

Durante la presidencia de Justo, el senador demócrata progresista Lisandro de la Torre reveló maniobras fraudulentas entre representantes de frigoríficos ingleses y funcionarios del gobierno. Por revelarlas en el Congreso, intentaron asesinarlo en el recinto, salvándose porque se interpuso el legislador Enzo Bordabehere, quien sí murió. Posteriormente, De la Torre se suicidó.

En Avellaneda (provincia de Buenos Aires) anduvieron el caudillo Alberto Barceló y su guardaespaldas Juan Nicolás Ruggiero, conocido como “Ruggierito”, quien concentró poder con el juego clandestino, la prostitución y el fraude electoral hasta que lo asesinaron.

Las hermanas María Antonia y María Luisa Pereyra Iraola vendieron terrenos que poseían al lado del actual Círculo Militar, en la ciudad de Buenos Aires, en 1934. Dos intermediarios los ofrecieron al entonces Ministerio de Guerra a 1,10 peso el metro cuadrado, pese a que no valían 20 centavos… Aparte, Baldasarre Torres y Casás -los intermediarios- vendieron al Gobierno tierras en El Palomar (provincia de Buenos Aires), de las que ni siquiera eran dueños, en 2,5 millones de pesos, y sin desembolsar nada ganaron como gestores un millón… Un desfalco al tesoro fue investigado por el senador conservador Benjamín Villafañe y al darse por aludido el presidente Ortiz, ofreció su renuncia, que no le fue aceptada.

El periodista y escritor Emilio J. Corbière recordó que “(Arturo) Frondizi fue sometido a una comisión investigadora por irregularidades en los contratos petroleros.

La última dictadura militar se caracterizó por su tremenda violencia criminal y apropiaciones, con torturas, vejámenes, desapariciones o muertes. Familiares de demasiadas víctimas de secuestros por fuerzas armadas y de seguridad pagaron para que pudieran salir del país y muchas veces lo hicieron infructuosamente, sin obtener nada a cambio. En ocasiones, las víctimas fueron despojadas de sus propiedades, las cuales se transfirieron fraudulentamente con complicidad de escribanos y jueces.

En el endeudamiento externo provocado por el absurdamente denominado “Proceso de Reorganización Nacional” proliferaron las maniobras ilegítimas; los autopréstamos; los aportes de capital disfrazados de préstamos; las declaraciones de deudas por inversiones no realizadas, y las sobrefacturaciones en compras y pagos al exterior de empresas locales y extranjeras, que el Estado asumió como propias, sin cuestionarlos.

Las privatizaciones en los gobiernos de Carlos Saúl Menem, procuraron justificarse -según Horacio González, sociólogo y director de la Biblioteca Nacional- como “el intento de parar la corrupción en el Estado; luego se demostró que la corrupción es pública y privada”. Las transferencias de empresas estatales se hicieron en oportunidades a precios inferiores a los reales, mediante sobornos y cohechos, e incluso redes tramadas entre funcionarios del gobierno y entidades financieras para el lavado de dinero. La reestructuración de la deuda externa se concretó con pagos de exageradas comisiones. La complicidad de funcionarios contribuyó a que se contrabandearan armas y metales preciosos; se simularon exportaciones de automotores para percibir reintegros, e hicieron licitaciones “truchas” en bancos estatales. Con la colaboración de magistrados y legisladores, fueron “protegidas empresas”. De esa época, se recuerdan: la leche contaminada; los guardapolvos de Bauzá; la valija de Amira Yoma; el Yomagate; el Swiftgate, y el episodio IBM-Banco Nación, entre otros.

Durante los mandatos kirchneristas, desaparecieron fondos de Santa Cruz. Sociedades y prestanombres buscaron quedarse con la impresión de moneda, como Amado Boudou, vicepresidente de la Nación, acusado por el delito de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, por el caso Ciccone.

Southern Winds fue una aerolínea de origen argentino que en un vuelo a España, a fines de 2004, transportó cuatro valijas sin dueño ni identificación con 60 kilogramos de cocaína. El incidente, denunciado por la compañía, trascendió en febrero de 2005, momento en el cual el Gobierno le canceló el subsidio al combustible, lo que precipitó el colapso empresario. Esto comprometió a funcionarios de la línea y a la cúpula de la Fuerza Aérea Argentina encabezada por el brigadier general Carlos Alberto Rohde.

El venezolano Antonini Wilson trajo una valija con dólares para alguien del gobierno. Se enriquecieron, exageradamente, Ricardo Jaime, cuando era secretario de Transporte, y otro tanto les ocurrió a Julio De Vido, ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios, y José López, secretario de Obras Públicas. Las compras a Brasil de los aviones “Embraer” se pactaron con sobreprecios.

Hubo licitaciones adjudicadas a personajes muy cercanos al poder, como Lázaro Báez, involucrado en el lavado de dinero, quien con necesidad y urgencia elevó a 4.500 las tragamonedas en el hipódromo porteño de Palermo y compró 360 estaciones de servicio de Petrobras con 1.200 millones de pesos de impuestos no pagados. A su vez, Cristóbal López, consiguió que el Banco Central (Bcra) le aprobara la compra del banco Finansur mientras pretendía quedarse con los bingos porteños, entre tantísimos negocios. A precios irrisorios, terrenos fiscales fueron adquiridos por kirchneristas en El Calafate (Santa Cruz); por allí alquilaron habitaciones sin pasajeros en hoteles de Hotesur -en cuya propiedad está involucrada la familia presidencial-, para derivar fondos espurios; esto se vinculó con la investigación del patrimonio de los Kirchner, causa de la cual se desplazó al juez Claudio Bonadío para ubicar a Daniel Rafecas, quien ordenó el traslado de la documentación de 40 operativos de la Policía Metropolitana a la Prefectura. El Ministerio del Interior y Transporte compró vagones ferroviarios usados en España y Portugal. El programa de viviendas “Sueños Compartidos”, involucró a la Asociación Madres de Plaza de Mayo por las participaciones de Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender; y resulto una descomunal estafa. No se verificaron las importaciones de gas licuado por Enarsa, en las que asesoró Roberto Dromi, que fue el “ideólogo” de la venta de YPF a Repsol. A la distribución discrecional de publicidad oficial; se sumaron mas de 6.000 millones de pesos que costó el programa televisivo “Fútbol para Todos” en un quinquenio. Y siguieron los casos.

Más allá de la muerte del fiscal Alberto Nisman, encontrado con un disparo en la cabeza en su departamento del porteño barrio de Puerto Madero, horas antes de dar a conocer en el Congreso su denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, muchas personas recuerdan otras muertes dudosas:

– El brigadier Rodolfo Echegoyen falleció el 13 de diciembre de 1990, un mes después de renunciar a la administración general de Aduanas. El hecho fue calificado como suicidio. Lo encontraron con un balazo en la cabeza, cuando investigaba las relaciones entre oficiales de la Fuerza Aérea y firmas de servicios del aeropuerto de Ezeiza, algunas vinculadas al empresario Alfredo Yabrán, cercano a Menem. Después de siete años, la Justicia comprobó que el arma no fue disparada por Echegoyen.

– A Yabrán se lo investigó como instigador del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, de la revista “Noticias”, ocurrido el 25 de enero de 1997, por captar y difundir la primera fotografía que se conoció públicamente del empresario. Sobre Yabrán existían sospechas de lavado de activos. Apareció con un tiro en un campo de Entre Ríos, el 20 de mayo de 1998 y su cadáver nunca se mostró.

– Marcelo Cattáneo estuvo involucrado en el caso IBM-Banco Nación porque dos ex directores de la entidad financiera lo acusaron de que los pretendió coimear para que firmaran un contrato para la provisión de software. Cattáneo fue encontrado ahorcado en la Ciudad Universitaria, en el barrio porteño de Núñez, en octubre de 1998. Se dijo que fue un suicidio inducido.

– Lourdes Di Natale, fue una secretaria de Emir Yoma que en octubre de 1998 lo denunció por cobrar coimas en el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, hecho asociado con la explosión de la fábrica militar de Río Tercero. Eso llevó a la cárcel al ex cuñado de Menem y, posteriormente, al ex presidente. El 1° de marzo de 2003, Di Natale apareció muerta en el patio del edificio donde vivía en la ciudad de Buenos Aires tras caerse desde el décimo piso. Las versiones aludieron a que se suicidó. En 2012, Giuseppe Di Natale, su padre, reveló que había sido amenazada.

Los Kirchner fueron exageradamente generosos en retribuir a sus colaboradores: Raúl Ulloa, chofer; Ricardo Barreiro, jardinero, y cinco secretarios privados demostraron exponenciales aumentos patrimoniales.

Las derivaciones de cuentas de argentinos sin declarar en el banco Hsbc sucursal Ginebra no dejan de sorprender. En la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) por asociación ilícita, figuran personas y firmas que cometieron delitos económicos previos. A fines del año pasado, Ricardo Echegaray, titular de la Afip, denunció penalmente al Hsbc por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas ilegales de 4.040 argentinos sin declarar en aquella sede suiza.

Fiscales federales alertaron sobre el crecimiento de las actividades de narcotraficantes. Aparecieron organizaciones más complejas y otras en localidades pequeñas; se incrementaron los decomisos de drogas; fueron modificadas las rutas del tráfico, y se consolidó la fabricación de cocaína, según el informe 2014 del Ministerio Público Fiscal, presentado el 28 de julio pasado.

Cinco días después, tomaron mayor estado público las causas por ventas de efedrina a México y Colombia y el triple crimen de General Rodríguez (provincia de Buenos Aires). Se vincularon con la investigación judicial por el lavado de dinero de laboratorios que aportaron a la campaña electoral de CFK, en el 2007. La presidenta respaldó a Aníbal Fernandez, jefe de Gabinete, ante las acusaciones que le hicieron como supuesto jefe encubierto de la banda que reexportaba efedrina a México y sus relaciones con los autores del triple crimen. Respecto de la denuncia del programa de televisión “Periodismo para Todos”, de Canal 13 de Buenos Aires, la mandataria aseveró que “esas cosas nunca terminan en nada, como todas las denuncias, y que tuvieron una clara intención electoralista y de perjudicar” a Fernández cuando era precandidato por el oficialismo a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

La falta de controles de las importaciones de efedrina por 480 millones de dólares de China y la India influyeron para que la jueza María Romilda Servini de Cubría procesara a José Granero, por el supuesto desvío de 40 toneladas de efedrina a los carteles del narcotráfico, por lo que tuvo que dejar la titularidad de la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).

El “Internacional Narcotrafic Control Strategy Report”, un informe del Departamento de Estado norteamericano, subrayó cómo se nutre aquí la industria del narcotráfico con los precursores químicos. Puntualizó que “la efedrina entra al país desde el extranjero, frecuentemente desde la India”.

Miguel Ángel Fuks