Víctimas y victimarios

HUGO ALONSO

halonso@rionegro.com.ar

En una época donde las investigaciones sobre las conductas de funcionarios de gobierno nacen con el descrédito mayoritario, por la extensa lista de hechos impunes en el país y esta provincia, la condena impuesta esta semana al ex secretario de Hacienda de Roca, Oscar Carballo, emerge como un signo alentador.

Que un proceso haya transitado por todas las instancias hasta culminar obligando a una persona a poner dinero de su bolsillo para reparar el daño ocasionado al erario público, aporta -aunque sea una pizca- mayor confianza en el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Carballo fue considerado culpable por la adquisición, a través de procedimientos sin validez, del software que se utiliza desde hace seis años en la comuna. Por ello deberá depositar, si la resolución del Tribunal de Cuentas queda firme, 216.000 pesos, la cifra más alta que se recuerde en todos los juicios de responsabilidad realizados a ex funcionarios locales.

Ahora bien, ¿es posible que un secretario de Hacienda pueda pergeñar una maniobra que sabe no permitida por las normas vigentes sin que nadie del gabinete municipal advierta la posibilidad de un perjuicio?

La compra del sistema informático roquense se realizó por licitación, con fondos de un crédito que imponía la intervención de la Unidad Ejecutora Provincial y a través de contratos con las empresas proveedoras de los servicios que, más allá de las firmas en los papeles, no podían permanecer ajenos al conocimiento del máximo responsable del Poder Ejecutivo, es decir el entonces intendente, Ricardo Sarandría.

La exclusividad de la culpa atribuida a Carballo genera en consecuencia flancos débiles para la resolución del Tribunal de Cuentas.

El contador condenado no tuvo que hacer demasiado esfuerzo para presentarse ante la sociedad roquense como una víctima de una campaña de desprestigio montada con fines políticos, recordando que el órgano contralor también lo investiga por la negociación de un pagaré con el gremio UPCN y por las multas que el actual gobierno tuvo que pagar a la AFIP producto de aportes no realizados durante la gestión anterior.

Lo que debe quedar claro es que abundan razones para investigar estos tres episodios. La transformación arbitraria de un sistema «llave en mano» en una garantía de exclusividad para que sólo la empresa Jotafí pudiese arreglar o modificar las computadoras del municipio es motivo suficiente para indagar por qué se tomó tamaña decisión. El canje de un documento a un gremio por dinero en efectivo, idéntico hecho al que complica y mucho a funcionarios de la gestión de Atilio Feudal en los tribunales de Bariloche, también es digno de explicaciones. Y un eventual incumplimiento con el fisco, de parte de una estructura que al mismo tiempo reclama a los contribuyentes que paguen sus tasas, mucho más.

Ocurre que la atribución unidireccionada de todos los males que aquejaron a la comuna durante los últimos años puede transformarse en un bumerán para el organismo encabezado por Juan Huentelaf e integrado además por Adriana Martínez y Osvaldo Rodríguez.

Sumado a esto, más endeble podría aparecer la imagen del Tribunal de Cuentas si al analizar sus procedimientos se recuerda que cuando debió investigar al intendente, Carlos Soria, por el uso de un vehículo del municipio con fines un tanto alejados de las tareas oficiales, su rigurosidad dejó bastante que desear y el jefe comunal nunca incluyó el episodio entre su lista de preocupaciones.