Corrupción: la justicia argentina, muy lejos de los tiempos de Brasil

Hay algo sobre la justicia argentina que pocos niegan: es lenta y se mueve al ritmo del oleaje político. La crisis política en desarrollo en Brasil, que puso en la cuerda floja a otro presidente, esta vez Michel Temer, ha vuelto a demostrar las diferencias de tiempos con que se mueve la justicia brasileña respecto a la de nuestro país. Las causas más impactantes llevan en promedio entre cuatro y cinco años de instrucción, ante de que se encaminen hacia un juicio oral.

Del último gobierno kirchnerista: una ex presidente, un ex vice, dos ex jefes de gabinete y media docena de ex ministros y varios ex secretarios de Estado, familiares, socios y amigos, todos involucrados en hechos gravísimos de corrupción. En las causas más relevantes, la instancia más lejana a la que llegó la justicia federal fue la de procesamiento. El mundo empresarial apenas se vio rozado por la detención del outsider Lázaro Antonio Báez.

Lava Jato, la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil, salpicó a líderes de los principales partidos, entre ellos Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso. Y golpeó duramente a Dilma Rousseff, destituida por alterar números del déficit.

En Brasilia la Justicia avanzó sobre monumentales empresas. Afectó a la constructora Odebrecht, a Petrobras y también a la empresa frigorífica JBS, cuyo presidente grabó secretamente una conversación con Temer sobre el pago de sobornos.

En Argentina, las causas avanzan lejos de ese vértigo. En general, las que comienzan en una gestión presidencial, recién avanzan, y a módica velocidad, cuando cambia de signo el poder.

Cristina Kirchner es investigada por media docena de delitos graves. En las causas “Los Sauces” (2011), “Hotesur” (2015), “La ruta del dinero K” (2013), se investiga si formó parte de una asociación ilícita dedicada a direccionar los fondos de la obra pública y otros negocios con empresarios amigos, como Báez y Cristobal López, y recibir luego retornos a través de operaciones inmobiliarias. El único detenido es Baéz. Los funcionarios involucrados no pasaron del procesamiento.

Cuando Amado Boudou aún era jefe de Economía, intentó quedarse con la empresa Ciccone para la impresión de billetes y documentación oficial. Durante la investigación fueron apartados un juez, un fiscal e incluso un procurador de la Nación. Tras el cambio de gobierno, quedó al borde del juicio oral.

Los funcionarios con cuentas en la justicia conforman una lista abultada. Sobresale Julio De Vido, ex ministro de Planificación, procesado por la tragedia de Once e investigado en causas que van desde el lavado a fraude a la administración pública. También, Ricardo Jaime y José López ( detenidos) y los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, y el ex titular de Comercio, Guillermo Moreno.

La justicia sí mostró celeridad al sobreseer a una decena de funcionarios del actual gobierno. Entre otros, la vicepresidente Gabriela Michetti, en la causa sobre el origen del dinero sin declarar que robaron de su casa. Para el titular de la Aduana, José Gómez Centurión, la Justicia le dictó falta de mérito en una denuncia sobre una red de contrabando.

El presidente Macri también tuvo buenas noticias. Fue sobreseído de la causa por escuchas ilegales en la que estuvo procesado cuatro años antes de llegar al poder. Y por ahora, no inquietan los Panamá Papers y parece aplacado el caso del Correo.

Carrió: ”Hay orden de proteger a De Vido”

La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, alertó sobre una “orden escrita de ‘omertá’” para proteger al exministro de PlanificaciónJulio De Vido y evitar que se amplifique el caso Odebrecht, en una operatoria en la que involucró a jueces, empresarios y sectores del gobierno.

En la misma línea, la jefa del GEN, Margarita Stolbizer, sugirió “preguntarse” por qué las “investigaciones” contra De Vido y Odebrecht “no están avanzando” al advertir que el país adolece de una “Justicia deficiente”.

Carrió advirtió que “hay un lobby” para preservar la figura de De Vido, al afirmar que si el ex ministro destapa la “contribución a las campañas políticas” y las “coimas”, entre otros temas, podría “comprometer a todos: empresarios, banqueros, jueces y miembros de tribunales supremos, y eso incluye al gobierno de (Mauricio) Macri”.

“Algunos de este gobierno, no Mauricio, pueden querer que se proteja a De Vido porque les hacía favores a todos, los gobernadores y los intendentes. Acá hay una orden: proteger a Aníbal (Fernández) y De Vido. Hay una orden escrita de ‘omertá’”, dijo, para que la mano de la Justicia no llegue al diputado del FpV.

Stolbizer, por su parte, si bien dijo que “no podía adjudicar responsabilidades”, sugirió “preguntarse por qué razón estas investigaciones no están avanzando, y por qué este gobierno ha permitido que las obras de Odebrecht, que se sabía que tenían sobreprecios y pagos de soborno, han seguido existiendo”.

La legisladora apuntó que la administración de Macri “declaró la nulidad de algunas concesiones que se habían dado” y se preguntó “por qué razón no lo hicieron” con los emprendimientos de la empresa brasileña.

“Hay que empezar a mirar con mucho cuidado de qué manera establecemos un acuerdo para impedir que se continúen y repitan” estas prácticas, dijo.

En Brasilia la Justicia avanzó sobre monumentales empresas. Afectó a la constructora Odebrecht, a Petrobras y la frigorífica JBS.

En general, las causas que comienzan en una gestión presidencial, recién avanzan, y a módica velocidad, cuando el poder cambia de signo político.