Sumarios a policías por el caso Muñoz

Sumarios a policías por el caso Muñoz

Un equipo de abogados de la Jefatura de la Policía de Río Negro llegó ayer a Bariloche y, sin perder tiempo, comenzó con las primeras diligencias de las auditorías y los sumarios internos del personal policial, que cumple funciones en el Cuerpo de Seguridad Vial de esta ciudad, la comisaría 42 y la Unidad Regional Tercera.

El gobierno rionegrino pretende con los sumarios establecer qué roles y funciones desempeñaron los policías de esas unidades en la búsqueda del oficial ayudante de la Policía provincial, Lucas Muñoz, cuyo cadáver hallaron el 10 de agosto tirado en un descampado, con un balazo en la nuca.

Altas fuentes policiales informaron ayer que los abogados se instalaron en las instalaciones donde funciona el Cuerpo de Seguridad Vial, que estuvo a cargo del comisario David Paz, quien pasó a disponibilidad por orden del gobernador Alberto Weretilneck. Paz está imputado en la investigación que lleva adelante el fiscal Guillermo Lista por presunto entorpecimiento policial en la búsqueda de Muñoz.

Además, Maximiliano Morales y Luis Daniel Irusta cumplían funciones en el Cuerpo de Seguridad Vial a las órdenes de Paz. Ambos están imputados por haber allanado sin orden judicial la noche del 14 de julio pasado la habitación que alquilaba Muñoz en el complejo de Moreno y Frey de esta ciudad. Morales y Muñoz revisaron las pertenencias y la computadora del oficial, cuyo paradero entonces se desconocía.

Policía detenido

Irusta está detenido desde el 7 de agosto porque violó la orden del juez de la causa, Bernardo Campana, y se ausentó de Bariloche sin autorización judicial. Campana debe resolver en los próximos días la situación procesal de Irusta. Morales no está detenido porque siempre estuvo a disposición de la justicia, explican en Tribunales.

El juez procesó con prisión preventiva al oficial Federico Valenzuela Campos y al sargento Néstor Meyreles como presuntos autores del delito de encubrimiento agravado por su condición de funcionario público y de abuso de autoridad.

Lista les atribuye el hecho que ocurrió el 15 de julio cuando Meyreles, en acuerdo con Valenzuela Campos, compró una línea telefónica a nombre de Muñoz a un comerciante amigo en Catriel, que vende celulares. Meyreles dio el nombre y el documento de identidad del policía desparecido. Lo hizo sin autorización judicial y cuando la investigación para ubicar a Muñoz estaba en marcha.

El crimen de Muñoz puso en apuros al gobierno provincial y Weretilneck anunció sumarios, la intervención de la Unidad Regional Tercera y el pase a disponibilidad de jefes policiales y oficiales.

Allanamiento

Ayer, personal de la PSA allanó por tercera vez la comisaría 42 y secuestraron elementos a pedido de Lista.

Allí, los abogados de la Jefatura de la Policía se instalarán para hacer los sumarios de todo el personal de la comisaría 42, donde cumplía funciones Muñoz, y la auditoría.

El mismo trabajo se hará en la Unidad Regional Tercera. El equipo lo encabeza la abogada Vanesa Guzmán de la Jefatura, mientras que el grupo a cargo del subcomisario Marcos Sosa del Departamento Control de Gestión Interna de la Jefatura hará las auditorías.

La abogada Vanesa Guzmán de la Jefatura y el subcomisario Marcos Sosa, del Departamento Control de Gestión Interna, encabezan las comisiones.

El dato

Legisladores proponen comisiones y medidas

Legisladores de la oposición reaccionaron con sendas iniciativas ante la situación de crisis generada en la Policía por el crimen de Lucas Muñoz.

Desde el Frente para la Victoria propusieron crear una comisión legislativa destinada exclusivamente al seguimiento de la investigación de ese asesinato.

El FpV propone que quienes la conformen puedan acceder a la documentación y expedientes, requerir informes a organismos públicos y privados; solicitar la asistencia de peritos o expertos.

El proyecto que está firmado por Edith Garro, Raúl Martínez, Marcelo Mango, Jorge Vallazza, Graciela Holtz, María Grandoso, Mario Sabbatella, Elvin Williams, Javier Iud, María Maldonado y Alejandro Marinao.

Por su parte, los legisladores Jorge Ocampos y Daniela Agostino presentaron un proyecto de ley para crear la Auditoría General Independiente de la Policía de Río Negro, que tendrá la característica de organismo externo y autónomo de la institución policial y del Poder Ejecutivo Provincial.