Las heridas que deja la impunidad

Ciertas formas delictivas suelen verse favorecidas por la ausencia de castigo penal. El efecto resultante no deja lugar para la duda, en tanto productor de indignación, angustia y desconcierto colectivo.

Esas formas delictivas se corresponden, muy especialmente, con comportamientos llevados adelante desde estructuras de poder, sean institucionales como políticas, económicas o familiares.

En efecto, desde dichos sitios de privilegio operativo los autores suelen gozar de plenas oportunidades para desplegar sus actos y, a un mismo tiempo, favorecer la inacción de todo el aparato de persecución penal que pudiera activarse en su contra.

Las diversas manifestaciones de violencia institucional, con sus correspondientes segmentos delictuales, constituyen una clara muestra de cuán compleja resulta ser la reacción penal cuando quienes delinquen ocupan posiciones jerárquicas de poder.

La razón de ello es evidente, pues se trata de conductas que pretenden estar investidas de la legalidad inherente a la lógica estatal. A lo cual se suma la capacidad y sobreadaptación de quienes las ejecutan, conocedores de los medios para borrar huellas y todo vestigio del crimen perpetrado.

Otro tanto sucede con las modalidades que asumen la violencia doméstica y de género, inscriptas en una tradición machista y patriarcal que sirve para diluir la magnitud de la agresividad e intolerancia que esas prácticas traen aparejadas.

La impunidad, en términos generales, remite a un fenómeno marcado por la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal en favor de los autores y partícipes de los sucesos delictivos.

Ello por cuanto escapan a toda investigación en miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, e incluso la indemnización del daño causado a sus víctimas.

Es preciso diferenciar la impunidad normativa de la llamada impunidad fáctica o de hecho.

En la primera, sus preceptos están determinados por el derecho positivo vigente a modo de causas legales que, por excepción, inhiben la penalización.

La segunda, en cambio, es una impunidad sin causa justa que se traduce en la no-penalización de personas criminalmente responsables de infracciones formalmente castigadas por la ley.

Lo cierto resulta que la ausencia de una persecución penal efectiva respecto de los crímenes perpetrados desde estructuras de poder se traduce en un resultado esperable: su naturalización.

En efecto, la ausencia de un ejercicio pleno de los aparatos judiciales induce al conjunto de la sociedad a un estado de anomia, desamparo y vulnerabilidad, que atenta contra la cohesión de los lazos sociales y los sentimientos de pertenencia.

Por lo tanto, la impunidad produce una pérdida de referencias con un altísimo efecto desocializador que posibilita el ejercicio abusivo de los poderes dominantes.

Además, la falta de sanción en contextos de criminalidad privilegiada inhabilita las funciones que debe cumplir el Estado en cuanto garante del orden simbólico, la terceridad y los intercambios.

Su costo para las víctimas y sus allegados, así como para las comunidades afectadas, no suele ser objeto de adecuada medición. Quizá ello obedezca a la tendencia, por parte de las instituciones que las favorecen en razón de sus acciones u omisiones, de no asumir la responsabilidad que en ello les cabe.

Reducir los márgenes de impunidad que benefician a quienes delinquen desde posiciones de poder resulta prioritario en una democracia que se precie de tal.

*Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)

La ausencia de una persecución penal efectiva respecto de los crímenes perpetrados desde estructuras de poder se traduce en un resultado esperable: su naturalización.

Por lo tanto, la impunidad produce una pérdida de referencias con un altísimo efecto desocializador que posibilita el ejercicio abusivo de los poderes dominantes.