¿Un uso apropiado del derecho penal?

La diputada nacional Nilda Garré presentó días atrás un proyecto de ley para incorporar al Código Penal la sanción de quien “públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad”. Dicha iniciativa apunta a castigar esas conductas con pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 10.000 a 200.000 pesos. Sin embargo, cuando el responsable se tratare de un funcionario público la pena ascenderá de uno a cuatro años de prisión.

El proyecto fue presentado luego de que algunos miembros del actual gobierno nacional pusieran en duda el número de personas desaparecidas, así como la propia naturaleza criminal de los actos perpetrados desde el corazón del Estado argentino en el período 1976/1983. Los casos de Darío Lopérfido y Juan José Gómez Centurión fueron, en ese sentido, los más resonantes.

El intento de crear esa nueva figura penal trae consigo una serie de interrogantes cuando se lo analiza desde una perspectiva democrática. En lo fundamental, debido a que impacta negativamente contra un valor consustancial a la lógica de nuestro Estado constitucional: la libre expresión de ideas y opiniones.

¿Pero qué sucede cuando esas ideas y opiniones transgreden la evidencia de un suceso histórico debidamente documentado? Y más aún, cuando dicha evidencia se encuentra ratificada por una larga sucesión de sentencias firmes con calidad de cosa juzgada. Tal resulta ser, justamente, el caso del terrorismo de Estado en nuestro país.

La cuestión invita a repensar el rol que le cabe al derecho penal en la sociedad democrática. E incluso a determinar si el aparato represivo del Estado debe ser utilizado contra quien exprese sus ideas y convicciones, incluso de un modo tan agraviante para las víctimas, sus deudos y la sociedad toda.

¿No son acaso las opiniones que más nos disgustan y perturban aquellas sobre las que debemos hacer un esfuerzo adicional para admitirlas, rebatirlas y no censurarlas?

De tamaño favor gozarían los justificacionistas y negacionistas de los muy probados crímenes contra la humanidad si fueran ellos obligados a callar bajo amenaza de una pena a prisión o multa.

Por el contrario, sus afirmaciones debieran ser puestas en crisis con la misma paciencia y método con la que los organismos de derechos humanos vienen desde hace cuatro décadas construyendo “verdad histórica” y “verdad judicial”.

Para impugnar una afirmación es condición indispensable que ella tenga la posibilidad de ser expresada. A partir de allí, conociendo en qué consiste, quién la formula, cuál es su ubicación social y su eventual cargo público, pues entonces será posible rebatirla una y otra vez.

Además, puede que la censura, la prohibición y la persecución penal de expresiones e ideas, aun cuando aquellas contradigan el sentir mayoritario de la población, tengan un efecto paradojal: victimicen a quienes las exponen, a la vez que desmerezcan la calidad democrática de los ofendidos.

Tal como sostiene Roberto Gargarella, los justificacionismos y negacionismos aportan motivaciones y razones adicionales para involucrar a sus artífices en una discusión colectiva.

Ello por cuanto las convicciones de quienes descreen del terrorismo estatal resultan una excelente oportunidad para subrayar el valor de aquello que niegan, y para ayudarlos a pensar en la gravedad extraordinaria de las faltas que defienden.

Podría suceder, entonces, que los justificacionistas y negacionistas requieran de adicionales esfuerzos argumentativos por parte de los ofendidos y de la sociedad, de mejores razones y de mayor soporte empírico. Ante dichos recursos, el acecho penal pierde sentido y efectividad.

¿O acaso se supone que coaccionados por la amenaza estatal van a reconocer los crímenes de los que hasta hoy no están convencidos?

Quizá el remedio para los nostálgicos del terror consista en promover más y mejores instancias de reflexión pública, el estímulo del pensamiento crítico y un mayor compromiso con los valores de justicia y paz.

Un terreno en el cual nunca se han sentido cómodos los artífices de la violencia estatal.

*Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)

¿No son las opiniones que más nos disgustan aquellas sobre las que debemos hacer un esfuerzo adicional para rebatirlas y no censurarlas?

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