Una herramienta contra el delito organizado

Al reformar el Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro que entrará en vigencia en marzo del 2017, la Legislatura provincial resolvió tomar partido por la creación de una agencia de investigaciones penales.

Ella consistirá en un órgano auxiliar del Ministerio Público Fiscal, de carácter profesional técnico-científico, llamado a colaborar en la investigación y persecución de los delitos de acción pública.

En su misión deberá reunir las evidencias y pruebas útiles a fin de que los fiscales puedan actuar ante los jueces reclamando una decisión basada en la verdad, desarrollando su actividad a través de un trabajo multidisciplinario de investigación técnica, científica, criminalística y operativa.

En tanto Policía científica y/o judicial tendrá a su cargo la cooperación técnica criminalística necesaria para el ejercicio de las funciones del Ministerio Público. A partir de ello, su incidencia fundamental se producirá durante la investigación penal preparatoria en los casos que le sean requeridos por los fiscales.

En ocasiones, en conjunto con una dirección de análisis criminal y tecnologías de la información, obtendrá y analizará los datos fácticos suficientes para poder establecer el comportamiento criminal, fijará el mapa del delito, diseñará políticas de persecución criminal y todo otro dato que procure la optimización de la investigación penal.

Cabe asumir que tal opción, por parte de nuestras legisladoras y legisladores, tuvo su origen en la complejidad que le subyace a la cuestión criminal. Y entre aquella, en la experiencia comparada de otros contextos institucionales, en los que la ausencia de cuerpos especializados de investigación guarda relación con la protección que la propia policía le confiere a ciertas modalidades delictivas.

La iniciativa rionegrina viene a llenar un manifiesto déficit en materia de investigación penal. Procura, sobre todo en lo referido a la pesquisa de delitos serios y complejos, impedir que ellas queden a merced de la actuación de una policía contaminada por otros intereses, ajenos al descubrimiento de la verdad.

Años atrás, a la hora de plantearse el mismo desafío en la Provincia de Buenos Aires, el especialista Marcelo Saín sostuvo: “Si el poder político, durante todos estos años, quiso mantener esa institucionalidad era porque tenía interés particular en inmiscuirse en este tipo de investigaciones, a ver qué ocurría en las mismas”.

La futura agencia de investigaciones penales rionegrina podría permitir, además, contar con una fuerza especializada en criminalidad organizada. Algo inédito, en tanto hasta el presente se carece de un sistema adecuado de control del narcotráfico, trata de personas, desarmaderos y otros delitos complejos.

Esa agencia, debidamente supervisada por los fiscales a su cargo, conduciría a minimizar la posibilidad de contar con un Estado integrado por redes policiales que regulen y protejan mercados ilegales.

No deberíamos olvidar que, en ocasiones, los tres grandes mercados ilegales de este país han gozado de protección policial: la trata de personas para explotación sexual y laboral, la venta de autopartes de vehículos robados y el mercado de drogas.

Las preocupaciones en torno al buen gobierno policial no son patrimonio de ningún sector en particular. Por el contrario, en tanto servicio público consustancial a la lógica democrática resulta de interés común el mejoramiento de los estándares que rigen su desempeño y actuación.

De cara a marzo del 2017 el desafío consistirá en crear y poner en funciones esa agencia de investigaciones penales. Así lo ha querido la Legislatura, a la hora de hacerse eco de las preocupaciones de los rionegrinos en materia de seguridad ciudadana.

Y así debería ser ejecutado, si en verdad lo que se pretende es dar respuesta eficiente a los déficits que hasta la fecha venimos sufriendo en materia de investigación y persecución criminal.

*Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)

La futura agencia de investigaciones penales podría permitir, además, contar con una fuerza especializada en criminalidad organizada.