El asesinato que conmueve al poder

BUENOS AIRES (ABA) . – El asesinato del empresario pesquero Raúl «Cacho» Espinosa el 30 de enero de 2003 está lejos de haber sido un episodio policial más. A saber, por los datos recabados por la justicia y en ámbitos parlamentarios, el crimen al menos pone en el tapete el oscuro mecanismo del financiamiento político, que en este caso involucraría al propio oficialismo.

En concreto, los acusados de instigar el homicidio (los prófugos Juan Alvarez Cornejo y su hijo Fernando) son los dueños de Conarpesa, firma con numerosos vínculos financieros con el kirchnerismo, que Espinosa había abandonado tiempo antes para fundar la competidora pesquera San Isidro.

«La vinculación de Conarpesa con (Néstor) Kirchner es evidente, así como la financiación -no explícita- con que dicha firma beneficiara en la campaña electoral al actual Presidente», afirmó consultada por «Río Negro» la diputada nacional fueguina Fabiana Ríos, estrecha colaboradora de la líder del ARI, Elisa Carrió.

«La empresa acusada de asesinar a Espinosa pagó parte de la campaña política de Kirchner por la que este le estaría debiendo favores», sostuvo Ríos en su despacho del Congreso.

Y los nombres relacionados con el actual Poder Ejecutivo que mantenían vínculos, tanto con Espinosa, como con la misma Conarpesa, fluyen por todos lados.

Como consta en la causa judicial, tres meses antes de su muerte Espinosa mantuvo una reunión con el actual titular de Infraestructura, Julio De Vido, a quien -según declaraciones de la esposa del difunto, Lorena Galbarrus- le habría planteado manejos cuestionables de Conarpesa y la hipótesis de que podrían atentar contra su vida. Pero D Vido mantiene un férreo silencio sobre la cuestión.

También consta que al regresar de un viaje a España, Espinosa se encontró con que en un acto de Kirchner en Puerto Madryn, Chubut (donde finalmente lo mataron) la pesquera mencionada había prestado todo el apoyo logístico, por lo que muy indignado, Espinosa decidió quitarle toda la publicidad al ahora presidente de su auto de carrera.

En aquellos días los gestos de acercamiento entre el actual primer mandatario y la cuestionada firma eran notables.

A tal punto que al llegar a Madryn -de acuerdo a la narración a «Río Negro» de una fuente de primer nivel- Kirchner fue recibido por Juan Alvarez quien lo llevó a un acto político, y a posteriori concurrieron juntos a ver un partido de básquet donde Conarpesa le entregó a Kirchner una plaqueta. La camiseta del equipo pesquero lleva un slogan de campaña del kirchnerismo

 

«Recaudadores» y maniobras

 

Pero ¿quiénes fueron los encargados de recaudar los aportes de Conarpesa y del propio Espinosa (aunque no aparezcan blanqueados en la declaración de ingresos y egresos) para la campaña presidencial?.

Diversos testimonios señalaron a Rudy Ulloa y Claudio Uberti. El primero fue chofer de Kirchner y ahora es propietario de un multimedio (el diario «El Periódico Austral» y FM del Carmen).

Según un informe de la revista «Noticias» también adquirió un espacio en el Canal 2 de Santa Cruz a Claudio «El Mono» Minicelli, cuñado del ministro De Vido.

Incluso, la misma revista sugiere que al «Rengo» Ulloa se le descubrió un plazo fijo de un millón trescientos mil dólares que -dicen conocidos de Ulloa- sería dinero de los Kirchner.

En tanto, Uberti -sostuvo un allegado a Carrió-, sería quien hoy está al frente de Organismo de Concesiones Viales bajo la férula del influyente De Vido.

Otro nombre que aparece en esta historia es el de Héctor Antonio (hijo del legendario justicialista Jorge Antonio) quien tiene la empresa Pescafina que controla directamente a Conarpesa y tiene su domicilio en el mismo edificio; incluso tienen contratos de comodatos sobre al

gunos barcos, entre otras cosas que prueban el nexo comercial.

Por si fuera poco, de acuerdo a especulaciones recabadas por «Río Negro», Antonio pretendería quedarse con Conarpesa.

Más allá de la cuestión de aportes a la campaña, en palabras de Elisa Carrió «el crimen desnuda una situación de tipo mafiosa en lo que es la disputa por las cuotas pesqueras, una actividad muy vinculada con el Estado donde se manejan cifras millonarias (mueve más fondos que el mercado de la carne).

Desde el ARI aclaran que no existe una relación directa entre el gobierno nacional y el crimen en cuestión, sino que sería una disputa empresaria llevada al plano criminal.

De todos modos, el juez José Meani adelantó que va a llamar a declarar al Presidente y su esposa para que aclaren las relaciones que mantenían con Conarpesa, así como si es cierto que la pesquera aportó a la campaña presidencial (y en ese caso saber porque no lo declararon).

El único detenido es el supuesto ejecutor del asesinato, Domingo «El Bizco» Segundo aunque ahora hay controversias por la autoría.

Un dato más: por la causa pasaron trece magistrados que fueron recusados o excusándose por diversas incompatibilidades; en tanto muchos medios optan por el silencio y por eludir el tema. Como primicia (muestra de la presión que mueve este caso), un funcionario que estuvo 20 años en una aduana de Comodoro y a quien se le pidió que investigara a Conarpesa, fue removido por un hombre cercano a Ulloa.

La investigación sigue, pero hay signos elocuentes que dejan una imagen muy diferente a la transparencia que tanto se declama desde gobierno kirchnerista.