Más de 70 chicos esperan una familia alternativa

La ley 2.302 de Neuquén, inspirada en la Convención sobre los derechos del niño, se ha transformado en un escudo y en una herramienta que modificó estructuras y movilizó al Estado a la atención integral de la problemática que involucra a menores desprotegidos. La norma, sancionada el 6 de diciembre del 2000, estableció la creación de la defensoría del Menor y el Adolescente, que ha confrontado con la estructura estatal y política y -con algunos contratiempos- ha marcado el camino hacia un efectivo cumplimiento de la norma. En medio de una compleja problemática social, sobre todo en la capital neuquina que contiene una amplísima franja de población juvenil, existen media docena de hogares de diferente perfil donde están alojados 71 chicos.

«La ley habla de protección integral, no hablamos sólo de niños y adolescentes sino de la protección del grupo familiar, pero al no estar los padres, se busca a los abuelos o los tíos y eventualmente a algún amigo cercano de la familia. Si todo esto no alcanza porque ninguno de los actores está en condiciones de atender y hacerse cargo del chico o de los chicos, vamos a una familia alternativa, que es la gran carencia que tenemos en este momento», explicó la defensora del Menor y el Adolescente Mónica Amicone.

La falta de familias dispuestas a ampliar su hogar deriva en la razón de ser de las instituciones que contienen a los menores que, en la mayoría de los casos, han sido golpeados, abandonados y/o abusados.

El rol de la Defensoría ha sido fundamental a la hora de modificar conductas y el esfuerzo por endurecer esta ley -encarado por el ex ministro de Seguridad y Justicia, Luis Manganaro- se transformó en un fabuloso elemento de difusión.

Así, a la vez que Manganaro arremetía contra la norma, la ley se fue tomada como modelo por otras provincias. La delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatriz Gentile, dice que la defensoría «es un lujo» y la norma «de avanzada». No obstante, hay carencias que deberían subsanarse para lograr una aplicación plena de la 2.302.

«Muchas veces hacemos derivaciones para tratamientos psicológicos y mandamos a la gente a que se haga tratamientos pero quedan en lista de espera cuando está claro que estos casos no pueden esperar», sostuvo Amicone.

La defensora agregó que desde el organismo están solicitando la incorporación masiva de asistentes sociales para atender y seguir cada uno de los casos de chicos que han sufrido maltrato en sus hogares: «Porque en caso contrario siempre estamos en emergencia».

La irrupción de la Defensoría ha sido un factor de concientización y las denuncias han crecido de manera exponencial. Llegan desde las escuelas, desde los centros de salud y hospitales pero también de los vecinos, de los mismos chicos y de los amigos de esos chicos.

«Lo que se evita con la 2.302 no es la institucionalización sino la judicialización. Y la judicialización de los problemas porque la defensoría toma todos los casos que antes abarrotaban el juzgado de Menores, es el filtro de un juzgado de Familia», detalló Amicone.

Básicamente, el organismo atiende todas las situaciones conflictivas: maltrato, abusos; es decir las situaciones conflictivas en las que hay una vulneración de los derechos del niño. «Cuando agotamos todas las vías de poder solucionar el conflicto dentro de la familia y con la red social, cuando se nos queman los papeles recién vamos a pedirle al juez que intervenga y entonces judicializamos la situación, lo que tampoco quiere decir que vamos a pedir que el juez tome una medida cautelar de sacar al chico de la casa», explicó Amicone.

¿Cómo es la acción en estos casos?

Muchas veces es obligar a los padres a hacer tratamientos, es decir responsabilizarlo de otra manera, que el juez tenga que acreditar la concurrencia al tratamiento o lo que fuera debe cumplirlo justificándolo al juez.

 

RODOLFO CHAVEZ

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