¿El BPN es un banco privado?

JORGE GADANO jagadano@yahoo.com.ar

Entre tantas declaraciones de impacto, algunas escalofriantes, que le conocimos (“yo doy los créditos –del Iadep– y si son para los amigos mejor”, o aquella sobre que entre un corrupto y un pelotudo él se quedaba con el corrupto) hubo una dedicada al BPN: dijo que del banco oficial de la provincia no privatizaría “ni una baldosa”. Después, durante su segundo mandato y en su condición de jefe de partido y de gobierno, hizo que la Legislatura le aprobara el proyecto de transformación del banco en sociedad anónima. La ley 2.351, sancionada a ese fin, dispuso que en adelante el banco se llamaría Banco de la Provincia de Neuquén SA, o bien BPN SA. La ley estableció que la institución debía ajustarse a las normas de los artículos 308 a 314 de la ley nacional 19.550, de Sociedades Comerciales. Esa sección de la ley se titulaba “De las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria”. El artículo 308, primero de la sección, dice que “quedan comprendidas en esta sección las sociedades anónimas que se constituyan cuando el Estado nacional, los Estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto o las sociedades anónimas sujetas a este régimen sean propietarias en forma individual o conjunta de acciones que representen por lo menos el 51% del capital social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias”. Pareció una privatización, pero en realidad lo que quedó privatizado fue el manejo de las compras y contratos. Con la 2.35l vigente el banco que presidía Luis Manganaro –puesto en ese cargo por Sobisch, quien no lo consideraba “un pelotudo”– convirtió en letra muerta la norma de la ley 2.141 que impone el procedimiento de la licitación pública a la administración provincial, los organismos descentralizados y toda otra organización empresarial en la que el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones, “en los aspectos que le sean aplicables”. Manganaro decidió que la licitación pública no era uno de “los aspectos” aplicables al BPN. Ese pensamiento, indispensable para facilitar los negocios, permaneció invulnerable con el paso de los años. Es lo que evidencia una declaración reciente de la gerente general del banco, Adriana Velasco, relacionada con la contratación del sistema informático Bantotal. Al referirse a la empresa proveedora del sistema, HST SA, dijo que intervino en la selección la consultora conocida como “grupo ASSA”. Agregó que agentes de esa misma consultora intervinieron también en la puesta en marcha. Pero como para que no cundiera la alarma porque la intervención de un grupo privado abriera la posibilidad de que se cometiera alguna irregularidad, dio los nombres de las personalidades integrantes de un comité ejecutivo que supervisaría el proceso. Eran el mismo Manganaro, el gerente general José Oser, el gerente de Sistemas José Luis Rueda y ella. Y por si hacía falta, aclaró que esa misma consultora fue la que intervino en el replanteo de los términos económicos del contrato, asunto éste que está siendo investigado por la Justicia penal. Y más todavía: el entonces vicepresidente del grupo ASSA, contador Luis Abelardo Hoch, era amigo de Sobisch quien, si alguien objetara esa relación, bien podría decir: “Yo doy los contratos y, si intervienen los amigos, mejor”. Y agregar: “A qué tanto barullo por un contrato de apenas cuatro millones de dólares, si tampoco licitamos los del Plan Integral de Seguridad, que se llevaron 50 millones de dólares”. La conclusión sería, entonces, que el BPN es un banco privado, como el Chase Manhattan o la banca Morgan. Eso, aunque no lo parezca, porque cuando las autoridades dicen que es “nuestro banco” nos dan a entender que nosotros, los neuquinos, somos los dueños. Se entiende lo mismo porque el 90% de las acciones del capital social son del Estado, según el artículo diez de la ley 2.351. O sea que, si como se suele decir el Estado somos todos, entonces todos los neuquinos somos los dueños de esas acciones. La ley dice también, en el artículo 12, que el BPN es el agente financiero del Estado. Razón por la cual todos los organismos del Estado deben hacer sus depósitos en el BPN (ley 2.141, artículo 60). Hay más. Es impensable que el Estado designe una comisión para controlar la gestión de un banco privado. Sin embargo así es en el caso del BPN, como también que esa comisión debe presentar un informe trimestral a la Legislatura, la que igualmente debe recibir el balance anual del banco, todo ello de acuerdo a otras previsiones de la ley 2.351, incluidas en el texto a iniciativa del entonces diputado justicialista Aldo Duzdevich, asesorado a tal fin por el actual diputado, también justicialista, Ariel Kogan. Pero tampoco tenía mucho sentido convertir el banco en una sociedad anónima fuera del control del Estado si se creaba una comisión que lo controlara y presentara informes a la Legislatura. Naturalmente, eso iría en perjuicio de la “eficiencia” en el manejo de las operaciones en general y compras y contratos en particular. Esa “amenaza” fue conjurada con sabiduría emepenista: la comisión, a pesar de reiterados pedidos del bloque justicialista, nunca fue creada. De ahí a que el BPN no tenga control alguno hay una gran distancia. Lo controla el MPN.