En medio de la pulseada con Cortés, el Concejo de Bariloche reglamentó el referéndum

El Concejo Municipal aprobó por mayoría y con el rechazo del bloque oficialista una ordenanza que regula la convocatoria a referéndum popular, mientras continúa irresuelta la disputa por el referéndum de diez preguntas que convocó el intendente Walter Cortés para noviembre próximo y cuya legalidad está bajo la lupa del Superior Tribunal de Justicia.

La reglamentación llega tarde, pero de haber estado estado vigente en julio pasado, cuando el intendente firmó las resoluciones de convocatoria, hubiera colisionado con el texto sancionado en la sesión de ayer.

El proyecto fue impulsado por Laura Totonelli (JSRN), quien lo presentó en junio, pero el tratamiento en comisiones demoró su aprobación hasta ayer. En el camino recibió varias modificaciones y el texto final establece que el llamado a referéndum no se puede realizar por simple resolución del Ejecutivo, como lo hizo Cortés, sino que demanda una ordenanza aprobada por mayoría de dos tercios.

Hasta ahora la figura del referéndum solo estaba contemplada en su Carta Orgánica, que lo habilitó en su articulo 163, y define que son convocatorias a la ciudadanía de votación obligatoria y de resultado vinculante. Pero en 20 años nunca fue reglamentado.

Los concejales aseguraron que de ese texto se desprende ya que el intendente no puede realizar una convocatoria por pero ahora quedó más claro.

La ordenanza que terminó aprobada con los votos de JSRN, Incluyendo Bariloche, Nos Une y Juntos por el Cambio establece además que solo puede formularse una pregunta por referéndum, y no abordar una multiplicidad de temas, como lo hizo Cortés.

Totonelli explicó que las reglas ahora convertidas en ordenanza contradicen el procedimiento seguido por Cortés. La postura de los concejales profundiza el “conflicto de poderes”, que ya señalaron como motivación central de la acción que varios de ellos impulsaron ante el STJ y que ya cuenta con un dictamen del procurador Jorge Crespo a favor de encuadrarlo bajo esa figura.

Durante el debate, Totonelli dijo que si bien el referéndum está previsto en la Carta Orgánica Bariloche arrastraba un “vacío llamativo” en materia de regulación. Dijo que hacía falta justamente establecer “un marco legal transparente, robusto y efectivo para la participación de los vecinos en la toma de decisiones”.

Dijo que su proyecto, finalmente aprobado, apunta a construir “una cultura ciudadana basada en la transparencia y la responsabilidad”.

Otras opiniones

El concejal Facundo Villalba (Primero Río Negro) dijo que coincidía en lo general pero consideró que no es el momento de legislar sobre el referéndum, cuando “hay un embate del poder Ejecutivo sobre otro poder del Estado y esa acción está judicializada”.

En cambio Leandro Costa Brutten (Incluyendo), por una razón parecida, enfatizó su apoyo. Dijo que Cortés utiliza el referéndum “en forma equivocada”, y que “invade jurisdicción” del Concejo. Señaló que aprobar la ordenanza era “darle una cuota de coherencia a este momento”.

Su par de bloque Julieta Wallace subrayó el cambio realizado al texto durante el análisis en comisión para que quede claro que en ningún caso se puede convocar a referéndum por simple resolución.

Un tema cada vez

Totonelli dijo que también quedó vedado consultar por varios temas en una sola convocatoria, como hizo Cortés en este caso. Y aunque las preguntas que formuló son diez consideró que “en realidad los temas son 11”, porque la referida al Soyem se puede desdoblar en dos sobre cuestiones bien distintas. La boleta interrogará, si es aprobada, “¿está usted de acuerdo con dejar de pagar el sueldo a los dirigentes del Soyem y adecuar el régimen de licencias conforme a la ley provincial?”.

La concejal dijo además que la ordenanza fija pautas claras para las campañas de difusión que el municipio está obligdo a hacer antes de la elección, cuyo contenido debe ser “neutral”, y no como ahora, cuando el Ejecutivo “llama abiertamente a votar por el sí”. También establece que no habrá fondos públicos para los partidos u organizaciones sectoriales que llamen a votar a favor o en contra.

Otra precisión de la ordenanza es el 35% de piso en la participación de votantes habilitados que exige para que el resultado del referéndum sea de aplicación obligatoria.

Los únicos temas que quedan excluidos de cualquier consulta directa a la ciudadanía son los previstos por la Constitución Nacional, la provincial o la Carta Orgánica, es decir los derechos ya consolidados.

A la hora de votar la ordenanza se pronunciaron en contra los concejales del partido PUL Gerardo del Río, Tomás Hercigonja y María Coronado, pero ninguno expuso argumentos durante la sesión.