Jefes municipales piden que Martini revoque la suspensión

INSPECCIÓN GENERAL

Los suspendidos jefes de Inspección General, Jorge Layana, y de Habilitaciones, David Betancourt, presentaron este miércoles un contundente pedido de revocatoria contra la resolución de la intendenta María Eugenia Martini que los alejó del cargo en forma preventiva advirtiendo que la medida es “ambigua”, “carente de sustento”, “ilegítima” y representa una “sanción anticipada”.

El escrito, al que tuvo acceso “DeBariloche”, ataca tanto los aspectos formales como la fundamentación de la medida adoptada la semana pasada por Martini y pide celeridad en la iniciación del sumario para deslindar responsabilidades sobre las supuestas “irregularidades gruesas” que sustentaron la suspensión de los dos empleados de planta.

El recurso advierte que las supuestas faltas que motivaron el apartamiento de Layana y Betancourt son materia para la sustanciación de un sumario a través de la Junta de Calificación y Disciplina, que garantice el derecho a defensa de los señalados. Y que el carácter preventivo del apartamiento carece de sentido ya que la auditoria fue realizada con anterioridad a la medida.

La presentación advierte que Layana fue suspendido en sus funciones mientras estaba en uso de licencia por vacaciones, que se extenderán hasta el 31 de diciembre, y que “ninguno de los dos agentes suspendidos podía dificultar la investigación que según la propia resolución (3620) ya está realizada”. Por lo mismo califica la medida de “innecesaria, ilegal e improcedente”.

El pedido de revocatoria también reclama vista de los expedientes de habilitaciones comerciales sujetos a investigación ya que los dos jerárquicos suspendidos desconocen los pormenores de la acusación en su contra porque la documentación se encuentra “en resguardo” de la Secretaría de Hacienda.

Cuando el Ejecutivo difundió la intervención de las direcciones de Inspección General y Habilitaciones señaló la existencia de un centenar de expedientes auditados con gruesas irregularidades, tales como habilitaciones mal otorgadas.

Aunque extraoficialmente este portal pudo saber que los casos bajo investigación no superan los 60 y que solo diez corresponden a habilitaciones comerciales. Incluso una de las habilitaciones objetadas por falta de planos, que figura en el listado sería la del cabaret New Woman, que fue otorgada en 2002, cuando los responsables del área eran otros.

La decisión de dar a difusión la investigación antes de que se sustancie el sumario fue criticada por el gremio Soyem quien consideró que “se dio un paso en falso al sacar a la luz las denuncias de irregularidades, no se puede decir el nombre ni acusar a nadie públicamente antes de saber si es culpable porque se ensucia a todo el personal municipal”.

El representante legal de los afectados destacó en el pedido de revocatoria que “es claro en la Resolución que la injusta toma de partido que la administración ha realizado, le ha acarreado la tentación de aplicar una sanción anticipada, porque no tiene otro sentido la ilegítima suspensión preventiva anticipada” y reclama “eliminar el claro adelantamiento de opinión” comedido con la suspensión.

DeBariloche