Goye: “Con diez policías dentro de Changomas no podías parar nada”
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- Al exintendente Omar Goye hay muchas cosas que no le cierran. Un año después de los saqueos –con una revocatoria popular de por medio– ya no está al frente del municipio, pero sigue convencido de que fue víctima de una conspiración urdida desde el gobierno provincial. Lamentó que la Justicia no haya avanzado todavía con “la investigación que merece toda la comunidad” para determinar las autorías materiales y también “las intelectuales” de los hechos de vandalismo. Dijo que a pesar de su rol institucional y político todavía no fue llamado como testigo y que su denuncia penal por amenazas fue desestimada. Refirió que en la causa “hay escuchas” según las cuales el ministro de Desarrollo Social de Río Negro, Ernesto Paillalef, “vino a plantearle a este grupo” (por la Cooperativa Primero de Mayo) que había que “agitar” y sacar al intendente del gobierno. Goye dijo también que le parece muy sugestiva la comparación entre la situación vivida por Bariloche en diciembre del 2012 y la que se dio en los últimos días, con saqueos y violencia en distintos puntos del país. Recordó que Bariloche fue señalado hace un año como “el foco ígneo que se contagió después en diversas partes del país” y le llamaron la atención las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández, cuando dijo hace pocos días que “no creía en el efecto contagio y que (en los saqueos) hay preparación de grupos políticos”. Es decir que “aquello era contagio y esto no”. Agregó que también existe un contraste llamativo entre “el esfuerzo que se ha puesto ahora para tener fuerzas de seguridad y prevenir cualquier brote”, cuando el 20 de diciembre pasado quedó demostrado que “con diez efectivos dentro del Changomas no había chance de parar nada”. Dijo que en esos momentos recriminó con dureza al gobernador Weretilneck porque los refuerzos policiales no estaban a pesar de que “en los días previos había informado al ministro de Gobierno (Luis di Giacomo) sobre la posibilidad de que esto pasara”. Con un tono más cercano al reparto de culpas que a la autocrítica, Goye dijo que una de las conclusiones de “aquel día luctuoso” es que “la clase política no está a la altura de las circunstancias y no da respuestas a la gente”, cuyos ingresos “no le alcanzan para vivir”. Dijo que los rumores previos de malestar y de eventuales saqueos registrados hace un año fueron los mismos que se sucedieron en los últimos días. Por eso había mantenido distintas reuniones con supermercadistas, en la búsqueda de asegurar una ayuda especial para las Fiestas. “Se me achacó que hice una declaración que fue de mal manejo político, pero la política transita por un carril y la realidad de la gente transita por otro”, alegó en su defensa. Aseguró que con la Cooperativa Primero de Mayo, a la que pertenecían los cinco procesados, tenía “la relación institucional que debe tener un municipio que tiene a cargo esa cooperativa, entre otras ocho, en el plan Argentina Trabaja”. Recordó que realizaban distintas obras y cobraban 1.200 pesos por mes, una suma con la que “poco se puede hacer para llevar adelante una familia”. Dijo que las magras finanzas del municipio en ese momento “contrastan con la actualidad” y se adjudicó el mérito de la nueva ordenanza fiscal y tarifaria que fue aprobada ese mismo 20 de diciembre y que significó “un bálsamo para las cuentas oficiales”. Responsabilizó sin embargo al actual gobierno municipal de “no haber ayudado en demasía a cambiar la matriz productiva” de la ciudad, ya que “el turismo no crece, la construcción está retraída” y a pesar de los anuncios no hubo avances con el polo productivo. (Daniel Marzal)
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- Al exintendente Omar Goye hay muchas cosas que no le cierran. Un año después de los saqueos –con una revocatoria popular de por medio– ya no está al frente del municipio, pero sigue convencido de que fue víctima de una conspiración urdida desde el gobierno provincial. Lamentó que la Justicia no haya avanzado todavía con “la investigación que merece toda la comunidad” para determinar las autorías materiales y también “las intelectuales” de los hechos de vandalismo. Dijo que a pesar de su rol institucional y político todavía no fue llamado como testigo y que su denuncia penal por amenazas fue desestimada. Refirió que en la causa “hay escuchas” según las cuales el ministro de Desarrollo Social de Río Negro, Ernesto Paillalef, “vino a plantearle a este grupo” (por la Cooperativa Primero de Mayo) que había que “agitar” y sacar al intendente del gobierno. Goye dijo también que le parece muy sugestiva la comparación entre la situación vivida por Bariloche en diciembre del 2012 y la que se dio en los últimos días, con saqueos y violencia en distintos puntos del país. Recordó que Bariloche fue señalado hace un año como “el foco ígneo que se contagió después en diversas partes del país” y le llamaron la atención las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández, cuando dijo hace pocos días que “no creía en el efecto contagio y que (en los saqueos) hay preparación de grupos políticos”. Es decir que “aquello era contagio y esto no”. Agregó que también existe un contraste llamativo entre “el esfuerzo que se ha puesto ahora para tener fuerzas de seguridad y prevenir cualquier brote”, cuando el 20 de diciembre pasado quedó demostrado que “con diez efectivos dentro del Changomas no había chance de parar nada”. Dijo que en esos momentos recriminó con dureza al gobernador Weretilneck porque los refuerzos policiales no estaban a pesar de que “en los días previos había informado al ministro de Gobierno (Luis di Giacomo) sobre la posibilidad de que esto pasara”. Con un tono más cercano al reparto de culpas que a la autocrítica, Goye dijo que una de las conclusiones de “aquel día luctuoso” es que “la clase política no está a la altura de las circunstancias y no da respuestas a la gente”, cuyos ingresos “no le alcanzan para vivir”. Dijo que los rumores previos de malestar y de eventuales saqueos registrados hace un año fueron los mismos que se sucedieron en los últimos días. Por eso había mantenido distintas reuniones con supermercadistas, en la búsqueda de asegurar una ayuda especial para las Fiestas. “Se me achacó que hice una declaración que fue de mal manejo político, pero la política transita por un carril y la realidad de la gente transita por otro”, alegó en su defensa. Aseguró que con la Cooperativa Primero de Mayo, a la que pertenecían los cinco procesados, tenía “la relación institucional que debe tener un municipio que tiene a cargo esa cooperativa, entre otras ocho, en el plan Argentina Trabaja”. Recordó que realizaban distintas obras y cobraban 1.200 pesos por mes, una suma con la que “poco se puede hacer para llevar adelante una familia”. Dijo que las magras finanzas del municipio en ese momento “contrastan con la actualidad” y se adjudicó el mérito de la nueva ordenanza fiscal y tarifaria que fue aprobada ese mismo 20 de diciembre y que significó “un bálsamo para las cuentas oficiales”. Responsabilizó sin embargo al actual gobierno municipal de “no haber ayudado en demasía a cambiar la matriz productiva” de la ciudad, ya que “el turismo no crece, la construcción está retraída” y a pesar de los anuncios no hubo avances con el polo productivo. (Daniel Marzal)
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