La censura quiere regresar

Ciertos legisladores kirchneristas que son célebres por su amplitud de miras, personas como Diana Conti, Andrés Larroque y Carlos Heller, están impulsando un proyecto de ley que, esperan, serviría para que un sujeto que “por cualquier medio alentare o incitare a la persecución, el odio, la violencia o la discriminación contra una persona o grupo de personas” se vea condenado a penas de un mes a tres años de prisión. Como no pudo ser de otro modo, la iniciativa legislativa ha preocupado mucho a los comprometidos con la libertad de expresión que la ven como un intento, por fortuna tardío, de restaurar la censura y, desde luego, la autocensura, que el país tuvo que soportar cuando estaba bajo la férula de la dictadura militar más reciente y también, no lo olvidemos, en los años del “primer peronismo”. Parecería que lo que más quieren los diputados kirchneristas es disciplinar a los habituados a comentar escudándose en el anonimato, en diarios y revistas on-line, blogs y redes sociales donde suelen proliferar los insultos soeces y manifestaciones de odio racial, político y sexual. La idea es hacer directamente responsables de tales comentarios a los medios que los permiten, lo que, huelga decirlo, brindaría a un régimen autoritario un sinfín de pretextos para atacarlos. De tomarse al pie de la letra el texto del proyecto original, sería sancionable expresar odio por los asesinos del Estado Islámico que están perpetrando atrocidades en una docena de países del Oriente Medio y el norte de África, además de otras bandas afines, o de los nazis, comunistas –entre ellos Conti, que en una oportunidad se afirmó “estalinista”– y otros movimientos políticos genocidas. ¿También sería ilegal incitar a la persecución de militares acusados de violar los derechos humanos o pedir que las autoridades actuaran con mayor firmeza contra los delincuentes violentos? ¿Deberían ir a la cárcel aquellos que califican a sus adversarios de “gorilas” o “gusanos”, de tal modo deshumanizándolos? Sería de suponer que en todos los casos la respuesta es negativa, que habría ciertas personas o grupos de personas que uno podría odiar con impunidad. Convendría que los artífices del proyecto nos dijeran cuáles son, pero es poco probable que se arriesguen tanto. Aunque en diversas ocasiones la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos ha advertido contra el peligro planteado por pensamientos foráneos, como ya es rutinario en nuestro país el proyecto supuestamente antidiscriminatorio que está tramitándose en el Congreso tiene sus raíces en Estados Unidos. Lo mismo que el entusiasmo oficial por el llamado “matrimonio igualitario”, la ofensiva oficial contra toda forma de discriminación –una palabra que hasta hace poco tenía connotaciones positivas pero que, en la actualidad, se considera sinónimo de prejuicio inaceptable– se originó en los círculos académicos del “imperio” norteamericano. En las universidades estadounidenses, militantes izquierdistas están tratando de obligar a todos a respetar códigos verbales que son sumamente rígidos para que las víctimas de expresiones discriminatorias, por leves y ambiguas que fueran, como mujeres, negros y homosexuales, nunca tengan que oír comentarios que a su juicio son despectivos. Están aprovechando las posibilidades así provistas los islamistas: países como Arabia Saudita quieren que se internacionalicen leyes destinadas a prohibir la difusión de opiniones a su entender blasfemas que podrían molestar a los musulmanes más piadosos. Acostumbrados como están a castigar con ferocidad a quienes piensan distinto, tanto ellos como otros, comenzando con los funcionarios del régimen chino, están tratando de frenar la libertad que se ha visto posibilitada por el progreso constante de la informática. Para alarma de quienes preferirían mantener todo bajo control, el ciberespacio ha resultado ser una zona anárquica, sin fronteras nacionales o, gracias a las traducciones instantáneas, lingüísticas, en que opiniones “subversivas” puedan propagarse con rapidez desconcertante. Como decían en su momento los militares del Proceso cuando justificaban la censura, los hay que “abusan” de la libertad de expresión, pero, mal que les pese a los autoritarios, se trata del precio que es necesario pagar para que una sociedad permanezca libre.

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