Momentos fundacionales de la democracia

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MARTÍN LOZADA (*)

Fueron dos los hitos fundacionales a través de los cuales la democracia argentina tomó cuerpo tras la dictadura cívico-militar de 1976-1983. Ambos remiten a la recuperación del Estado de derecho luego de la experiencia oscura del terrorismo estatal. Se trataron de acontecimientos que tuvieron un común denominador, en tanto capaces de restablecer la validez de la ley y el respeto de los derechos individuales, postergados hasta entonces en razón de urgencias que, según los usurpadores del poder, hacían a razones de seguridad nacional. Aquellos resultaron ser el informe “Nunca Más”, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), y al Juicio a la Juntas. Uno y otro revelaron de modo imparcial y aleccionador los andamiajes mediante los cuales la secuencia secuestro-tortura-desaparición formó parte de una política de Estado en la Argentina. La Conadep abrió 7.380 legajos con denuncias de desaparición de personas y de torturas, contabilizó 8.960 personas desaparecidas, relevó la existencia de 340 centros clandestinos de detención y puso al descubierto los atroces métodos hasta entonces utilizados. La Comisión se integró con personalidades provenientes de diversos ámbitos sociales y profesionales, de marcada ecuanimidad y prestigio. La movilización colectiva que acompaño la presentación del informe “Nunca más” hizo de aquel un ritual de verdad y esclarecimiento. Ante todo, tal cual lo destaca el investigador Hugo Vezzetti, el informe implantó una significación global: esos crímenes formaban parte de un plan sistemático y comprometían al Estado. Y acaso lo más importante fue que esa reconstrucción gravitó en torno al destino de las personas desaparecidas. En el prólogo, a cargo del escritor Ernesto Sabato, se condenó explícitamente el terror como metodología política, cualquiera fuese su signo u orientación. De ese modo, la Comisión tomó partido por una lectura poco complaciente de la historia reciente de nuestro país. Allí se subrayó, puntualmente, que ningún ejercicio de memoria debía dejar de considerar el papel que le cupo a la izquierda insurreccional en la producción de violencia y caos institucional que proporcionó la mejor excusa a la irrupción de la dictadura. Aclaración que motivó a que en el 2006, por iniciativa del entonces gobierno de Néstor Kirchner, se reemplazara aquel prólogo por otro texto. El “Nunca más” también ofreció un retrato fundamental sobre los centros clandestinos, a punto de revelar la sistematicidad, el alcance y la regularidad de una metodología sangrienta. Puesto que si bien se conocía desde antes su existencia, lo cierto fue que la difusión del informe marcó el descubrimiento social de los centros de tortura y exterminio. El otro acontecimiento fundante fue el Juicio a las Juntas. El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir como presidente, Raúl Alfonsín sancionó el decreto 158 por el cual ordenó procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar desde el 24 de marzo de 1976 hasta la guerra de Malvinas. Debido a que la cantidad de delitos sobre los que existían constancias superaban los 10.000, el fiscal Julio Strassera tomó la decisión de abordar ciertos casos paradigmáticos. La fiscalía presentó entonces 709 casos, de los cuales el tribunal decidió examinar 280. Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó la audiencia pública en la sala de audiencias del Palacio de Justicia de la Nación. En ella declararon 833 personas, entre quienes contaron exdetenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y personal de las fuerzas de seguridad. Durante el juicio quedó en evidencia la existencia del aparato criminal estatal. Tan así es que tanto la clandestinidad de las detenciones como las torturas a los prisioneros y su posterior desaparición fueron reconocidas por muchos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. El general Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua. Por su parte, el general Viola fue condenado a 17 años de prisión y el brigadier Agosti a cuatro años y medio. Se trató, en suma, de hitos fundacionales que operaron como restablecedores de la ley para el conjunto de la sociedad. Nada poco, si se tiene en cuenta que el terrorismo de Estado significó un momento sin precedente en la historia argentina. (*) Catedrático Unesco. Profesor regular de la Universidad Nacional de Río Negro

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