La hora del arrepentido

A primera vista, es sorprendente que la Argentina aún no cuente con una “ley del arrepentido” para los casos de corrupción. De tomarse en serio sus declaraciones, virtualmente todos los dirigentes coinciden en que es urgente combatir el mal que tanto daño ha provocado al país, lo que, desde luego, requeriría la colaboración de personajes que se han visto involucrados en esquemas para desviar fondos públicos hacia los bolsillos de políticos o funcionarios pero que son reacios a hablar por entender que no les convendría. Sin embargo, por tratarse de una modalidad delictiva que por su naturaleza es propia de integrantes de la clase política, es comprensible que hasta los más honestos sean reacios a ayudar a los interesados en ver encarcelados a aquellos congéneres que han caído en la tentación de enriquecerse a costa de sus compatriotas. Para ellos no sólo es una cuestión de lealtad corporativa o del riesgo que correrían ciertos miembros del partido en que militan, sino también de la conciencia de que, por ser la Argentina un país en que la corrupción es endémica, una lucha auténtica contra el mal podría tener consecuencias indeseables.

El ejemplo brindado por Italia, el país de las Mani Pulite –“manos limpias”–, les sirve de advertencia: al destruir el sistema partidario existente, el proceso judicial impulsado por el fiscal Antonio Di Pietro en los años noventa del siglo pasado creó una situación que sabría aprovechar, para erigirse en el político más poderoso de todos, el empresario mediático Silvio Berlusconi que, andando el tiempo, se vería acusado de ser tan corrupto como quienes lo habían precedido en el gobierno, además de ser un playboy de gustos escandalosos. Asimismo, no cabe duda de que la crisis económica que está experimentando Brasil se ha visto agravada por las tribulaciones de la presidenta Dilma Rousseff, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y sus allegados más notorios. Pensándolo bien, hubiera sido mucho mejor para Brasil que la ofensiva en contra de la corrupción empezara cuando la economía disfrutaba de un boom, pero, huelga decirlo, en aquel entonces a pocos les preocupaban las versiones acerca de los beneficios ilegítimos que solían percibir políticos tanto oficialistas como opositores.

Con todo, a diferencia de Italia antes de la embestida protagonizada por Di Pietro, en la actualidad la Argentina se ve gobernada por integrantes de un partido relativamente nuevo que, según parece, no se sienten respetuosos de los “códigos” tradicionales. Tampoco parece probable que los problemas ocasionados por los intentos de investigar lo hecho por individuos vinculados con los sucesivos gobiernos kirchneristas tengan un impacto negativo en la economía; antes bien, podrían ayudar a atenuar los costos políticos de los ajustes. Por supuesto, las perspectivas serían otras si a raíz de la difusión de los Papeles de Panamá la mayoría se convenciera de que el presidente Mauricio Macri es tan corrupto como su antecesora, pero a pesar de los esfuerzos de los kirchneristas por hacer creer que haber figurado como director de una de los centenares de miles de empresas offshore que se dan en el mundo lo priva de toda autoridad moral, parecería que la mayoría entiende que no cometió infracción alguna.

Sea como fuere, la lucha contra la corrupción ya ha adquirido una dinámica propia tan fuerte que a esta altura sería muy difícil frenarla. Si bien parecería que, a comienzos de su gestión, Macri y sus asesores más influyentes querían demorar hasta nuevo aviso la puesta en marcha de una variante local de “manos limpias” por suponer que el país necesitaba romper con el pasado populista, tratándolo como una aberración pasajera, pronto cambiarían de opinión. Bien que mal, la presión pública los ha obligado a asumir una postura mucho más firme de lo que algunos hubieran preferido, de suerte que no tienen más alternativa que la de procurar liderar la campaña contra la corrupción que durante décadas ha obstaculizado el desarrollo del país y que, últimamente, alcanzó proporciones tan desmedidas que sería imposible seguir tratándola como si fuera una mera deformación cultural, de escasa importancia real, típica de países ajenos al puritanismo a menudo hipócrita de aquellos que suelen ocupar los lugares de privilegio en las listas confeccionados por entidades como Transparencia Internacional.